5 marzo, 2021

El Congreso K: Crecimiento del 604% en el gasto del Legislativo

Las partidas para el gasto del Congreso aumentarán el año próximo más de 40%, según el proyecto de presupuesto enviado por la Casa Rosada. Esa suba, que aún debe ser aprobada, se dará en un contexto de falta de control de las erogaciones legislativas, que colocan a la Argentina en el penúltimo lugar en el ranking elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
La partida del Senado experimenta un salto importante, ya que de los $ 587 millones previstos para este año pasará a algo más de $ 892 millones. Uno de los mayores aumentos se producirá en el rubro viajes (30%), ya que pasará de $ 24 millones a $ 31 millones para los 72 senadores.
Para la Cámara de Diputados, el proyecto oficial fijó un aumento un poco menor al de la Cámara alta, de 38%. De $ 856 millones saltará a $ 1.185 millones. El incremento previsto para el Poder Legislativo es uno de los mayores de los últimos años. Para 2011 se había proyectado una suba del 16%, pero el presupuesto no fue aprobado por el Congreso. En 2010, el aumento fue del 7,1%, y en 2009, del 8,6%.
Lo polémico aquí no es sólo el incremento de las partidas, sino la falta de transparencia en la ejecución de los gastos legislativos. Justamente, ésta es una de las conclusiones de un informe que elaboró la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, integrada por organismos no gubernamentales de Chile, Perú, México, Colombia y la Argentina.
Ese informe, que se basó en la información disponible en las páginas web de los parlamentos de los citados países, coloca a la Argentina en el anteúltimo lugar en materia de difusión pública de los gastos legislativos. El último puesto fue para Colombia, mientras que Chile se llevó los laureles por ser el país más transparente.
Interesante estudio de Gabriel Salvia y Verónica Repond para el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
Como producto de la inflación y/o del aumento de la burocracia pública designada por criterios políticos, el gasto del Poder Legislativo Nacional (PLN) se habrá incrementado nominalmente 7 veces entre los años 2004 y 2012.
En el primer presupuesto de la Administración Pública Nacional elaborado por el ex presidente Néstor Kirchner (q.e.p.d), correspondiente al año 2004, el total asignado entonces al Poder Legislativo Nacional fue de $ 397,7 millones.
Para 2012, con Cristina Fernández en el gobierno, el mismo ítem alcanzará los $ 2.794,5 millones. De esta manera, durante las dos gestiones K, el presupuesto del Legislativo crecerá $ 2.396,7 millones, 604 % por encima de la primera asignación.
Si se tiene en cuenta el Presupuesto 2001, cuando estaba vigente la Ley de Convertibilidad, hacia 2012 el gasto del Congreso aumentará 265 millones de dólares, es decir un 68%. El gasto asignado en 2001 fue de 389 millones pesos/dólares y para el año próximo será de US$ 654,4 millones, tomando la cotización del dólar fijada por el Banco de la Nación Argentina el 2 de noviembre de 2011.
Luego de la devaluación monetaria de 2002 y el fin del régimen de Convertibilidad, el gasto del Poder Legislativo solamente creció 2% entre 2001 y 2004 e incluso su personal se redujo en ese período de 9.852 a 9.587 agentes. Pero, a partir de 2005 el presupuesto total del Poder Legislativo y la cantidad de empleados volvería a crecer sin parar hasta la fecha, siendo durante la etapa presidencial de CFK en la cual alcanzaría niveles sin precedentes. Solamente de 2010 a 2012, el gasto del PLN se incrementará en $ 1.377,4 millones y el personal sumará 793 nuevos agentes, aunque en toda la etapa kirchnerista el personal total pasó de 9.587 a 11.417 (19,1%).
De acuerdo a los datos disponibles, en 1993 el PLN tenía 11.505 empleados, en 1999 llegaron a 10.040 y en 2001 a 9.852. Salvo el opaco período radical entre 1984-1989, del cual no es posible hasta ahora acceder a información sobre el personal del PLN, el incremento que se producirá para el año 2012 es el mayor que se registra desde el retorno a la democracia. Precisamente en un ámbito históricamente criticado por su improductividad laboral y clientelismo político, es donde hay que aplicar una reforma administrativa meritocrática que termine con las arbitrariedades y los privilegios del personal legislativo.
