27 febrero, 2021

1er round entre Moyano y Cristina en el Congreso

En la reunión conjunta realizada por las comisiones de Legislación de Trabajo, de Previsión Social y de Agricultura y Ganadería, el oficialismo se impuso y sacó dictamen a favor del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reglamentar el trabajo del peón rural y un régimen previsional especial
Pero esta vez la oposición al kirchnerismo, saltó por donde menos se pensaba. Los diputados que responden a Hugo Moyano ( su hijo Facundo, Héctor Recalde y Omar Plaini) se negaron a acompañár dictamen de mayoría.
El nuevo Régimen del Peón Rural presentó dos proyectos en puja, el del Poder Ejecutivo, y el defendido por el diputado Roberto Mouillerón (unión Peronista- Buenos Aires),elaborado por la UATRE el sindicato que dirige Gerónimo "Momo" Venegas y las organizaciones del campo.
Al abrir la sesión, el diputado Héctor Recalde habilitó los dos despachos para la firma, por lo que vino después, en cuanto a las posiciones manifestadas por los diferentes sectores, constituyó sólo un formalismo complementario. A pesar de ello, los discursos desnudaron claramente los propósitos que se perseguían de ambos lados. El oficialismo explicando, someramente, las bondades del proyecto, y los opositores, cuestionando y denunciando intencionalidades políticas detrás de la pretendida regularización de la actividad rural.
El diputado Mario Pais (Frente para la Victoria- Chubut), fue el miembro informante del oficialismo. En sus consideraciones defendiendo el impulso oficial, dijo que, "constituye un avance en materia de los derechos humanos. Se busca, continuó, terminar con la precarización del trabajo agrario, debido a que los trabajadores se encuentran desprovistos de los más elementales derechos laborales. Creemos que esta es una legislación justa, y da adecuada respuesta a los vacios legislativos".
Roberto Mouillerón, de Unión Peronista, fue la voz cantante para argumentar las conveniencias del proyecto opositor. "Yo vengo a defender un proyecto que viene auspiciado por las organizaciones de trabajadores del campo; y también por los productores y empresarios de la actividad", comenzó. Para luego señalar que, "este proyecto viene siendo discutido desde 1995. El proyecto del Ejecutivo, por un error, hoy excluye a los trabajadores de la ley de contrato de trabajo". Cuando se refirió a la pretendida eliminación del RENATRE, sostuvo que "éste es un organismo que funciona bien. Los que lo cuestionan y dicen que es la caja de Venegas, yo no sé porque lo dicen", puntualizó.
Cómo corolario de su participación, pidió que no se firmara el dictamen. Más allá que estos ya habían sido rubricados por los diputados presentes. Y solicito que se intente continuar consensuando.
Cuando le tocó el turno a Claudia Rucci (Frente Peronista- Buenos Aires), diputada que asumió en 2009 con el patrocinio de la UATRE, el discurso fue más duro y contundente. "Esta ley está basada en una persecusión política a la UATRE", comenzó. Para luego añadir: "Es una ley que está atentando contra los derechos de los trabajadores rurales".
Otro que tampoco se privó de la crítica ríspida, fue Pablo Orsolini (UCR-Chaco)."A mí no me cabe dudas", subrayó, "que se juega un revanchismo político. No solamente contra la UATRE, sino también contra los productores rurales".
Por su parte Héctor Recalde, antes de abandonar la reunión, ya que se encuentra atravesando un post-operatorio reciente, señaló que "No se ha llegado a consensuar en un solo dictamen. Debemos continuar intentando el diálogo, para ver, si podemos acordar, porque hay tiempo hasta que lleguemos al recinto", remarcó.
El Frente Peronista y el PRO apoyaron el dictamen alternativo redactado en base al proyecto del ex secretario de Trabajo bonaerense Roberto Mouillerón (Frente Peronista). El legislador pidió al kirchnerismo, sin éxito, posponer la firma del dictamen para consensuar el texto, ya que dijo que había muchos puntos en común entre ambas propuestas.
El punto más controvertido tiene que ver con lo que ocurrirá con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE) que, dijo, "algunos llaman la caja de Venegas". "Para mí es un organismo que funciona bien", dijo el diputado del peronismo disidente, mientras que Pablo Orsolini (UCR) coincidió en que "¿si funciona bien para que vamos a desarmar el RENATRE?" y no dudó que "acá se juega un revanchismo político".
Presenció la audiencia el titular del gremio de los peones rurales, Gerónimo "Momo" Venegas, mientras afuera el gremio realizaba una sonora protesta en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, al cual se le atribuye tener un espíritu de rechazo contra la UATRE y especialmente contra Venegas, enrolado en el sindicalismo opositor al Gobierno.
"Vamos a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores", aseguró Venegas y agregó: "El gobierno pretende hacer desaparecer el RENATRE y destruir a nuestra organización gremial, pura y exclusivamente porque somos el objetivo de una persecución política que ya lleva seis años, es decir, desde que empezamos a marcarle errores políticos al gobierno".

El proyecto

El nuevo régimen reconocerá a los peones derechos como remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil y establecimiento de períodos y lugares de pago.
Prevé además:
> la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal
> la bonificación por antigüedad
> la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento
> la jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas.
Se estipula, también, el reconocimiento de horas extras; el descanso semanal; las condiciones adecuadas de higiene y seguridad; la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.
Otros artículos establecen la prohibición del trabajo de menores de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación del trabajo adolescente y las condiciones de vivienda digna.
Los empleadores, además deberán garantizar una alimentación de los trabajadores rurales “sana, suficiente, adecuada y variada, según el área geográfica y la actividad que desarrollen”.

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