Contra la ley de gravedad

Todo para arriba. Estas tres palabras podrían ser la previsible síntesis del capítulo económico que la presidenta Cristina Kirchner incluirá pasado mañana en su mensaje ante la Asamblea Legislativa. Con dos omisiones importantes: la suba de la inflación, cuya mención expresa ha sido excluida de todos los discursos oficiales, y también su efecto sobre la pobreza, que, salvo para las inverosímiles estadísticas del Indec, no ha descendido desde 2007 pese al fuerte crecimiento del PBI a "tasas chinas".
La mayor expectativa inflacionaria, que se ubica ahora en un rango de 26-30% anual, no es sólo el punto más débil del modelo K o un desafío a la ley de gravedad. El propio Gobierno se ha encargado de impulsarla con una exagerada política fiscal y monetaria: el gasto público arrancó en enero con un alza de 37,5% interanual, mientras que el programa monetario del Banco Central prevé para todo 2011 una expansión cercana a 40%. Todo en nombre de forzar la demanda y la actividad económica en el año electoral, a costa de ubicar a la inflación en otro escalón más alto y buscar rédito político al atenuar transitoriamente sus efectos.
Para peor, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la inflación pasada, presente ni futura a la hora de negociar salarios, por más que Guillermo Moreno haya comenzado a aplicar fuertes multas a las consultoras privadas que sustituyen la función que debería cumplir el Indec. Al mismo tiempo que el Gobierno defiende los datos del organismo, actúa en sentido contrario. Si estuviera convencido de que la inflación del año pasado fue de 10,9% como surge de las estadísticas oficiales, resulta contradictorio que el Ministerio de Educación haya acordado una suba de 21% en el piso salarial de los docentes -aunque no tenga un solo maestro a cargo- y dejara vía libre a los reclamos sindicales para elevar las escalas entre 26 y 31%. La realidad indica que el nuevo sueldo inicial docente no está demasiado lejos de la verdadera línea de pobreza (2200 pesos mensuales para una familia tipo). Pero este mecanismo empuja hacia arriba el gasto y lo endosa a los gobernadores. Por lo general, la paritaria docente suele ser un caso testigo para el resto de los empleados estatales. Sólo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un aumento de 25% en la masa salarial del sector público significaría una erogación extra de 8500 millones de pesos en 2011, que en dos terceras partes debería cubrirse con más endeudamiento provincial o auxilio financiero de la Casa Rosada.
Paritarias complicadas
En el sector privado, a su vez, los empresarios presagian otro tipo de conflictos si toman forma algunas presiones sindicales para que las próximas paritarias incluyan una cláusula de reapertura durante el año para reajustar salarios. No por casualidad las entidades del Grupo de los 6 dejaron trascender su inquietud, pese a que en su última declaración pública se hayan cuidado de no mencionar ni la inflación ni las cláusulas gatillo. Probablemente, lo hayan hecho para no contrariar a la Presidenta después del fracaso de su convocatoria al Pacto Social, del que ya nadie quiere hablar. Por lo menos, hasta que no exista una política para contener la inflación, que tampoco nadie prevé antes del próximo año. Por lo pronto, y en un plano más inmediato, hay quienes se ilusionan con que el gobierno de CFK todavía se guarda un as en la manga: la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para mejorar los sueldos de bolsillo antes de las elecciones, sin endosarlos a los costos laborales de las empresas.
En este marco de mayor actividad, inflación incierta y conflictividad en ciernes, ni los empresarios, ni mucho menos los sindicalistas, quieren apurarse a cerrar paritarias, que en su mayoría vencen entre marzo y abril. Los gremialistas tienen fresco el recuerdo de 2010: quienes firmaron en marzo acordaron aumentos de 17% (maquinistas ferroviarios) a 22% (Luz y Fuerza), que hoy parecen modestos y posteriormente debieron ser reforzados. Con el correr de los meses, en cambio, una docena de gremios (encargados de edificios, comercio, portuarios, telefónicos, gastronómicos, alimentación, aceiteros, azucareros, panaderos, petroleros y curtidores, entre otros) logró mejoras dentro de una franja de 27,5 a 49%, aunque sobre bases salariales muy dispares.
Para curarse en salud, los reclamos sindicales en 2011 arrancan con un piso promedio de 30%, o sea casi 10 puntos porcentuales más alto que en marzo del año pasado. Pero para muchas empresas existe un problema adicional: deben incorporar a los salarios de convenio sumas "no remunerativas" acordadas a cuenta en 2010 y que en algunos casos representan alzas de hasta 40% en el costo laboral. En otros sectores, se pactaron para prevenir conflictos aumentos a cuenta de suma fija (1000 pesos mensuales, en el caso de bancarios y electricidad) o refuerzos tipo "puente" (de 800 pesos sólo para febrero, aprobados por seis de las ocho cámaras empresarias de la industria metalúrgica) mientras se ponen en marcha las negociaciones salariales. Otra concesión fue el acuerdo de Edenor con el sindicato de Luz y Fuerza para extender al personal de sus empresas contratistas las mismas condiciones laborales y salariales de su convenio colectivo de trabajo. A su vez, algunos gremios chicos esperan que los más grandes cierren acuerdos para formalizar sus reclamos.
Un caso aparte es el de las empresas de servicios públicos con tarifas fuertemente subsidiadas. En el transporte de pasajeros, los aumentos salariales para ferroviarios y colectivos del área metropolitana (y en parte para pilotos de Aerolíneas y Austral) terminan abultando la cuenta de subsidios estatales. En cambio, suelen trasladarse a las tarifas en los ómnibus de larga distancia, lo cual no ocurre con las empresas distribuidoras de electricidad, que deben absorberlos pese al congelamiento tarifario que lleva ya diez años y no tiene visos de modificarse antes de las elecciones.
Todas estas movidas empresariales y sindicales para cubrirse de la inflación, y que en no pocos casos la realimentan, dejan al margen a quienes no pueden defenderse de ella aun teniendo trabajo. Según el último informe de Sel Consultores, la incidencia de la pobreza alcanza al 25% de los trabajadores informales (un tercio de la fuerza laboral), a buena parte del servicio doméstico y a los denominados cuentapropistas sin capital propio, mientras que entre los trabajadores formales apenas llega al 5%. En las microempresas de hasta cinco empleados, dos de cada tres trabajan en negro y esa proporción se eleva a tres de cada cuatro en el segmento de menores ingresos. También revela que entre los trabajadores más precarizados no llega a 50% el universo que ha completado la escuela primaria y que 47% de los jóvenes de hasta 24 años cuenta con menos de 10 años de educación formal, todo lo cual complica sus perspectivas de mejora laboral.
Esta brecha entre la formalidad y la informalidad laboral, que separa a quienes se encuentran por encima y por debajo de la línea de pobreza, es un problema que no se resuelve sólo con que vayan para arriba los indicadores de actividad. Ni mucho menos si también lo hacen las tasas de inflación.
* ESPECIAL PARA DIARIO LA NACION