vie. Ago 23rd, 2019

El Gobierno vinculó la decisión de la Corte con la búsqueda de impunidad

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Tras la decisión de la Corte Suprema de pedir el expediente de “Vialidad” en el que se iba a Juzgar a la ex presidenta Cristina Kirchner y demorar el inicio del juicio oral, el presidente Mauricio Macri y altos funcionarios del Gobierno salieron a cuestionar la decisión de los magistrados y buscaron asociarla a la “impunidad” en las investigaciones por corrupción.

“Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena, que eso sea reconocido y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, trabajo y no impunidad”, incluyó Macri la alusión implícita, sin mencionar el caso, en un discurso durante su paso por el Parque Ecoturístico Iberá, en Corrientes. La Corte aceptó revisar el cuerpo principal de la causa por las presuntas irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz, direccionada a Lázaro Báez. Era un reclamo de Cristina, Julio De Vido y otros imputados -presentaron al menos nueve recursos- por el rechazo al pedido de diversas medidas de prueba.

El análisis del expediente demorará el inicio de las audiencias, según fuentes judiciales hasta agosto o incluso fin de año, ya definida la disputa electoral. Para Carlos Rosenkrantz, el único que se abstuvo de votar, el máximo Tribunal no debía intervenir porque los planteos no implicaban sentencia definitiva. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Helena Highton votaron por pedir los cuerpos del juicio. 

“Creemos que la resolución genera mucha bronca en la sociedad, porque hay una demanda muy concreta de que se haga justicia y se dilucide quién es culpable y quién no, además de avanzar sobre la recuperación de los bienes robados por la corrupción”, había asegurado antes que el propio Macri el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Se debilita la credibilidad de todo el proceso judicial, no puede dilatarse un proceso eternamente”, agregó en La Red.

La decisión de la Corte este martes tomó por sorpresa al Gobierno. “No lo teníamos en el radar y tampoco sabemos cómo va a seguir”, sostenía el miércoles a la noche un funcionario del área. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que el juicio no se demore y arranque el martes de la semana que viene, como estaba previsto. Lo mismo hizo la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso. “Es un fallo muy inusual que obviamente tiene un condimento político muy grande”, también salió a sentar posición Germán Garavano, ministro de Justicia. “Que tomen una decisión así a una semana del juicio… pareciera que lo que quieren es que no se realice“, dijo a radio Mitre.

Como respuesta política, el Gobierno puso en análisis el envío de un proyecto al Senado para ampliar la Corte -a siete, nueve o más miembros-, aun cuando se descuenta que no se concretará en lo inmediato. “El solo hecho de presentarlo ya los intranquiliza”, evaluaron en la mesa judicial. Hace un tiempo hubo conversaciones con referentes del peronismo, dispuestos a negociar aunque en principio no para avanzar antes de que quede definida la disputa electoral.

La idea ya estaba dando vueltas en la Casa Rosada hace un tiempo, cuando se desató la interna en la Corte Suprema y la llamada mayoría “peronista” encadenó fallos que pusieron en alerta a Macri por su impacto económico: miembros de la mesa judicial del Gobierno sostenían la necesidad pendiente de impulsar una ampliación del máximo Tribunal, para licuar el poder Lorenzetti, Rosatti y Maqueda.

La resolución de la Corte coincidió con el regreso de Cristina al centro de la escena, primero con la presentación de su libro “Sinceramente” la semana pasada y el mismo martes con su paso por la sede del PJ. Con la demora del juicio Macri y los principales dirigentes del Gobierno se metieron en un terreno en el que prefieren moverse, por caso antes que en el debate por la economía. “Genera la impresión en mucha gente que la impunidad se puede consagrar, sobre todo teniendo en cuenta que el kirchnerismo manifiesta, como planteó Alberto Fernández, que la Justicia debe ser militante”, apuntó Peña al ex jefe de Gabinete kirchnerista.

Elisa Carrió también se dirigió al actual operador de Cristina y habló de un “pacto de impunidad”con Lorenzetti, uno de sus enemigos públicos. Desde el inicio de la gestión de Macri los funcionarios del área judicial insistieron en que Cristina no quedaría detenida al menos antes del 2020, por los tiempos de los procesos y la decisión del peronismo de no quitarle los fueros en el Senado, aunque durante esta campaña esperaban verla en el banquillo de los acusados. 

Después de conocerse la decisión de la Corte, Alberto Fernández lanzó una advertencia que sonó a amenaza contra los jueces que investigaron a la ex mandataria. En una entrevista que dio al Canal Net, señaló: “Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”.

Fuente: Clarín

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