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Domingo 11 de Marzo de 2018
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Sin autocrítica de los jueces y en medio de internas, la reforma judicial tambalea

Pese al duro diagnóstico de Lorenzetti, las comisiones no propusieron grandes cambios. Chicanas y suspicacias.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Con su estilo afable y equilibrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia volcó sobre los cientos de asistentes al acto de apertura del año judicial un interminable balde de agua helada: advirtió que "hay que prestar mucha atención a las demandas sociales y escuchar los reclamos del pueblo", llamó a "hacer una autocrítica" sobre el funcionamiento del poder judicial y clavó los ojos sobre sus oyentes para avisarles que "hay que tomar decisiones y cambiar". Inmediatamente después inauguró el trabajo de nueve comisiones que durante dos días discutirían esas grandes reformas. Pero el resultado está lejos de honrar aquellas palabras. Apenas un largo desahogo de cuestiones atribuibles a terceros y algunas sugerencias cosméticas que ni siquiera rozaron la más básica de las demandas: una simple ampliación del horario de atención al público. No faltaron, en cambio, malentendidos, tironeos y operaciones.

"Fue bastante desalentador. Entendemos que era difícil pulir grandes ideas en tan poco tiempo, pero como la convocatoria había sido previa creímos que al menos habría un espíritu autocrítico para pensar cómo mejorar. Eso no existió", se lamentaba esta semana un funcionario cercano a los ministros de la Corte. Las tibias propuestas que de antemano habían enviado algunas asociaciones de magistrados -a las que tuvo acceso este diario- alimentan esa conclusión.

Las comisiones no hablaron casi del subterráneo nivel de confianza de los argentinos en el Poder Judicial, ni de la falta de respuestas para combatir la epidemia de impunidad que asuela en casi todos los fueros, especialmente notoria en las causas por corrupción, los delitos complejos y la gestión de las condenas por crímenes, robos y violaciones. Tampoco profundizaron mucho en la autolimitación de la discrecionalidad de los jueces para manejar los tiempos de los expedientes, ni en eventuales sistemas de auditoría y control de su trabajo. Y respecto al reclamo de atender más horas al público y reducir las ferias judiciales que casi cierran los juzgados durante 45 días -una cuestión que Mauricio Macri puso sobre la mesa tras las elecciones de octubre- sólo hubo justificaciones para no tocar nada. De última, se pidió que si hay algún cambio se tengan en cuenta las costumbres y horarios de cada zona del país -algo razonable- y se pida presupuesto para pagarle más a todos los operadores, respetando sus diferencias jerárquicas. Más plata.

"Fue difícil salir de la queja y más aún plantear la necesidad de algunos cambios concretos. Esto habla también del nivel intelectual de nuestros jueces, que se tomaban personalmente las críticas al funcionamiento de los tribunales y reaccionaban con una defensa corporativa hasta en los temas más generales", contó a Clarín un camarista federal que participó de los encuentros.

Aunque aún no están listas las conclusiones de todas las comisiones -algunas organizaciones pidieron más tiempo para enviar sus sugerencias- es difícil que el Titanic logre esquivar el iceberg. La novedad devuelve la mirada hacia Lorenzetti, el titular de la Corte que jugó a fondo por una reforma profunda que se anticipe a los cambios que en voz cada vez más alta se sugieren desde afuera del poder judicial, concretamente en el ministerio de Justicia e instituciones como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hará el titular de la Corte para lograr reformas por las que la sociedad clama pero que debajo suyo son resistidas?

El cortesano abrió algún paraguas en el acto, cuando advirtió que si bien la Corte es "la cabeza del Poder Judicial, no tiene las manos ni las piernas" para avanzar con los cambios. En su cabeza, sin embargo, sí habría algunas ideas. Desde su entorno se pidió especial atención a las propuestas del juez Javier Leal de Ibarra, coordinador de una de las mesas y hombre cercano a Lorenzetti, que propuso dos cosas: la creación de una Oficina Anticorrupción del Poder Judicial y el regreso a la composición y reglamento del Poder de la Magistratura tal como había funcionado antes de que la motosierra kirchnerista avanzara sobre el organismo en 2006, con una reforma que ahora se declaró inconstitucional. Las dos cuestiones despiertan suspicacias.

Tal como informó Clarín, la redacción de la propuesta no es lo suficientemente clara para entender si se quiere hacer una nueva OA o captar la que hasta hoy dirige Laura Alonso en la órbita del Ejecutivo. "Resulta esencial asegurar una total independencia del organismo, la que sin dudas se ve empañada si la Oficina se encuentra encabezada por un funcionario directamente designado por el mismo poder administrador", argumenta la propuesta del prestigioso camarista Leal de Ibarra. Y remata diciendo que "a los fines de lograr el fortalecimiento institucional de ese organismo" -no de otro- "se propone la creación de una oficina anticorrupción que funcione en el mismo ámbito del Poder Judicial de la Nación". Un detalle: la Oficina Anticorrupción gestiona las declaraciones juradas de los funcionarios. ¿Haría lo mismo con las de los jueces, cuya presentación también se reclama a gritos?

La pelea por el Consejo de la Magistratura también es clave. "Una institución que se renueva cada cuatro años en forma total, empieza de nuevo cada cuatro años. Y una institución que tiene un diseño parlamentario para funciones ejecutivas, no puede funcionar bien", cuestionó el martes Lorenzetti, e indicó que "la administración del Poder Judicial tiene que ser muy rápida". En diálogo con Clarín, Leal de Ibarra recordó su tarea en el primer Consejo, que por mandato constitucional se creó recién en 1998. "No puede haber dos administradores. Todos los jueces padecemos las demoras que eso implica, sobre todo los del interior. Por eso creo que hay que volver ya mismo a la composición de aquella primera Magistratura". Otro detalle: en aquellos tiempos, el Consejo lo presidía el titular de la Corte Suprema. Que hoy es Lorenzetti.

"Nosotros nos oponemos a eso, y tuvimos que ser muy enérgicos cuando se leían las conclusiones para que esa disidencia quedara reflejada", explica a Clarín Guillermo Lipera, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad cuya demanda en tribunales terminó con la declaración de inconstitucionalidad de la reforma K, que otorgaba poder de veto y control de las comisiones a los representantes del oficialismo político. "Esa ley era espantosa, pero no podemos volver atrás. Hay que discutir un proyecto nuevo, como el que presentamos junto al Colegio Público de Abogados porteño", insiste Lipera.

Desde el Gobierno, Macri y el ministro Garavano esperan la próxima jugada de Lorenzetti. Desde la Corte y los tribunales también.
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