15 abril, 2021

Cuatro de cada 10 adolescentes detenidos en el país vivió en la calle y sin familia

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz. El Estado debe actuar antes, en la prevención. Los chicos privados de libertad ya llegan con sus derechos vulnerados: sin educación, vivienda, acceso a la salud. La restricción de la libertad debe tener un fin de reinserción socioeducativo y no se cumple. El maltrato sigue en los centros de detención. La mayoría de los chicos reincide. Son conclusiones de especialistas de niñez de UNICEF.
Este martes se presentó “Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina”, un estudio sobre los chicos y las chicas detenidos en Centros Cerrados. La investigación de UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP) realizó encuestas al 40% de las y los adolescentes privados de la libertad. El último relevamiento nacional es de 2015 y dice que son 7200 los chicos que cumple algún tipo de medida penal: 1300 están en Centros Cerrados. La mayoría por delitos menores. El 3,8% tienen menos de 16 años: no deberían estar presos.
"Uno de los temas que más nos preocupan es el de los chicos y chicas privados de su libertad. Y las condiciones en las que están. En algunos casos pueden ser comparadas con la tortura -aseguró Ana de Mendoza, representante UNICEF Argentina-. Hay que poner en duda que el encierro sea la mejor opción, y sus condiciones hacen que sea difícil para los adolescentes responder bien en este período de encierro".
"Las y los adolescentes en conflicto con la ley penal en Argentina constituyen una población que recibe la atención esporádica y espasmódica de algunos sectores de la sociedad, especialmente cuando se registran situaciones que los involucran. Este abordaje suele posicionarlos como victimarios, como “peligros sociales”, aunque también, a veces, como víctimas de un sistema de desigualdades donde las etiquetas se superponen: pobres, jóvenes, delincuentes, desertores. Lo que nunca varía es el hecho de que sus voces no aparecen. Otros hablan por y sobre ellas y ellos", sostiene Matías Bruno, de CENEP.
“En la escuela me iba bien, era un alumno tranquilo. Nunca tuve problemas con profesores ni con compañeros. Dejé [en primer año del secundario] porque tenía que ayudar a mi mamá. Mi papá estaba preso en ese momento y yo salí a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi hermanito sí siguió yendo a la escuela”, dice Brian, de 16 años.
“Me gustaría terminar el secundario, hacer un curso de capacitación. Yo sí puedo. Tengo que poner empeño. Tengo que hacer lo posible, aunque me cueste. Igual no sé cuándo iré a salir de acá…”, cuenta Luciano, también de 16.
Los autores del estudio de UNICEF hablaron con 508 chicas y chicos. Uno de sus objetivos: que el testimonio de los chicos sirva para la "implementación de políticas públicas para un sector de la población altamente vulnerable". Los chicos son de 22 centros cerrados se siete provincias.
“El Sistema de Justicia Juvenil es selectivo -asegura Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF-. El estudio muestra que los adolescentes que ingresan a los centros de privación de la libertad son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar los riesgos sociales como el proceso penal, y eso determina que se los encierre. Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos, pero una intervención férrea a través del sistema penal y las medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley”.
La mitad de los pibes encerrados no iba a la escuela: ocho de cada diez habían repetido o habían abandonado la escuela en algún momento. Tres de cada diez chicos vivió en la calle. El 14% pasó por hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales porque sufrió violencia, abandono o abuso sexual. El 60% habían sido maltratado. El 60% también nunca recibió ningún tipo de ayuda por parte del Estado (asignación, subsidio, plan). El 80% ya había trabajado alguna vez, el 60% trabajaba al momento de la detención.
El 80% consumió marihuana, el 50% cocaína. El 40% contó que fue violentado por “fuerzas de seguridad” antes del encierro, y luego, tres de cada diez sufrió algún tipo de violencia en la institución. La mayoría no pudo hacer la denuncia: no los dejaron o tuvieron miedo. La mayoría no conoce al juez que está a cargo de su causa y siete de cada diez no sabe cuánto tiempo estará encerrado.
La investigación de UNICEF y CENEP también habla de las condiciones de vida en los centros: falta de acceso a tratamientos de salud, abusos en la disciplina, violencia. Además de la ausencia de luz natural, ventilación, calefacción, humedad en las paredes. Ratas, hacinamiento. Los tratados internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño establecen que la privación de libertad debe ser aplicada como último recurso y por el menor tiempo posible. Además, deben existir condiciones que respeten su integridad física y su dignidad.
La encuesta muestra que uno de cada cuatro adolescentes tiene al menos un hijo o una hija a cargo. Es difícil verlos, o no saber cuándo volverán a hacerlo. Tampoco es fácil ver a sus padres, los centros de encierro suelen estar alejados de sus casas y sus familias. “Una vez por mes o cada dos meses viene mi mamá, pero no puede venir porque tiene muchos problemas económicos. No importa lo lejos, importa el boleto… Tiene a mis hermanitos, les tiene que dar de comer, mantener la casa. Mi papá no viene ni me llama por teléfono, ni yo lo llamo, no quiero saber nada de él”, dice Camila, 16 años. El 90% de los chicos privados de libertad reciben visitas de sus madres, que también son las que más los llaman por teléfono. Los padres visitan a cuatro de cada diez.
En su trabajo, UNICEF hace recomendaciones, como fortalecer las políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos de los adolescentes. Y hacen énfasis en las áreas de salud, educación, seguridad social y vivienda, "que además sean útiles para prevenir las causas que pueden originar la comisión de delitos". También sostiene que el Sistema de Justicia Juvenil "debe centrarse en la prevención del delito y en las causas que podrían originarlos". Se hace especial hincapié en que "la privación de libertad debe utilizarse de manera excepcional, como último recurso y por el menor tiempo posible. UNICEF aboga por el empleo de medidas alternativas al proceso penal y medidas penales no privativas de la libertad con enfoque restaurativo y objetivos socioeducativos". Y propone crear mecanismos de supervisión y monitoreo independientes: las y los adolescentes deben tener la posibilidad de denunciar las situaciones de maltrato. La Justicia -aseguraron- debe ser restaurativa.
En la presentación de este martes también se criticó a los medios de comunicación cuando estigmatizan a los chicos por las maneras en las que se presentan determinadas noticias. "Los medios tienen una gran responsabilidad por lo que dicen y cómo porque son formadores de opinión", aseguró de Mendoza. Las noticias suelen hablar de "pibes chorros", y nunca se hace referencia a todos los derechos vulnerados de estos chicos, ni de la responsabilidad del Estado, que en la mayoría de los casos recién aparece para encerrarlos.

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