3 marzo, 2021

El kirchnerismo busca "per saltum" para evitar medidas cautelares

Para evitar la judicialialización de política, como ocurre con la ley de medios, el kirchnerismo del Senado busca una ley que impidiría que a través de medidas cautelares “ilegítimas” (según el texto de la norma) no resueltas por algunos jueces, se frustren políticas públicas dispuestas por el Congreso o el Poder Ejecutivo en ejercicio de las competencias asignadas constitucionalmente.
La iniciativa fue presentada por la profesora en Psicología y senadora nacional Nanci Maria Agustina Parrilli ( Neuqén-Frente para la Victoria, hermana del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli), quiere modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para la senadora nacional neuquina, los jueces deben privilegiar la aplicación de la norma constitucional por sobre la ley ordinaria, ante una contradicción entre la ley invocada por una de las partes y una norma constitucional invocada por la otra".
Con esta esta ley Parrilli quiere evitar el "activismo judicial a través de medidas cautelares que producen efectos, en el corto y mediano plazo, inseguridad jurídica a toda la población y a las autoridades de aplicación de las normas afectadas".
A medida de ejemplo la senadora kirchnerista cita la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a solicitud de dos diputados de la Nación: “Esta decisión ha producido un vacío legal, que ha provocado la necesidad de aplicar normas de la época de la dictadura que el Congreso ya derogó anteriormente”
El proyecto de Parrili, avalado por el bloque del Frente para la Victoria, propicia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pueda entender de modo inmediato en las causas en que exista gravedad institucional. Y así disipar la inseguridad jurídica que esos pronunciamientos judiciales producen, según consigna Urgente 24.
Se incluye en el concepto de gravedad institucional, de modo ejemplificativo, a la suspensión en todo o en parte, una ley dictada por el Congreso.
El recurso por salto de la instancia o per saltum, que se propicia, ha sido utilizado por primera vez por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Dromi (Fallos 313:630) vinculado con la privatización de Aerolíneas Argentinas.
También utilizó la Corte el per saltum en el caso Alonso (317:1690) al disponerse la libertad de personas relacionadas con el contrabando de estupefacientes.
En ambos casos, no existía ley que lo admitiera, por lo que se trató de una cuestión pretoriana de la Corte.

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