24 febrero, 2021

Otro Fernández de Kirchner: el hombre acusado "de operar la justicia K"

El auditor general de la Nación, Francisco Javier Fernández, un hombre que no suele dar su palabra a los medios, habló este fin de semana en el programa ‘Animales Políticos’ de radio Rivadavia, y desde allí amenazó con demandar a Mauricio Macri por haberlo acusado de ser el “operador del kirchnerismo” que supuestamente presionó al camarista Eduardo Farah a confirmar el procesamiento del jefe de Gobierno porteño.
“No le veo sentido a lo que dijo (Macri)”, aseguró Fernández, quien anunció que luego de analizar con su abogado las declaraciones del líder del PRO “mandaré la carta documento correspondiente e iniciaré las acciones civiles pertinentes”.
En su primera aparición en los medios luego del fallo de la Cámara, Fernández explicó que mantiene una relación con Farah desde la infancia, pero negó haber sido presionado por el kirchnerismo para direccionar el voto del camarista a favor de confirmar el procesamiento del jefe de Gobierno en el caso por las escuchas ilegales.
“Que yo sepa, a los jueces los nombra el presidente de la Nación con acuerdo del Senado”, sostuvo el funcionario de la AGN en declaraciones radiales, que luego ironizó: “También el doctor (Guillermo) Montenegro, al que tiene como ministro, fue juez federal nombrado por este Gobierno. Capaz que también viene de ahí (la supuesta operación). Está orquestando… el presidente (sic) nombró a Montenegro para hacerle todo esto lío a Macri".
La semana pasada, luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento como miembro de una asociación ilícita, el jefe de Gobierno porteño denunció a Fernández como un hombre del ex presidente Néstor Kirchner.
Según la teoría macrista, Fernández habría instado al camarista a fallar en contra del jefe de Gobierno. “Farah era un hombre puesto por Javier Fernández, el operador estrella del kirchnerismo para este tipo de cosas”, dijo entonces el líder del PRO.
A Farah, quien antes había integrado un tribunal oral de Lomas de Zamora y fue juez federal en Mar del Plata, se le atribuyen vínculos con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y, justamente, con Francisco Javier Fernández, un antiguo compañero de estudios.
En respuesta a estos ataques, Fernández apeló a la ironía y aseguró tener “pruebas” de su relación con el camarista: “Tengo las fotos del colegio, las del viaje de egresados…”, ironizó.
“Yo soy auditor general de la Nación desde 2001, soy peronista y cumplo una función, nada más –respondió Fernández–. Fui compañero de Eduardo Farah. Ahora, ¿Eduardo Farah firmó solo o firmaron más camaristas? Porque (el tribunal) está integrado por tres”, argumentó.
Fernández anunció que de “lo que dijo Macri con respecto a mi persona me encargaré yo judicialmente”. “Es un problema del ingeniero Macri, yo no tengo por qué constestarle". "Me tiene sin cuidado lo que diga, pero le iniciaré acciones legales porque miente –insistió el auditor–. Lo hablaré con mi abogado. Después le mandaré lo que le tenga que mandar.”
Por último aclaró que no recibe “ninguna presión de nadie cuando firmo una actuación en la Auditoría”. “Si uno no está preparado para ejercer el cargo, no lo tiene que ejercer”, sentenció.
El fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó por unanimidad el procesamiento del titular del PRO llevó la firma de Farah, así como la de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. En aquel pronunciamiento, los magistrados responsabilizaron a Macri por el armado de “una estructura de inteligencia subterránea” vinculada con “su Policía Metropolitana”.
# El ‘CV’ ¿del operador K?
"De aceitados vínculos con jueces, fiscales y camaristas, el poderoso auditor general de la Nación es señalado como un operador del Gobierno en el Poder Judicial. Y aunque él lo niega, su nombre aparece asociado a casi todas las causas políticamente sensibles". Así lo describía el diario ‘La Nación’ en mayo de este año, en ocasión de otra causa:
"Odia que se lo identifique como un operador judicial K y que lo vinculen con la Secretaría de Inteligencia (SI). En privado, protesta porque jueces, fiscales, abogados, políticos y periodistas lo señalan como el enlace del Gobierno con la Justicia. El auditor general de la Nación Javier Fernández prefiere que lo presenten como un militante peronista, con excelentes vínculos en fueros clave del Poder Judicial y llegada directa a la mayoría de los senadores y ex senadores del país.
