5 marzo, 2021

Oyarbide le habría sugerido a Moyano que recuse a Bonadío

Dos jueces federales se disputan la potestad de investigar al poderoso sindicalista Hugo Moyano y los supuestos manejos irregulares en la obra social del gremio más fuerte del país. Oschoca, la entidad que administra la salud de los camioneros, está sospechada de cometer supuestas irregularidades en la confección de expedientes que la obra social de Camioneros presentó a la Administración de Programas Especiales (APE) para cobrar reintegros del Estado en una causa que instruye el magistrado Claudio Bonadío pero que ahora le reclamaría su par Norberto Oyarbide.
A puertas cerradas, en los despachos de los tribunales de Comodoro Py, el resentimiento hacia el juez Oyarbide crece entre sus colegas. Desde octubre pasado, algunos jueces federales ya le guardaban rencor por sentirse “rezagados” de las causas políticas –como reveló entonces PERFIL–, como la de enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, u otra causa por el mismo delito contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otras tantas que acumula “el juez del momento”.
“Se mete en los expedientes de los demás”, arremete ofuscado un magistrado, haciendo referencia, dice, “no sólo” a la reciente puja entre el juez que investiga la mafia de los medicamentos y Bonadío (ver página 9). El viernes, el juez federal en lo penal tributario Javier López Biscayart –a quien el oficialismo profesa una estima nula– debió pelearle la competencia a Oyarbide para poder seguir investigando el Caso Skanska, por el supuesto pago de coimas en el gasoducto Norte, otra causa sensible para el Gobierno.
“Por la causa”. Durante los últimos meses de 2009, Bonadío se cansó de reclamarle a Oyarbide que lo dejara acceder a la causa por la mafia de los medicamentos para cruzar datos que le sirvieran a la hora de investigar a Moyano. Pero sólo recibió negativas de su colega. Muy cerca de Bonadío, sospechan que la estrategia de Moyano de recusar al juez para apartarlo de la causa que investiga supuestas irregularidades no nació del sindicalista ni de su abogado defensor y ex juez, Daniel Llermanos. Creen, sin embargo, que habría sido “una sugerencia de Oyarbide” realizada directamente ante Moyano. Para el titular del Juzgado Federal Nº 5, habría sido una vía para que la causa recayera en su juzgado y adjuntarla así a la megacausa que instruye por la denominada mafia de los medicamentos. Para el secretario general de la CGT, sería una garantía. Aunque Bonadío “es un juez peronista y ortodoxo”, Moyano no confía en él y prefiere que la investigación quede en manos de Oyarbide, con mejor díalogo con la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Un amigo del juez Bonadío contó a este diario sobre la existencia de una supuesta reunión que ambos jueces mantuvieron hace dos semanas en el despacho de Oyarbide para definir qué harán con la causa de Moyano. Por ahora, Bonadío estará de vacaciones hasta el 7 de junio y su amigo asegura que volverá “con todo”.
En marzo y mayo, la cámaras Federal y de Casación fallaron en contra de Moyano y confirmaron a Bonadío al mando de la causa.
El argumento de la defensa del líder camionero se basó en que Bonadío habría cometido “prejuzgamiento” cuando tomó declaración indagatoria al empresario Néstor Lorenzo, imputado en la causa de la obra social camionera. Droguería San Javier, la principal empresa de Lorenzo, proveyó de medicamentos a la obra social de Moyano hasta 2004. La investigación de Oyarbide se centra en las actividades de San Javier desde 2005. Sin embargo, PERFIL ya reveló en diciembre que Droguería Urbana compró en 2006 medicamentos a la droguería Congreso Salud, también ligada a Lorenzo e investigada por varias denuncias.
Desde fines de 2006, Urbana se encarga de proveer a Camioneros de medicamentos de alta complejidad y alto costo, como los oncológicos. Bonadío recibió ese mismo año la denuncia contra Moyano, presentada por el polémico sindicalista Pata Medina. Pero la causa no se activó hasta fines de 2009, cuando la detención de Zanola fue ordenada por Oyarbide.

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