25 febrero, 2021

La Coalición Cívica denunció que la "embajada paralela" cobraba un 16%

De acuerdo a la denuncia, los legisladores del partido de Carrió hallaron nuevas irregularidades que involucran a la presidenta Cristina Kirchner en el presunto pago de coimas en la exportación de maquinaria agrícola a Venezuela y también por el pago los sobreprecios en la compra de fueloil que investiga el magistrado Julián Ercolini.
Los legisladores denunciaron de acuerdo a la actas de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) "se desprende la participación de los funcionarios de gobierno en las reuniones organizadas por dicha entidad en las cuales se condicionaba a los empresarios a pagar el 15% de comisiones" y que empresarios y la misma Jefe de Estado "participaban de dichas comitivas".
"Es evidente que el gobierno nacional aprueba y avala la intervención de la intermediaria Madero Trading (sospechada) y que la hizo partícipe de su comitiva”, continúa la denuncia. A su vez, la presentación precisa que “CAFMA actuó de facilitador entre el Ministerio de Planificación y los empresarios (…) La CAFMA no solo recibía un cupo determinado de exportación para sus socios, sino que además le cobraba el 1% del valor bruto de exportación a cada uno de los exportadores”.
De esta manera, la denuncia apunta que “los empresarios que exportaron en este contexto a Venezuela, en verdad terminaban condicionados a pagar el 16 % del valor de su exportación”
La presdentación señala además que “según la Cláusula V de los contratos de agencia celebrados por los empresarios con Madero Trading S.A., la comisión debía pagarse en el Banco de San Juan, cuya titularidad pertenece al Sr. Ezquenazi, precisamente el mismo titular del Banco Santa Cruz que le paga a Kirchner el 24% de intereses en dólares por sus plazos fijos”.
La Coalición Cívica solicitó al juez Ercolini que el titular del Banco Central entre mayo de 2003 y enero de 2010, Martín Redrado “ responda si tomó conocimiento de alguna de las tres irregularidades principales que se investigan en esta causa: 1) retornos del 15%, al 20%, 2) Diplomacia paralela por parte del Ministerio de Planificación y 3) Faltantes de millones de dólares de la cuenta del fideicomiso”.
La denuncia indica que “el fuel oil importado de Venezuela no es de calidad y pone en riesgo la seguridad para el medio ambiente, sino que asimismo se paga por el mismo un precio más alto que el producido en nuestro país”.
En cifras, los diputados estimaron que en 2007 hubo “un quebranto económico de 36.344.800 dólares según las cifras del INDEC” y que parte de ello se debe al pago de un "sobreprecio de 37 dólares por tonelada" al gobierno de Hugo Chávez

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