En rigor, todos los gobiernos tuvieron a sus Fernández. Los operadores judiciales son personas con capacidad de ser escuchados por camaristas, jueces y fiscales. Algunos actúan dentro de la ley y otros, no. Los allegados a Fernández lo señalan como alguien que sólo vincula a conocidos de la Justicia con conocidos del poder político con problemas judiciales. Otras fuentes aseguran que vive del tráfico de influencias y que utiliza métodos de todo tipo para conseguir las resoluciones judiciales que espera el Gobierno.
Es cuanto menos curioso, pero quienes se dicen amigos de Fernández lo ningunean, y quienes no lo quieren, lo describen como alguien muy poderoso. (…)
Dos fuentes consultadas, que piden no ser identificadas, aseguran que Fernández tuvo una intervención clave en el Senado para que el juez Norberto Oyarbide zafara del juicio político en 2001, el día que se desplomaron las Torres Gemelas. Explican así el inusual avance de la causa de las escuchas ilegales por la que Mauricio Macri fue indagado esta semana. Las mismas fuentes lo recuerdan como un férreo defensor del hoy destituido juez federal Federico Faggionato Márquez, que en plena campaña electoral imputó al entonces candidato y ahora diputado Francisco De Narváez.
Pese a lo que se dice de él, Fernández niega trabajar o haber trabajado alguna vez para la SI (ex SIDE), jura que no conoce personalmente a Néstor Kirchner y afirma que sólo vio a la Presidenta una vez, en el despacho de Aníbal Fernández, porque ella irrumpió en una reunión. En cambio, el auditor general con más antigüedad en el cargo admite llevarse muy bien con Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación mencionado en las principales causas por presuntos actos de corrupción kirchnerista.
El nombre de Javier Fernández aparece casi siempre cuando hay una causa políticamente sensible. En 2009, quedó salpicado en la investigación de la mafia de los medicamentos y el financiamiento de la campaña de Cristina Fernández por un mail que le envió un empresario y se conoció públicamente.
Para confirmar el poder que tiene, una fuente destaca que dos de los cinco preseleccionados para cubrir las vacantes del fuero federal en el concurso 140, que está siendo investigado porque varios candidatos habrían accedido previamente al examen, tienen vinculación con él. Son Luis Osvaldo Rodríguez, ex compañero de colegio, y Carlos Ferrari, contratado en el pasado en la Auditoría.
Lejos de sonrojarse, Fernández se jacta de haber dado trabajo a más de una decena de parientes de camaristas (como Martín Irurzun, Jorge Ballestero y Luis Márquez), jueces (como Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo) y legisladores (como Remo Constanzo). "Conmigo trabajan, pero ganan bien y pueden estudiar. Yo las cuido a las chicas cuando alguien me las encarga", asegura a quien lo cuestione. Evidencia de paso una particular visión sobre las mujeres.
(…). Y, aunque no es delito que hijas, hijastras y hermanos de funcionarios clave pasen por el gabinete de Fernández, esa confirmación parece dar crédito a quienes sugieren que el auditor general tiene llegada directa y posee más de una "deuda" para cobrar en muchísimos despachos tribunalicios.
"En estos más de 20 años conoció a mucha gente en diversas situaciones, por eso ahora puede pedirles favores a jueces y fiscales. En el fuero federal habla con todos los jueces excepto con Daniel Rafecas. A él lo pusieron en la Auditoría los senadores y ese es un cargo que no se le regala a cualquiera sino a alguien funcional", dice un ex camarista federal.
Nacido el 5 de marzo de 1966, Fernández suele repetir una frase que ayuda a entender su historia: "El que tiene padrino, se bautiza y, el que no, la mira pasar". Sus padrinos fueron dos, que supieron tener poder. El ex apoderado del PJ y ex diputado César Arias y el ex ministro de Justicia y de la Corte Suprema Rodolfo Barra le permitieron hacer carrera y construir relaciones desde que era un estudiante. Pero su condición de menemista no le impidió luego ser funcional al kirchnerismo ni, probablemente, a los futuros gobiernos peronistas.
