15 mayo, 2021

Jueces y Ganancias: las claves del fallo de la Corte

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El fallo de este martes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los jueces significa un duro revés para el planteo formulado por la Asociación de Magistrados, implica un firme cuestionamiento al tribunal que le había fallado a favor y abre la puerta a varias posibilidades para resolver el fondo del asunto, una de las cuales quedó plasmada en una pequeña "ampliación de fundamentos" por parte de dos de sus ministros, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton.
Desde otra óptica, la celebración del gobierno por la validez de la ley que impulsó dos años atrás, con el impulso de la llamada "mayoría peronista" del máximo tribunal -por los otros tres jueces, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-, desvirtúa las alertas de posibles malas noticias judiciales por parte de este trío de jueces, quienes, en definitiva, tal como lo expresara públicamente Rosenkrantz, implica una reivindicación del Congreso y las limitaciones de los jueces al interpretar las normas.
Ellos tres, más los otros dos, sostuvieron que los jueces de todas las instancias, "deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente". Y ese fue el punto en el que se diferenciaron los otros dos, que si bien técnicamente no se trata de una disidencia, se le parece mucho.
Si bien suscribieron ese texto, Rosenkrantz y Highton escribieron otro párrafo a través de una "ampliación de fundamentos" en la que dejaron en claro que los magistrados afectados por la medida están en todo su derecho de iniciar juicios al Estado para que no se les reduzcan sus salarios.
"Los suscriptos comparten lo expresado en el considerando 14 únicamente en el entendimiento de que ello no puede implicar negar ni limitar en modo alguno el derecho del que gozan los magistrados —al igual que todo ciudadano— de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos, incluyendo la facultad de cuestionar la validez o el alcance de las normas o actos que estimen contrarios a ellos", escribieron con sello propio Highton y Rosenkrantz.
El asunto es que la causa regresó al juzgado a cargo de Esteban Furnari, en el fuero contencioso administrativo federal, para que se dicte la sentencia sobre el fondo del caso. Lo que tenía apelado la Corte era una medida cautelar que impedía al Consejo de la Magistratura retener el impuesto a las ganancias cada vez que le pagaba el sueldo a un juez que provenía del Poder Judicial a partir de 2017. Por ello, apenas tributan una docena de magistrados que llegaron a la magistratura por fuera de la carrera judicial a partir de esa fecha.
Para la Corte, el tribunal de apelación de Furnari, la Cámara Contencioso Administrativo, no debió haber ratificado la medida cautelar porque no reunía los requisitos formales para ello y porque no lo fundamentó debidamente. "Los fundamentos expresados por la cámara para tener por acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora resultan dogmáticos e insuficientes para admitir la procedencia de la medida ordenada", dijeron los cinco jueces de la Corte, según el fallo, al que Clarín tuvo acceso.
El tribunal justificó la excepción a su regla de no intervenir en medidas cautelares -que no hacen al fondo del asunto- al destacar que el caso "excede el interés individual de las partes y afecta de manera directa el de la comunidad", ya que se trata de jueces que imparten justicia para toda la ciudadanía.
"No resulta aceptable la decisión del a quo (el tribunal inferior) de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos", expresó la Corte, que cuestionó "la orfandad argumental" de los camaristas que intervinieron previamente en el caso.
"Corresponde dejar sin efecto la medida cautelar dictada, pues el pronunciamiento recurrido carece de fundamentación suficiente y lo decidido tiene relación directa e inmediata con las cuestiones constitucionales invocadas", señalaron los cinco jueces en la parte final del texto.
Y añadieron que "en virtud del examen que se ha efectuado, puede concluirse sin dificultad que no existen razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que exima del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora", esto es la Asociación de Magistrados.
Los cinco jueces de la Corte recordaron que la ley 27.346 tuvo "una amplia discusión de los poderes del Estado" y se encuentra "vigente" para los jueces que ya provenían del Poder Judicial, por cuanto su constitucionalidad "no ha sido cuestionada" ya que falta el fallo sobre el fondo del asunto.
Lo más probable, según evaluaron fuentes judiciales, es que la discusión de fondo se dé dentro de la misma causa -el Estado es parte de ella y es quien apeló la medida que llegó a la Corte- y que abarque una discusión más general que alcance a quienes ya eran jueces antes de 2017 y que por ahora, seguirán sin pagar Ganancias.
Los cinco jueces también destacaron que "la misión más delicada del Poder Judicial es la de mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar, criterio que resulta aplicable no solo al control de constitucionalidad sino también al dictado de medidas cautelares cuyos efectos expansivos puedan afectar la aplicación de una ley", como ocurrió en el caso.

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