Al respecto, la transparencia del Senado de la Nación permite obtener datos reveladores, al brindar la nómina de empleados y la dependencia en la cual están asignados, lo cual se oculta en Diputados por razones obvias. Como ejemplo del número de personal cuya necesidad es cuestionable, en la cámara alta están asignados 114 empleados
en la Intendencia del Palacio, 84 en la Intendencia del Edificio Alfredo Palacios, 80 en el Bloque de la Unión Cívica Radical, 58 en el Bloque Justicialista, 45 en Refacciones y Mantenimiento, 38 en la Dirección de Informática, 35 en la Guardería y Jardín Maternal, 34 en la Dirección de Taquígrafos, 30 con destino en trámite, 30 en el departamento de Electromecánica y Climatización, 29 en Expedición, 26 en la Dirección de la Relaciones Oficiales, 25 en el Museo Parlamentario, 23 en la Dirección de Prensa, 22 en la Dirección de Ceremonial y Protocolo, 17 en la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano, 17 en el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, 12 en el Departamento de Visitas Guiadas, 12 en la Orquesta Juvenil de Cámara, 10 en la Unidad de Enlace con el Parlamento del Mercosur y 102 en la Dirección de Automotores (para 72 senadores y el vicepresidente de la nación).
El debate presupuestario debería empezar por casa
Por la escasa información que brinda la mayoría de los legisladores nacionales sobre los recursos que disponen, es lógica la complicidad en no poner la lupa en el propio ámbito de su desempeño público. En cambio, en los inicios del siglo XX se producían arduos debates en ambas cámaras por el control del gasto del Congreso, siendo los socialistas y radicales los que acusaban a los conservadores por prácticas alejadas de la austeridad republicana. En cambio, desde 1984 la discusión del gasto del PLN fue casi inexistente.
Una de las escasas excepciones se registra al debatirse en la Cámara de Diputados en el año 1986 la ejecución del presupuesto nacional de 1985, en cuya oportunidad el legislador recientemente ingresado a la cámara baja por la provincia de Santa Fe, Alberto Natale, intervendría en el recinto planteando los siguientes interrogantes: “Quiero hacer una referencia al presupuesto del Congreso de la Nación, tema que nos toca de cerca de todos los legisladores, ya que no se trata de los gastos de la administración central sino de los de esta misma casa.
Me interesó conocer este presupuesto y, en particular, el de la Cámara de de Diputados…Me resultó interesante comprobar que el Congreso no aprueba su propio presupuesto, sino que al aprobar el presupuesto general de la administración nacional acepta implícitamente –por vía de esas benditas planillas anexas- la asignación de créditos hecha por el Poder Ejecutivo…Sin embargo, por razones no imputables a este Congreso sino a tradiciones de mala administración, se ha venido manejando el presupuesto doméstico sin el debate y el conocimiento profundo que de él se debe tener. Por ello insisto en que en el futuro se lo analice con mucha más intensidad”.
Las palabras del político demócrata progresista, quien fue diputado nacional durante cinco períodos entre 1985 y 2005, convencional constituyente en 1994, y fallecido el 10 de septiembre de 2011, cobran hoy en día mayor actualidad, en especial para los legisladores de la oposición, cuya principal tarea será la de ejercer el control
republicano sobre el uso de los recursos de los contribuyentes empezando por observar cómo se asignan en su propio ámbito de actuación.
El “Parlamento” K: Mucho gasto y poco debate
Es curioso que el kirchnerismo aumente el gasto y el número de personal en uno de los poderes del Estado que tanto desprecia y mucho más que haya circulado la versión de una eventual reforma constitucional en la Argentina con el objetivo de establecer un sistema parlamentario cuya principal característica es el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. Es decir, todo lo contrario a las prácticas políticas del kirchnerismo.
Por caso, la rápida decisión del Congreso de aprobar la estatización de las AFJP que implicó, nada más ni nada menos, que tomar posesión de más de 90.000 millones de pesos mediante una veloz aprobación, a pesar de la gran cantidad y diversidad de afectados.
