Inexplicable explicación
Continúan complicados los tiempos para el Gobierno. Jujuy y el doble estándar. Las dudas económicas. El caso del juez de la Corte.
En el así llamado “relato” del oficialismo una manera elegante de crear una realidad con base en una alta cuota de fantasía, lo bueno es producto de todo lo que hace el Gobierno y lo malo el resultado del accionar perverso y malvado de Clarín, La Nación, PERFIL y el resto del mundo. En la Babel de Olivos cuesta aceptar que, finalmente, la realidad irrumpe siempre con una fuerza imparable. Y cuanto más fantástico es el “relato”, mayor el contraste que depara la manifestación de la realidad.
He ahí Jujuy. La in-trusión y ocupación de terrenos privados y públicos es la consecuencia de la carencia habitacional que se extiende en el país. No hace falta hacer ningún esfuerzo para traer a la evocación la similitud de estos acontecimientos con los sucedidos en el Parque Indoamericano en diciembre. Sin embargo, desde la Casa Rosada no se han vertido hacia la administración del gobernador jujeño Walter Barrionuevo, hombre del Frente para la Victoria, ninguna de las duras críticas que se le dedicaron en aquellos momentos a Mauricio Macri. Esta es una muestra más del doble discurso del kirchnerismo. Lo mismo vale para la empresa Ledesma, a la que el Gobierno ha tratado con llamativa benevolencia. Cabe recordar que su dueño, Pedro Blaquier, ha declarado su apoyo a la Presidenta, a quien le supo dedicar un poema de su autoría (“Por eso soy cristinista/ y nada me hará cambiar,/ soy cristinista a rabiar/ y un convencido activista”, dice en su estrofa final).
Los hechos de Jujuy exponen, a su vez, la disparatada forma de cómo se manejan los fondos destinados a las viviendas sociales. Nadie ha podido explicar por qué esos fondos llegan con generosidad a la organización Tupac Amaru que lidera Milagro Sala y por qué no ocurre lo mismo con otras organizaciones sociales o con los municipios encargados de llevar adelante esos planes. En el caso particular de Libertador General San Martín, Ledesma había cedido terrenos para que se construyeran viviendas, construcción que debía estar a cargo de la municipalidad con fondos aportados desde la Nación y que nunca llegaron. Junto con la crónica de una situación desmadrada que se extiende por todo Jujuy (ahora todos piden tierras: desocupados, ocupados, policías y bomberos), el hecho refleja una de las grandes deudas del así llamado “modelo”. Durante los ocho años de gestión de los Kirchner, la economía creció a tasas notables. Una de las consecuencias positivas fue la creación de más empleo. Sin embargo, esos dos hechos virtuosos no alcanzaron para hacer disminuir en forma significativa los niveles de desigualdad de nuestra sociedad. Ello debería motivar no sólo un profundo análisis autocrítico del Gobierno aptitud que ha demostrado no tener, sino también un estudio serio de la oposición, que no ha presentado propuestas creíbles para enfrentar y solucionar este problema tan sensible y crucial. Si existiesen mejores niveles de convivencia política, éste debería ser uno de los grandes temas de debate en la campaña electoral por venir.
Junto con lo político, lo económico está en lo alto de las preocupaciones. La situación internacional genera incertidumbre en los sectores empresariales, gremiales y en varios miembros del Gobierno. Una eventual caída de los precios internacionales de los granos afectaría al principal motor que tiene hoy la economía argentina: la soja. Las arcas del Estado se verían severamente afectadas por esa eventualidad. Hay que recordar que se están pagando subsidios por un valor cercano a los $ 60 mil millones anuales. En algunas reuniones con el ministro Amado Boudou, varios hombres de negocios lo han escuchado reconocer la necesidad de ajustar tarifas y suprimir muchos de esos subsidios a partir del 10 de diciembre, si se cumplen los pronósticos de las encuestadoras serias que auguran la reelección de la Presidenta. En el sindicalismo se asiste, por su parte, a un interregno. Alejados de todo protagonismo electoral, en el entorno de Hugo Moyano no han dejado de solazarse con algunos de los traspiés electorales que sufrió el Gobierno. “¿Al final, quiénes son los piantavotos?”, se preguntaban con sarcasmo varios gremialistas que saben de la intención presidencial de limitar el poder del secretario general de la CGT.
A todo esto, la mayor parte de la oposición juega sus fichas a las elecciones internas, abiertas y obligatorias del próximo domingo. Descontado el triunfo de la Presidenta, el tema es quién será el segundo. Todo indica que la disyuntiva estará entre Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde. Cada uno de ellos aspira a captar el voto del otro en la elección de octubre. Es esta hipótesis del voto útil la que los ilusiona para disputarle el poder a Cristina. Para darle la razón a quienes así piensan, en el PRO es vox populi que Macri apoyará a quien salga segundo. Luego del rotundo triunfo que le aseguró la reelección como jefe de Gobierno porteño, Macri se transformó en un presidenciable y, en esta hora, en un gran elector. Lo de la oposición, en general, sigue siendo pobre.
Por si algo faltaba para agregarle asperezas al ámbito de la política, apareció el caso de los seis departamentos en los que se practicaba la prostitución y que son propiedad del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni. La Corte Suprema de Justicia es el único aporte institucional significativo que ha hecho el kirchnerismo en sus ocho años de gestión. El prestigio de esta Corte como garante de la institucionalidad es innegable. Zaffaroni ha sido parte de la construcción de ese prestigio, demostrando independencia del Gobierno en fallos que lo han contrariado. Uno de los más resonantes ha sido el de la confirmación de la cautelar que, tras una presentación de Clarín, suspendió la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios. Tan cierto como esto es que, en un país con otra seriedad institucional, un ciudadano que como Zaffaroni no pagaba sus impuestos, no podría haber sido nunca juez de la Corte. Del mismo modo, cabe decir que un hombre de Derecho de su trayectoria no puede desconocer la necesidad de aclarar rápidamente esta controversia que lo afecta. El magistrado ha denunciado una campaña de hostigamiento en su contra que debe ser repudiada. Ante ello, pretender ampararse en su prestigio para no explicar nada terminará dañando al juez e, indirectamente, a la Corte: algo que el país no merece.
* Especial para Perfil