"Militaba en La Paternal. Conoció a Arias en el Centro de Abogados de Buenos Aires que ´El Viejo´ presidía y al que él iba a dar una mano. Cuando ganó Menem en 1989 y lo designó secretario de Justicia, lo fue a ver para pedirle que lo nombrara oficial notificador -cuenta un amigo-. Dice que durante 10 días fue todas las tardes de 14 a 2 de la madrugada a esperarlo, hasta que un día Arias lo reconoció y le dijo: ¿Pibe, vos todavía estás acá? Pasá".
Fernández parecía dispuesto a todo para lograr lo que quería. No le fue mal. Arias le mandó a Barra su pedido de nombramiento y, desde entonces, siempre vivió de cargos públicos no electivos. De chico de los mandados de Arias en el Congreso pasó a secretario privado todoterreno de Barra en la época de la Justicia menemista, cuando se hicieron famosos los sobresueldos y la servilleta de jueces adictos que denunció Domingo Cavallo.
Cargos nunca le faltaron. Fue asesor de Barra en la Convencional Constituyente de Santa Fe, prosecretario letrado del ex ministro de la Corte Adolfo Vázquez, subgerente de Institucionales del Organismo Regulador de aeropuertos y, en 2001, un Senado jaqueado por la investigación de los sobornos a cambio de la reforma laboral lo nombró auditor general de la Auditoría General de la Nación, donde Arias tenía su mismo cargo.
Fernández tiene un sueldo mensual de 24.000 pesos, vive en un departamento en Villa Urquiza y maneja un Toyota Corola. Trabaja de lunes a jueves en la oficina y pasa el fin de semana con su hija, Jimena, que tiene 14 años y es ahijada de Arias. Desde que se divorció no sale de noche. Tampoco participa de actos partidarios. Es hincha de Boca, le gusta cocinar y hacer asados, y solía ser buen arquero. Fuma más de un atado de cigarrillos por día, toma remedios para la presión y no almuerza.
"Su hija es la razón de su vida", asegura el abogado Darío Richarte, amigo de Fernández y quien le hizo cambiar las playas de Mar de Ajó y San Bernando por las de Cariló. Richarte defiende al ex jefe del ente contralor de concesiones viales (Occovi) Claudio Uberti en el caso del "valijagate" y fue el número dos de la SIDE.
El presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, acusa a Fernández de obstaculizar todas las investigaciones que involucran a De Vido y al Gobierno, y Manuel Garrido, el ex fiscal de investigaciones administrativas, lo denunció por retacearle información. Como estrategia de defensa, Fernández presenta denuncias contra él mismo regularmente a raíz de lo que publican los medios, y fiscales y jueces cierran los casos por falta de precisiones. Además, le ganó un juicio a un ex secretario del ex ministro Raúl Granillo Ocampo, que lo señaló como quien pagaba los sobresueldos a jueces.
Nieto de asturianos, hijo de un fabricante de bolsos de Villa Maipú, San Martín, y de una ama de casa, Fernández, igual que sus dos hermanos mayores, ingresó en Tribunales cuando terminó el servicio militar gracias a un cura amigo de la familia. Su hermano Sergio es uno de los camaristas que habilitó al Gobierno a utilizar los fondos del Banco Central. Claudio renunció a la secretaría de la Cámara Contencioso en 1997, cuando la empresa Central Puerto denunció que un abogado le había pedido US$ 2.000.000 para resolver a su favor un expediente.
Fernández estudió en el Instituto de la Parroquia del Carmen y en el Colegio Sagrada Familia, donde fue compañero del camarista federal Eduardo Farah. "De chico era monaguillo y muy bueno. Sigue siendo muy católico, aunque ya no va a misa. Todas las noches reza el Angel de la Guarda", precisa un amigo de la infancia.
(…)
Fernández fue reelegido como auditor general a fines de 2008, con el voto de todos los senadores excepto María Eugenia Estenssoro y Sergio Cabancich. Tiene mandato hasta 2016, pero no hay duda de que su poder pasa más por sus aceitados vínculos en los tres poderes del Estado que por su cargo formal."

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