Otras iniciativas de ley fueron sancionadas luego de un similar proceso legislativo, donde el Congreso no delibera con la seriedad que requiere la forma republicana de gobierno y simplemente ratifica su aprobación con el apoyo de una disciplinada mayoría oficialista para darle fuerza de ley. Este proceso legislativo en la Argentina, que erosiona claramente la calidad institucional del país, llevó a que se denomine al Congreso como “La Escribanía”, donde en algunos casos hasta se anunciaba desde el Poder Ejecutivo la fecha en la cual empezaría a regir una ley que todavía no había sido discutida en el Poder Legislativo.
Y si bien fue a partir del gobierno de Néstor Kirchner donde el Poder Legislativo comenzó a funcionar como “La Escribanía”, la sucesión presidencial de 2007 en su esposa era la que supuestamente iba a aportar mayor calidad institucional al país. Sin embargo, ella continuó subvirtiendo el espíritu del proceso de formación de las leyes mediante el trámite rápido (express) que impide la reacción de los sectores afectados y la respectiva presión de éstos sobre los legisladores.
Hasta ahora, el ejemplo más claro de lo anterior fue la eliminación de la jubilación privada, cuya creación en 1994 llevó ¡trece meses de debate legislativo y su derogación apenas un mes! Ese trámite fue deliberadamente rápido para impedir un debate serio del tema, que podría implicar modificaciones al texto original, y en especial la posibilidad de que las miles de personas afectadas se organizarán para defender sus derechos.
Frente a estas sospechosas prácticas de celeridad legislativa –que probablemente se repetirán a partir del 10 de diciembre próximo, cuando el oficialismo recupere la mayoría de miembros en ambas cámaras- vale la pena recordar las lecciones que sobre el tratamiento parlamentario de las leyes ofrecía el economista Luigi Einaudi, opositor al fascismo italiano y Presidente de la Italia de la posguerra entre 1948 y 1955. Obviamente, a diferencia de los Kirchner, el artífice del “milagro italiano” fue un estadista e interpretaba con real convicción la importancia de la calidad institucional.
En 1922, en uno de sus artículos recopilados en el libro “Florilegio del buen gobierno”, Einaudi reflexionaba lo siguiente: “El Congreso vale sólo porque es el eco de la gente que no se sabe quién es, que no cuenta para nada, pero que hace llegar su voz admonitoria durante el breve o largo intervalo que transcurre entre el momento en que
un proyecto de ley es depositado sobre la mesa del presidente de la cámara de diputados o senadores y el momento que llega a ser ley. La verdadera garantía de la vida, de la libertad y de los bienes de los ciudadanos está en ese intervalo de publicidad. Esta es la principal virtud de los parlamentos y no debemos destruirla…No por amor al
congreso sino en salvaguarda de la gente común, trabajadora, de los productores que crean la riqueza del país, de quienes no intrigan pero quieren sólo que se les deje vivir, es necesario que se garantice un lapso de discusión pública”.
Ese período de publicidad, al que hace referencia Einaudi, debe darse principalmente en la discusión de los proyectos de ley en comisiones, donde además de los puntos de vista de cada uno de los legisladores, apoyados por sus respectivos asesores en la materia, se incluyen los de los sectores y organismos involucrados e individuos y entidades
que pueden aportan sus valiosos conocimientos sobre el tema, más las opiniones, debates e informaciones ofrecidas en los medios de comunicación.
Con mucha lógica, un proyecto de ley cuya sanción tendrá profundas implicancias políticas, económicas, institucionales o sociales, requiere de un largo debate, donde previo al dictamen de la comisión debe producirse un análisis profundo y un debate riguroso. Y antes de ser tratado en el recinto, el proyecto debe tener un plazo que permita tanto las observaciones por parte de los legisladores que no integran la comisión como de la opinión pública. El mismo proceso debe luego realizarse en la otra cámara, por lo cual una iniciativa trascendente requiere de por lo menos un tratamiento legislativo de alrededor de seis meses.
Ya en 1950, Einaudi profundizaba sobre los aspectos republicanos que hacen a la calidad institucional legislativa, al señalar que “La existencia en muchísimos países de dos cámaras, la discusión en esos países mediante tres tratamientos, en algunos mediante comisiones, el rigor de los reglamentos destinados a garantizar la libre expresión de todas las opiniones y a tutelar a las minorías contra las mayorías, son instrumentos inadvertidos que tuvieron que introducirse para regular el flujo de las leyes nuevas, haciendo difícil su aprobación rápida y sometiéndolas a un tamizado más o menos riguroso. Este tamizado puede ocurrir accidentalmente, pero responde a la necesidad de impedir la subversión demasiada rápida de las normas que regulan un país”.
