8 marzo, 2021

Matrimonio Gay, aborto y ahora ¿la eutnasia?

En el Congreso nacional, diputados y senadores de distintos colores políticos, han promovidos, en estos últimos años, proyectos de ley que reconocen el derecho de los pacientes a una muerte digna
Todos ellos durmieron en los cajones de las comisiones respectivas por la polémica que el tema siempre ha despertado y que al igual que el matrimonio gay (ya es ley) y el aborto, son objetado por la Iglesia Católica.
Una de ellas pertenece a Adriana Bortolozzi de Bogado (Frente para la Victoria-Formosa) y va directo al grano: "Derecho a la propia muerte" se llama su propuesta y en ella establece que "toda persona mayor de edad y consciente de que se encuentre en estado terminal, entendiéndose por éste un pronóstico de sobrevida de un mes, o padezca de una enfermedad grave, discapacitante e incurable, o haya sufrido un accidente que la coloque en esa situación, podrá oponerse a la aplicación de tratamientos extraordinarios, debiéndose proporcionar analgesia".
La senadora propone que los pacientes terminales tengan derecho a la "sedación terminal". "La sociedad progresista y tecnológica de hoy nos debe dar a los mortales la posibilidad, si la queremos, de afrontar la propia muerte de acuerdo con nuestra voluntad y las condiciones de dignidad que sean posibles. El muriente es una persona y tiene derechos", fundamentó.
Bortolozzi también presentó otra iniciativa en la que reconoce al paciente terminal la posibilidad de dejar un "testamento de vida", propuesta que también recogió la senadora MC, Silvia Giusti (Frente para la Victoria-Chubut).
Para Giusti, ese, pudiendo rechazar la asistencia médica, si así lo desea.
"Este instrumento, el testamento vital, ha sido legislado por diversos países, como los Estados Unidos, Canadá y Dinamarca. La evolución de la legislación mundial demuestra que es necesario que nuestra legislación tome la iniciativa de abordar un tema que ha sido tabú", sostuvo Giusti.
El mecanismo prevé que cualquier persona, mientras está en uso de sus facultades, puede dejar constancia por escrito de cómo desea ser tratada médicamente, adelantándose al supuesto de que una enfermedad la incapacite a expresar su voluntad oportunamente.
Por su parte, Bortolozzi establece en su iniciativa que aquel médico que no cumpla con ese testamento será acusado de mala praxis profesional.
Un proyecto similar presentó el diputado MC Luis Galvalisi (Pro-Capital). En su borrador, también le reconoce al paciente con una enfermedad terminal el derecho a expresar, por medio de una declaración unilateral de voluntad, su negativa a que le apliquen determinados tratamientos médicos.
Ninguno avanzó y durmieron en un cajon de las Comisiones de Salud de ambas cámaras legislativas.
Ahora, el senador kirchnerista César Gioja (Frente para la Victoria- San Juan) se propuso volver sobre el tema y presentó una iniciativa de ley que plantea la regulación de las muertes de los pacientes que sufren de enfermedades terminales.
La idea de Gioja es crear un registro en el ámbito del Registro Civil donde se anoten y los mayores de edad que estando en situación crítica irrecuperable, situación provocada por una enfermedad terminal, pide que no se lo mantenga con vida por medio de tratamientos médicos “que sean desproporcionados o extraordinarios, y que impliquen la prolongación en forma abusiva del proceso de muerte".
El proyecto también fija que la persona puede elegir un intermediario ante un médico o una institución sanitaria para decidir sobre el tema.
Cuando una persona tenga expectativa de vida mayor a siete meses, la persona designada por el enfermo terminal, puede decidir que no se le practiquen más asistencias que hidratación, alimentación y analgésicos para el dolor, quedando todo lo demás considerado como “invasivo”, por lo que el médico deberá cumplir con lo pactado ya que, de lo contrario, será considerado mala praxis.
Si bien el senador sanjuanino se preocupó en aclarar que no se pretende “de ningún modo que haya eutanasia”, y menos a propiciar “el suicidio”, la iniciativa que plantea el poder decidir sobre el final de la vida, ya generá polémica en el Parlamento.

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