dom. Jun 16th, 2019

La Justicia inmoviliza más de 50 bienes de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Por la causa en la que el empresario K dejó de pagar el impuesto a la transferencia de combustibles de su empresa Oil Combustibles SA.

A meses del inicio del primer juicio por corrupción que enfrentarán, la Justicia ordenó la inmovilización para un posterior embargo e incautación de más de 50 bienes que en su mayoría pertenecen a Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa. También se le embargó una propiedad al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Los empresarios y dueños del Grupo Indalo se encuentran detenidos desde por haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones en complicidad con el ex titular de la AFIP, tal como determinó el juez Julián Ercolini. El 4 de junio comparecerán ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) que ordenó, tras un pedido del fiscal Juan García Elorrio, una medida cautelar sobre los bienes en busca del recupero de activos.

La AFIP que dirige Leandro Cuccioli -principal denunciante de Cristóbal López en esta causa-, espera con el transcurso y finalización del juicio oral y público el mayor recupero del dinero que no fue dirigido al ente recaudador cuando el empresario K dejó de pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con la firma Oil Combustibles SA (OCSA). A la fecha el fisco reclama más de $ 13.000 millones a López y a De Sousa.

Con el inicio del juicio a cargo del TOF 3 conformado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, el fiscal ante el Tribunal, Juan García Elorrio solicitó que más de 50 bienes de los tres acusados, sean embargos e incautados. Previo a esto, se dispuso la inmovilización de parte del patrimonio de López, De Sousa y Echegaray.

Esta medida ya había sido solicitada durante la instrucción de la causa, por parte del fiscal Gerardo Pollicita. La medida busca evitar el “deterioro material al que se expondrían los bienes por el paso del tiempo”, considerando que en caso de condena deberán hacer frente con dicho patrimonio “a la investigación por los graves hechos de corrupción cometidos”.

Bajo esta misma línea, y en medio de la discusión por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri para la extinción de dominio, el fiscal del juicio solicitó que se disponga el embargo e incautación de los primeros bienes de los tres procesados por defraudación agravada a través de la petrolera Oil Combustibles.

​En Capital Federal Cristóbal López tiene cuatro departamentos, uno de ellos ubicado en el complejo Madero Center. En Chubut, su tierra de origen, tiene la mayor cantidad de propiedades. Adquirió en Comodoro Rivadavia diez inmuebles, dos de los cuales se encuentran en el barrio Herradura Country Club.

Asimismo, se pidió el embargo de tres vehículos automotores. Entre ellos se encuentra un Mercedes Benz “transporte de carga”, y una casa rodante marca Dodge.

El fiscal García Elorrio también pidió el embargo de cuatro embarcaciones: Se trata de los barcos Matrícula 032191-REY, bautizado “Moet”, uno de los champagne más consumidos en Francia. El que lleva la Matrícula 032942-REY, tiene el nombre de “Cabernet”; mientras que el registrado bajo la Matrícula 029080-REY fue denominado “Malbec”.

A De Sousa se le pidió la afectación de tres propiedades ubicadas en la provincia de Chubut y un departamento en Capital Federal . También se inmovilizaron cuatro autos: una Ranger Polaris (2010), un BMW sedán 2 puertas (2011), BMW sedan 4 puertas (2013), un vehículo todoterreno BMW y un auto RAM pick-up de 2014.

Al ex titular de la AFIP se le embargó una propiedad en Buenos Aires que buscó poner como bien de familia pero la Cámara Federal porteña se lo negó porque fue posterior a su llamado a indagatoria en este causa.

La Justicia sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa.

Durante la instrucción se determinó que de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

Fuente: Clarín

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