28 febrero, 2021

Un ex policía detenido en el penal de Ezeiza, por delitos de lesa humanidad, murió de COVID-19

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Un ex policía bonaerense detenido por delitos de lesa humanidad murió por coronavirus en la Unidad N° 21 del Hospital Muñiz. Tenía 67 años.

Se trata de Carlos Ramallo, quien perteneció a la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires en tiempos de la última dictadura militar. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación a Infobae, contrajo COVID-19 en la Unidad Penitenciaria Federal N° 31 de Ezeiza.

Luego de que se le detectara la enfermedad, el ex oficial detenido por delitos de lesa humanidad fue trasladado a la Unidad N° 21 del Hospital Muñiz donde finalmente murió. Esa unidad hospitalaria, situada en Uspallata 2272, en la Ciudad de Buenos Aires, es donde el Servicio Penitenciario Federal (SPF) envía a todos presos que contraen coronavirus.

Ramallo formaba parte de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante el proceso militar. Junto al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Osvaldo Etchecolatz; al ex jefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, Miguel Wolk; al ex jefe de la Brigada de Lanús Bruno Trevisán, y otros ocho ex policías, fue imputado por seis homicidios perpetrados entre el 15 y el 16 de marzo de 1977, durante dos ataques a domicilios particulares de Almirante Brown y Lomas de Zamora.

El 15 de marzo de 1977, en una casa del barrio San José en Almirante Brown, en un procedimiento ilegal asesinaron a Vicenta Orrego, madre de tres hermanos que fueron apropiados por la dictadura. Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, en ese entonces menores de 2, 4 y 5 años de edad fueron retenidos y ocultados de su familia biológica, con la actuación indispensable del personal del Tribunal de Menores Nº1 de Lomas de Zamora, y sometidos a malos tratos y abusos sexuales hasta 1983 por directivos del Pequeño Hogar de Belén, de Banfield, informó en 2016 el Ministerio Público Fiscal.

A partir de testimonios de vecinos, el fiscal Sergio Mola describió que aquella madrugada de marzo de 1977, decenas de miembros de la Policía y el Ejército rodearon la vivienda situada en la calle Nother, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde vivía Orrego con sus tres hijos “y a la que hacía pocos días habían arribado sus compañeros de militancia, María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga, huyendo de la persecución política”.

“Sin alertar sobre su presencia, sin intimar la entrega de los moradores y sin identificarse, de manera sorpresiva, abrieron fuego contra el inmueble, el que se prolongó, por al menos, quince minutos. Es posible que, en determinado momento del ataque, haya habido alguna respuesta desde el interior de la vivienda, exigua y de poca significancia en relación con el poder de la agresión. En ese momento, quienes estaban dentro de la casa, solicitaron un alto el fuego para poder evacuar a los niños que estaban en la vivienda”, describió el fiscal.

Luego de la balacera contra la propiedad, Orrego logró evacuar a dos de sus hijos. Con el tercero en brazos, la mujer fue ejecutada: “Sin mediar provocación ni justificación alguna, (el oficial) le disparó a corta distancia en la cabeza provocándole la muerte. Vicenta cayó al suelo con el niño aún en brazos, el cual fue apartado (mediante una patada) del cuerpo de la madre sobre quien, seguidamente, se disparó una ráfaga de ametralladora”, describió Mola.

Al día siguiente, la mayoría de los efectivos imputados en esta causa atacaron una casa de Ascasubi y Camino de Cintura de la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. En ese domicilio, tres personas que “salieron de la casa con las manos en alto” fueron acribilladas.

La muerte de Ramallo apareció en un contexto en que el virus dentro de las prisiones se esparce; de 414 hisopados, el 55% dio positivo. El último informe epidemiológico de personas privadas de libertad en las unidades y complejos del SPF, aportado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, da cuenta de 231 infectados, 79 recuperados, y nueve fallecidos contando al ex policía bonaerense.

De este modo, hace casi dos meses atrás, Luis Muiña, un represor civil condenado a prisión perpetua por un homicidio agravado cometido en el Hospital Posadas en el marco de la ocupación militar de ese establecimiento durante la última dictadura, que se encuentra detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo, había contraído coronavirus.

Muiña, que pertenecía al denominado grupo de riesgo debido a que tiene 66 años, tuvo que ser trasladado a un hospital por una operación de urgencia y en ese lugar se habría contagiado el virus, dijeron en el SPF. “Está en tratamiento y aislado”, habían detallado en el SPF. Muiña, en tanto, había sido también trasladado a la unidad penitenciaria que funciona en el Hospital Muñiz, donde llevan a todos los detenidos de prisiones federales con COVID-19 positivo.