26 febrero, 2021

Las tres escuelas porteñas en peor estado

Muchas de las cajas de luz se encuentran abiertas y con los cables sueltos. Además, hay agujeros en el techo de más de dos metros desde donde se filtra agua al interior de las aulas. La directora tuvo que ceder su oficina como sala de música porque tuvo que inhabilitar varias salas.
Lo primero que llama la atención en la Escuela 28 de La Boca son las ventanas: a casi todas les faltan vidrios. Las maestras más imaginativas tapan los huecos con carteles o láminas del cuerpo humano. Los otros son cubiertos por madera, cartón o plástico. Los tres padres que ofician de guías a la visita de PERFIL señalan lo que no se ve a simple vista: la cámara séptica, a dónde van a parar los residuos de los baños, comparte la habitación con el depósito de agua potable, y también con varios tubos de electricidad húmedos.
El agua es un problema constante. Debido a las goteras en el comedor, que salpican los artefactos de luz, cuando llueve tienen que cortar la electricidad en varios sectores. Esos días, es muy difícil para los chicos tener clase de gimnasia porque el agua forma charcos en el patio cubierto, que tiene un agujero en la pared de alrededor de cuarenta centímetros de diámetro desde donde, según recuerdan los padres, se colaban ratas de los depósitos aledaños. “Vino el personal de infraestructura y lo tapó con un adoquín”, muestra Ramona Torres, mamá de un nene de primer grado y nueva tesorera de la cooperadora.
No es mucho lo que los padres organizados pueden hacer. Según la tesorera, la cooperadora no recauda más de 50 pesos por semana, y tiene 37 mil pesos de subsidios estatales inmobilizados en una cuenta bancaria debido a que la gestión anterior no rindió los números del año pasado. “Cuando el dinero de la cooperadora está retenido es condición sine qua non que se subsane el balance anterior”, explicó Max Gulmanelli, titular de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, dependiente del Ministerio de Educación. Aunque admitió: “Los fondos de la cooperadora son para arreglos menores, para los de envergadura mayor debe llamarse al ministerio”.
La calefacción es fundamental para una institución cuyos alumnos viven en su mayoría en la Villa 21. Aunque el establecimiento tiene gas, pocas estufas funcionan. “Son muy viejas y la mayoría están tapadas”, advierte Guillermo García, un docente de la institución que en las horas libres arregla las que puede. “Me sorprende porque en marzo se hizo una obra de reparación y los informes del arquitecto de distrito dicen que las estufas funcionan”, indicó Gulmanelli. Y prometió: “Para cuando comience el invierno, el 21 de junio, todas las escuelas de la Ciudad tendrán calefacción”.
En la número 10 de Lugano, que tiene apenas treinta años de antigüedad, los baños –sin puertas ni tablas en los inodoros– tienen un olor nauseabundo. Debido a una pérdida en los caños cloacales, hay una gotera constante que forma pequeñas estalactitas en el techo y charcos en el piso. Además, la sala de computación fue clausurada por las filtraciones que goteaban sobre los circuitos eléctricos e hicieron caer un bloque de yeso en un rincón del techo. “Supuestamente, la sala había sido impermeabilizada por la cooperadora el año pasado por un costo de 80 mil pesos”, reveló Cristina Corvalán, que tiene hijos en el colegio desde hace diez años.
Las deficiencias edilicias no son patrimonio exclusivo del sur de la ciudad. En la escuela República de Guatemala del barrio de Caballito, la dirección deshabilitó la biblioteca y dos aulas por las goteras. Se trata en realidad de agujeros de dos a tres metros desde donde se pueden ver los ladrillos y la estructura interna del edificio. Como la escuela está al límite de su capacidad, la directora cedió su oficina como sala de música. “Esto viene desde hace tres años”, se indigna Claudia Montenegro, madre de una alumna. Gulmanelli informó que las obras ya comenzaron: “En 45 días no se debería llover más”, prometió.
Si bien muchos de los directivos y miembros de las cooperadoras les echan la culpa a gestiones anteriores, para la Defensoría del Pueblo porteña, la clave es la subejecución del presupuesto educativo por parte del Gobierno. “Entre el 2008 y el 2009 el 55% no se ejecutó y para el ejercicio en curso, se observa una tendencia a profundizar esta situación”, explicó Gustavo Lesbegueris, jefe de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

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