6 marzo, 2021

El Gobierno prevé más conflictividad social por la discusión de los salarios

La inflación, la pelea política con la mitad del espectro sindical y la quita de subsidios auguran un año 2012 conflictivo para el Gobierno y los sindicatos, que ya hablan por lo bajo de salarios y discuten a viva voz sobre medidas clave.
La pauta salarial del próximo año será la materialización de esa disputa económica. “Queremos cerrar en 20 por ciento de aumento, un poco más, un poco menos. El Gobierno va a pedir entre el 14 y el 16 por ciento, junto con los empresarios, para terminar cerrando en 18 puntos”, confió uno de los “Gordos” a PERFIL.
“La quita de los subsidios a los servicios públicos nos obliga a pedir unos puntos más de aumento salarial. Calculamos que los gastos fijos de un trabajador van a aumentar en promedio 250 pesos por mes, sólo por la suba de las tarifas de luz, gas y agua”, agregó uno de sus colegas. “Vamos a pedir el 25 por ciento para cerrar en veinte puntos”, afirmó.
“Si no se avanza con subir el piso del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, vamos a retroceder en los avances salariales. Hay un sector importante para el que va a ser clave la quita de los subsidios, especialmente, en los salarios de 5 mil pesos, lo que nos va a obligar a negociar otro porcentaje para ellos”, dijo a este diario Pedro Wasiejko, titular del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático, en la Federación Internacional de Sindicatos de la industria (ICEM), que reunió esta semana a 200 sindicalistas de todo el mundo en Buenos Aires.
El dirigente, segundo de Hugo Yasky en la CTA pro-K, cree que la quita de subsidios debería amortiguarse con un “bono por viáticos” u otro tipo de compensación. Su gremio propondrá que las negociaciones salariales sean cada dos años, con ajustes por inflación cada tres meses.
Incluso para los más cercanos al Gobierno, las piezas que la Presidenta eligió mover en este juego pronostican tiempos difíciles. “Hoy los sindicatos están a la espera, especulando con que el Gobierno será más duro con nosotros en 2012. Hay señales contradictorias de la Presidenta, pero el contexto nos indica que la relación se va a endurecer. La conformación del Gabinete (de ministros) va a influir también en nuestra relación”, evalúa uno de los “independientes”, un sector de la CGT de excelente relación con la mandataria.
“Money, money”. La pelea no será sólo por conseguir aumentos salariales, sino por contenerlos en el bolsillo del trabajador. “Nosotros podemos contener a las bases, pero el principal reclamo hoy es la suba del mínimo no imponible. Se licuan los aumentos salariales conseguidos, sumado a la inflación. Vamos a contener hasta que podamos, pero no sabemos hasta cuándo van a aguantar los trabajadores. Nos reclaman que se solucione”, confiaron muy cerca de Moyano.
“No sabemos cómo vamos a negociar nuestros reclamos porque hoy no hay diálogo formal entre la CGT y el Gobierno, salvo por las conversaciones informales con (el ministro de Planificación Federal, Julio) De Vido”, reconocen en la central obrera.
“La inflación también nos obliga a pedir un plus de fin de año para recomponer el salario”, dijo Luis Barrionuevo, de la CGT Azul y Blanca. Su gremio gastronómico no es el primero ni el único. Camioneros también pidió un plus de 2.500 pesos para gastos escolares.
Ideas en la cabeza. “Quitarles la personería gremial es lo peor que podrían hacerles a los gremios”, estimó el principal asesor de uno de los “independientes”. El Gobierno lo sabe y consultó a la Corte Suprema de Justicia para conocer su posición frente a un proyecto para pegar directo al corazón del poder gremial, como reveló ayer PERFIL. La consulta llegó a la Corte a través de un ministro del Gabinete con asiduo diálogo con uno de los jueces del máximo tribunal. Quería saber cómo vería la Corte un proyecto de Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que le diera a la Presidenta el poder de intervenir un sindicato o quitarle su personería gremial ante un conflicto, huelga o interrupción de servicio públicos declarados esenciales.
“Además de este DNU, también analizan medidas como la democratización de los gremios y que los secretarios generales de los sindicatos no puedan tener más de dos mandatos seguidos”, confió una fuente del moyanismo a PERFIL.
La idea de consultar al ministro de la Corte habría salido de la Secretaría de Transporte que dirige Juan Pablo Schiavi, según aseguraron a este diario fuentes sindicales. Por eso, también aseguran que el Gobierno piensa en la posibilidad de declarar al transporte como servicio esencial o de importancia trascendental, y que consultaron a la Corte porque si el proyecto se concretara los sindicatos apelarían a la Justicia. Si eso llegara a concretarse, el escenario de conflicto con los sindicatos escalaría a un punto máximo.
Un gesto para Martínez
“Privilegiar la lealtad por sobre la ideología.” Esta es la nueva estrategia de Cristina Kirchner para copar la provincia de Buenos Aires y llevarla hacia donde ella quiere. Eso se desprendió del encuentro que organizó el vicegobernador Gabriel Mariotto en Esteban Echeverría el viernes.
Allí compartieron escenario el líder de la Uocra, Gerardo Martínez, denunciado por hacer inteligencia para el Batallón 601 durante la dictadura; la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, jóvenes de La Cámpora y peronistas bonaerenses, como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El camping para el acto lo puso a disposición Martínez. Después del evento, Fernández se sacó una foto con el líder gremial. En el entorno del jefe de Gabinete negaron que se trate de un gesto “para levantar a Martínez en medio del conflicto con Hugo Moyano”.
Sin embargo, es difícil imaginar que tanta exposición del titular de los constructores se lleve a cabo sin aval de la Casa Rosada, que mantiene una disputa tensa con el actual líder de la CGT. Martínez sonó siempre como uno de los candidatos para reemplazar a Moyano. En el medio del turbulento vínculo que tiene el Gobierno con Moyano, el acto en territorio de Martínez es un gesto que no pasa desapercibido.

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