jue. Dic 12th, 2019

Emergencia alimentaria: en diputados de la oposición presentaron un proyecto común en el Congreso

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición lograron este lunes unificar un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y ratificaron que para el jueves pedirán una sesión especial para discutir el tema. Mientras tanto, el Gobierno negocia contrareloj con los gobernadores.

Por ahora, no hubo convocatoria desde la presidencia de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto. Este martes se insistirá con el pedido de sesión. El bloque Justicialista que preside Pablo Kosiner tiene divisiones internas y por eso él y varios legisladores no acompañaron el proyecto. Y en Cambiemos aguardan una orden de Mauricio Macri para saber qué hacer.

El texto fue consensuado entre las principales bancadas de la oposición y se presentó este lunes por la tarde en la Cámara baja. Entre los puntos básicos está el pedido de prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esas partidas cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el índice del precios al consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica.

Los diputados que firmaron el proyecto fueron Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Victoria Donda, Carolina Moises, Felipe Solá, Alejandra Rodenas, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto, Daniel Arroyo, Carla Pitot, Juan José Bahillo, Ivana Bianchi y Jorge Franco.

“Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional”, sostiene el artículo 2° del proyecto de ley.

El artículo 3° agrega que “el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada “Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional” que apruebe el Congreso de la Nación”.

Para sostener en el artículo 4°: “Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

“Facúltese, a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia declarada en el artículo 1°, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación procentual del rubro “alimentos y bebidas no alchólicas” del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”, se afirma en el artículo 5°.

Y continúa: “Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales'”.

“La Sindicatura General de la Nación en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos conforme artículo 3° de la presente ley”, asegura.

En los fundamentos sostiene que “el presente proyecto parte de la convicción que comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina”.

Y agrega que “la situación de emergencia alimentaria y nutricional es una cuestión social concreta, medible y objetiva que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos nacionales, por organismos internacionales, y por Universidades y Centros de Estudios, vinculada al creciente aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional; de la pobreza y de la indigencia; de la desocupación, de la subocupación y del trabajo informal; del costo de los productos de la canasta básica de alimentos; de la pérdida del poder adquisitivo de salarios, asignaciones, jubilaciones y pensiones; entre otras variables sociales”.

“El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción”, aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la unidad de los bloques para presentar un solo proyecto.

Tras la presentación del proyecto, el legislador resaltó que “la oposición está unida y decidida a aprobar la Emergencia Alimentaria porque” entiende “que es una necesidad urgente”.

El consenso entre en los diputados opositores se logró tras una reunión que mantuvieron representantes de los distintos bloques con las organizaciones sociales la semana pasada en el Congreso, en coincidencia con una jornada nacional de protesta.

Ahora resta saber si podrán conseguir el quorum para poder llevar a cabo la sesión y, eventualmente, lograr la sanción en la Cámara baja. 

El Gobierno, en tanto, recibió a la cúpula de la CGT para abordar el tema y volvió a cuestionar a la oposición por hacer una utilización “política” de ese reclamo, aunque no aclaró cual será su posición en el Congreso.

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