En palabras de Luigi Einaudi, la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner estaría entonces sufriendo esasubversión legislativa y de esa manera socavando la calidad institucional del país. En ese sentido, la repetida arenga que se realiza en estos días desde el Poder Ejecutivo Nacional, reclamando la rápida aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2012, que incluye muchos aspectos cuestionables, entre ellos el inusitado incremento del gasto del propio PLN, es un ejemplo más de un oficialismo con claras tendencias hegemónicas.
Contrariamente, la discusión del proyecto de ley de presupuesto nacional debería ser el debate de fondo sobre políticas públicas, pues se trata nada menos que aprobar, por parte del Congreso de la Nación Argentina cuánto se va a gastar y cuáles serán las prioridades en la asignación de los recursos que recauda el estado.
El presupuesto es el tema que más amplio y prolongado debate tiene que generarse en una verdadera democracia representativa. Pero este no es el caso argentino, donde para empezar se debería acortar en por lo menos dos meses, el plazo de presentación del proyecto de ley de presupuesto de la administración pública que actualmente
la ley de administración financiera del Estado pone como tope en el 15 de septiembre de cada año.
Sin embargo, la “publicidad”, que es uno de los principios generales del debate presupuestario, resulta incompatible con las “formas” kirchneristas, teniendo en cuenta que “El conocimiento general y particularizado del Plan presupuestario es condición fundamental para el control de la acción del estado por la opinión pública”.
A lo expresado recién por Dino Jarach en su clásico libro Finanzas públicas y derecho tributario, hay que agregarle otra referencia suya y en la cual se refleja la cuestión de fondo sobre la visión económica del kirchnerismo: “Las tareas limitadas que la filosofía liberal asignaba al Gobierno, han sido ampliadas masivamente por la filosofía
intervencionista. A ello contribuyeron muchos factores.
Entre ellos, la tendencia hacia la planificación económica para asegurar la estabilización con la actividad directa del Estado. Son ejemplos de esto, los gastos públicos en trabajo y otros de gran magnitud programados por el Estado y destinados a absorver mano de obra ociosa, en un primer tiempo, para paliar el mal de la desocupación, en un segundo tiempo para seguir una política económicadeliberada de plena ocupación; igualmente lo son los subsidios a los desocupados y las subvenciones a los productores; como también, en países como la Argentina, la adquisición por el Estado de los excedentes de cereales y oleaginosas”.
Las consecuencias de este creciente intervencionismo estatal fueron advertidas por varios pensadores clásicos del siglo XIX, cuyos textos no se enseñan en las universidades y no han pasado por las manos de la mayoría de los políticos. Por ejemplo, en su libro “El hombre contra el estado”, el filósofo Herbert Spencer (1820-1903) señalaba que “Cuanto más se extiende la acción gubernamental, tanto más cunde entre los individuos la creencia de que todo debe hacerse para ellos y nada por ellos. De generación en generación va siendo menos comprendida la idea de que el fin perseguido debe ser realizado por la acción individual o mediante asociaciones particulares, y se hace más familiar la idea opuesta, hasta que tal vez llegue a mirarse la gestión del gobierno como el único medio práctico”.
Por eso, en “Sistema económico y rentístico”, Juan Bautista Alberdi advertía a los argentinos: “El Tesoro, como medio de ejecución, es para gobernar; el gobierno es para hacer cumplir la Constitución; la Constitución, como dice su preámbulo, es para afirmar la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, servir a la defensa
común, promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad. La contribución es, según esto, el precio con que se obtiene el goce de estas cosas; luego su erogación forma el gasto más precioso del hombre en sociedad.
Pero la experiencia prueba que esos fines pueden ser atacados por la misma contribución establecida para servirlos”.Por eso, el ilustre tucumano concluía señalando: “No hay un barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país, que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos públicos. La ley de gastos
(si habla la verdad) nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores, o está regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie, o camina a su engrandecimiento; si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición”.

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