6 marzo, 2021

Ciro James, Macri, Amoroso & Montenegro: Novedades

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). “Esta familia siempre investiga al entorno, entrando a la familia, cuando entraste y mas si salís; me lo contó el mismo Franco”, dijo Marie-France Peña Luque a la comisión investigadora de las escuchas telefónicas de Ciro James, integrada por legisladores porteños.
Maria France estuvo casada con Mariano Macri, y luego de la relación quedó un embrollo judicial que ocurre entre juzgados argentinos y brasileños –la familia vivió en su etapa final en San Pablo–, e incluye la tenencia de los 2 hijos, Paula y Giusse, muchos millones de dólares y el temor de ella por su seguridad.
Luego de su paso como testigo en la Comisión Investigadora, la ex esposa de Mariano Macri y ex cuñada de Mauricio, almorzó en un bar cercano a la Legislatura de la Ciudad y dialogó con la web porteña Noticias Urbanas.
“Desde que pasó lo de las escuchas en mi teléfono habitual, el que todo el mundo sabe que tengo, dejó de haber sonidos raros, pero en el resto de mis teléfonos y simultáneamente al día de hoy; hay interferencias, ruidos que no son los típicos del mal funcionamiento de la línea, me escucho a mi misma con eco”, reveló.
Y una sorpresa: una amiga la llamó por teléfono y comenzaron ruidos similares los de una oficina en lugar de la voz. “Esa llamada jamás me llegó a mi, ni siquiera me quedó registrada, son celulares que no están a mi nombre pero ellos ya saben que son míos”.
Los del PRO maltrataron a Marie France: “Los legisladores del macrismo me faltaron el respeto todo el tiempo, me agredieron”.
Peña Luque aclaró que su relación con Mauricio fue cordial hasta que éste “ayudó” a Mariano a decir que “no tenia una moneda”, aunque vive en un country muy caro en San Isidro.
Amoroso-Montenegro
Sin embargo, la novedad más impactante de la comisión investigadora ocurrió entre el legislador porteño Daniel Amoroso y el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.
2 datos de contexto:
> Amoroso es un ex macrista, hoy jefe de campaña de Francisco de Narváez para gobernador bonaerense 2011.
> Montenegro querría ser candidato a intendente municipal de San Isidro por la fuerza política de Francisco de Narváez.
Ahora, un despacho de la agencia Noticias Argentinas:
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — El presidente del bloque Unión Federal, Daniel Amoroso, afirmó hoy que está estudiando la posibilidad de pedir el "juicio político" del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, cuando tenga que presentar el dictamen final como miembro de la Comisión Investigadora que analiza el caso de las escuchas telefónicas en la Ciudad.
El ministro Montenegro se presentó el miércoles último ante los integrantes de la Comisión y en respuesta a loscuestionamientos de varios legisladores se refirió a los antecedentes que conocía del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge ‘Fino’ Palacios y a diferentes designaciones que se habían hecho en esa fuerza.
"Analizando detenidamente lo que dijo el ministro en la Comisión, vemos que aparecen contradicciones importantes. Estamos analizando la posibilidad de recomendar su juicio
político cuando presentemos el informe final, en diciembre", señaló Amoroso.
El diputado mencionó también el hecho de que Montenegro reconoció ante los legisladores que antes de nombrar a Palacios al frente de la Policía Metropolitana, conocía que el ex funcionario estaba involucrado en una causa ante el Juzgado Federal 4 por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, por la cual posteriormente fue procesado.
El próximo 15 de diciembre es el plazo límite para que cada legislador -en forma individual o grupal- emita o acompañe uno o más dictámenes que saldrán de la Comisión encargada de evaluar la responsabilidad política del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri en el escándalo por espionaje."
UCEP
Muchos afirman que en la Comisión Investigadora de los legisladores porteños nada funciona tal como lo esperaban los adversarios de Macri.
Pero Macri tiene otros problemas más perentorios.
Así los explicó Gustavo Ajzenman en el bisemanario Diario Perfil:
"La luna de miel de Mauricio Macri podría verse empañada debido a una causa penal en la que se investigan los maltratos a personas en situación de calle por parte de la disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
El jefe de Gobierno porteño deberá presentarse a declarar ante el juez Facundo Cubas a raíz de una denuncia realizada por la ex legisladora Liliana Parada a partir de una nota publicada por PERFIL el 16 de noviembre de 2008.
En la misma causa fue citado Juan Pablo Piccardo, quien era entonces ministro de Ambiente y Espacio Público y que actualmente se desempeña como presidente de Subterráneos de Buenos Aires. La ronda de indagatorias comenzará el próximo 30 de noviembre y fueron llamados en total 29 funcionarios.
Los primeros en presentarse serán Fabián Rodriguez Simón, ex coordinador (e ideólogo) de la UCEP, y Jorge Polini, ex director de general de Ordenamiento del Espacio Público. Piccardo y Macri serán los últimos en comparecer, el próximo 10 de diciembre.
Una vez que el jefe de Gobierno responda a las preguntas, el magistrado tendrá diez días hábiles para decidir si lo procesa, lo sobresee o dicta la falta de mérito, en cuyo caso la investigación continúa y es posible un nuevo llamado. "Para llegar a esta instancia el juez evalúa previamente una serie de elementos de prueba que podrían implicar una responsabilidad, pero eso no quiere decir que sea culpable ni mucho menos", explicó Ricardo Dios, miembro del Observatorio de Derechos Humanos, que aportó información a la causa.
"La responsabilidad política es evidente, pero de la jurídica no estamos tan seguros, porque eso implicaría un conocimiento directo del accionar de la Unidad", aclaró quien además se desempeña en la Defensoría porteña.
La UCEP fue creada por el decreto 1232/08 firmado por Macri, Piccardo y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, el 29 de octubre de 2009. La "fuerza" tenía el objetivo de "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes". Amparados en ese eufemismo, según consta en las múltiples denuncias acumuladas en la Defensoría, la UCEP se dedicaba a desalojar de forma violenta a quienes vivían en la calle.
Uno de los casos más resonantes fue el de Carla Baptista, una chica embarazada que denunció serias lesiones en su vientre. A pesar de que el jefe de Gobierno había asegurado que el organismo le daba "un buen servicio a los vecinos", la fuerza fue disuelta en noviembre de 2009, tras un año de su polémica creación.".

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