20 enero, 2021

Golpe a Clarín: el Gobierno le quitó la licencia a Fibertel

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, -que posee bajo su órbita la Secretaría de Comunicaciones, informó este jueves que “a partir de ahora” la empresa Cablevisión no podrá seguir brindado acceso a Internet utilizando la licencia de la “extinta” prestadora Fibertel.
De Vido avisó que Comunicaciones emitió hoy una resolución (que aún no fue publicada en el Boletín Oficial) revocando el permiso que Fibertel tenía desde 2003 para comercializar acceso a Internet de banda ancha. El funcionario planteó que “la empresa tiene 90 días para retirarse del mercado” y “deberá abstenerse de incorporar nuevos clientes y de modificar las condiciones de la prestación de los servicios que actualmente está prestando”.
Vale recordar que Fibertel fue incorporada al Grupo Clarín cuando este fusionó Cablevisión con Multicanal, que poseía la venta de accesos. Esta fusión fue impugnada por la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia y actualmente el conglomerado de medio se encuentra en gestiones judiciales para intentar convalidarla.
Durante una conferencia de prensa, De Vido consideró que la resolución oficial fue dictada dado que “Fibertel se disolvió cuando se quiso fusionar con Cablevisión. Esa empresa no existe más. Esa empresa viene incumpliendo la normativa desde el 15 de enero de 2009 y ahora se tiene que retirar”.
Respuesta de la empresa

Un vocero de Cablevisión SA explicó a FortunaWeb que la empresa “se enteró de la medida oficial a través de la televisión” y “aún no llegó ninguna cédula de notificación ni conoce la resolución”. La prestataria del servicio considera que “la medida es ilegal y arbitraria” y apelará por la vía judicial.
También informó que Fibertel posee 1 millón de clientes que “seguirán recibiendo el servicio contratado en las mismas condiciones tecnológicas y comerciales pactadas”.
Más tarde y como respuesta al anuncio de la Secretaría de Comunicaciones, Cablevisión (CV) emitió esta tarde un duro comunicado contra el Poder Ejecutivo. Señaló que trata de una ” medida ilegal y arbitraria, que no tiene antecedentes” y que “busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”.

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