4 marzo, 2021

Caso SKANSKA: Un nuevo favor a la impunidad.

En el 2005, el gobierno de Néstor Kirchner decidió llevar a cabo la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur. Para realizar esas obras se constituyeron fideicomisos en los cuales las empresas TGN y TGS actuaron como fiduciantes, y Skanska, BTU S.A., Contrera Hnos. y Techint fueron las
empresas constructoras contratadas.
En un interesante trabajo el Centro de Investigación de Prevencion de la Criminalidad Económica (CIPCE), al que tuvimos acceso, se detalla que la empresa Skanska S.A fue investigada por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart y el fiscal Germán Bincaz, por evasión de impuestos (agravada por haber superado el monto de 1 millón de pesos) y por la formación de una asociación ilícita tributaria.
En este juicio se probó que la empresa emitió, entre julio y octubre del 2005, 118 facturas truchas a distintas empresas fantasma, por 17 millones de pesos, aproximadamente, sin que dichas empresas le hayan prestado ningún servicio que justificara tal pago.
En el contexto de esta causa, la empresa reconoció la evasión impositiva y pagó al Estado la suma de $13.000.000 en concepto de impuestos.
Como resultado de esta investigación se inició otra causa para investigar la posibilidad de que Skanska hubiera pagado sobornos (a través de esas empresas fantasma) para lograr ser contratada para la construcción de obras de infraestructura en el Gasoducto Norte, ubicado en Deán Funes, Córdoba.
En efecto, el proceso a través del cual se decidió contratar a Skanska para la construcción de dicha obra, presentó irregularidades que terminaron provocando un perjuicio económico al Estado.
Durante el proceso de selección de las empresas que serían contratadas, todas las compañías que se ofrecieron a prestar el servicio pretendían cobrar un precio muy superior al que se había planeado gastar para el proyecto (llegaron a pedir poco más del doble de lo que valían las prestaciones).
Luego de llamar tres veces a ofertar, y sin que las empresas interesadas bajaran los precios en forma significativa, el ENARGAS (Ente Nacional de Regulación del Gas, encargado de la fiscalización técnico-contable), autorizó la contratación de las empresas Skanska, BTU, y Contreras Hermanos, a pesar de que la empresa TGN (encargada de realizar el proceso de selección de los contratantes) había advertido sobre los sobreprecios que pedían todas las oferentes.
Las obras fueron pagadas con fondos de Nación Fideicomisos, cuyo gerente general era Néstor Ulloa.
Se sospecha que los sobreprecios se pagaron con estos fondos, cuyo gasto y manejo no es del todo transparente, pues la ley que los rige no tiene previsto un mecanismo de control adecuado.
A través de Claudio Corizzo (síndico de Skanska) la empresa reconoció que había pagado “comisiones indebidas” (un eufemismo usado para referirse a las coimas sobornos) en su participación de la ampliación del gasoducto de Deán Funes. Corizzo declaró que por lo menos dos ejecutivos responsables del proyecto (Héctor Obregón y Javier Azcárate) habían sido grabados mientras admitían que la facturación a empresas sin existencia real, habían tenido por objeto generar dinero para pagar sobornos (o “comisiones indebidas”, como los denominó la empresa). También fueron denunciados los gerentes Juan Carlos Bos, Sergio Zarega, Roberto Zareba y Eduardo Varni.
En febrero de 2006 se inició otra investigación por cohecho, a pedido del, por entonces, fiscal federal Carlos Stornelli, a raíz de una denuncia presentada por un Diputado Nacional contra el Ministro de Planificación, Julio De Vido, José F. López de la Secretaría de Obras Públicas y Fulvio Madaro del ENARGAS. El juez que tuvo a su cargo la causa fue Guillermo Montenegro.
Como resultado de las investigaciones iniciadas en sede judicial, los ex directivos de Skanska fueron despedidos. Pero algunos de ellos cobraron indemnizaciones por despido que, por su alto monto, hacen sospechar que entre la empresa y ciertos ex empleados existió un pacto de silencio para no develar ciertos datos importantes para el avance de la investigación, principalmente, los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos a cambio de favorecer a la empresa con un contrato que el Estado pagaría a un precio excesivo. La hipótesis del pacto de silencio se volvió tan fuerte en la causa federal, que la misma Sala II de la Cámara de Apelaciones mandó a investigar dichos hechos.
Ahora, la Justicia sobreseyó a ex funcionarios por el caso Skanska. La Cámara Federal sobreseyó al secretario de Energía Daniel Cameron y al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro. La causa comenzó en 2005 por un supuesto pago de sobreprecios para la ampliación de gasoductos. También revocaron a Néstor Ulloa.
En una extensa resolución de 80 carillas, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sobreseyó a Cameron y a Madaro. Los camaristas enumeraron en la resolución varios hechos de la investigación que llevó adelante Norberto Oyarbide.
Una de las conclusiones de la resolución es que el magistrado puso como "eje" del caso "la decisión política de realizar la ampliación de los gasoductos" antes del invierno de 2005, en el que fue su "principal error".
La resolución de la Cámara también resolvió revocar todos los procedimientos dictados por Oyarbide, incluido el del ex funcionario Néstor Ulloa.
La Causa Skanska comenzó a raíz de unas obras que hicieron Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte. El fideicomiso se hizo con aportes privados pero fue manejado por Nación, mientras que el control de la obra lo hizo el Enargas.
Oyarbide había procesado en diciembre a los funcionarios porque hubo cohecho. Es decir, que Skanska pagó mediante una maniobra de simulación comercial y que en las contrataciones realizadas por concursos privados se pagaron precios mayores a los presupuestados.
Esta no es la única causa del caso Skanska. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart tiene una causa por evasión impositiva.
Entre las empresas fantasmas utilizadas para canalizar los fondos que Skanska habría pagado por los sobornos figuran: Infiniti Group, Acquasa SA, ASM SA, Azuis SA, Berniers SA, Conaza SA, Coniseht SRL, Constructora La Nueva Argentina SA, Constructora Triple T SRL, Conumi SA, Daron Construcciones, Echo Argentina SA, Generart SA, Inargind, Cecchi y Gafforini, Metalúrgica Roldán, Nae de Larrsaro SRL, Obrytel SRL, Sol Construcciones SRL, Spital Hermanos SRL, Transportes Arcos Iris y Wikan Obras y Servicios.

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