24 enero, 2021

Durante la cuarentena, la cantidad de detenidos en las comisarías bonaerenses aumentó más que en todo 2019

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Durante el aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus,la cantidad de personas detenidas en las comisarías bonaerenses y alcaidias provinciales creció más que durante todo el año 2019”. El salto representó un incremento del 19 por ciento, luego de que las personas apresadas subieron de 3.965 a 4.718 entre marzo y mayo, los meses de mayores restricciones de la cuarentena.

La conclusión se desprende del informe anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que se presentó ante los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo y la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

Según el organismo oficial, las comisarías registraban una suba promedio del 2% en materia de alojamiento de detenidos en los últimos años. Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 condujo a una situación paradójica. Mientras las medidas sanitarias pusieron un freno a los nuevos ingresos en las cárceles del Servicio Penitenciario bonaerense, las detenciones se multiplicaron en las dependencias policiales.

“Es la contracara del amesetamiento de los ingresos en las cárceles”, definió a Infobae el secretario ejecutivo de la CNPT, Alan Iud. “En la última década hubo un incremento de personas privadas de la libertad en el país, con un crecimiento muy pronunciado del 30% entre 2016 y 2018. A mediados de 2019 comienza en la Provincia de Buenos Aires un amesetamiento. La contracara fue que, por la pandemia, la detención creció mucho en las comisarías”, agregó.

La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) ya había relevado la “grave crisis humanitaria” en las que se encontraban las comisarías bonaerenses. En agosto se habían registrado 5.480 detenidos, mientras había solo 1.199 cupos disponibles en las dependencias policiales, lo que expuso un “récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo” del orden del 357 por ciento.

El reporte del Comité afirma que las detenciones en las comisarías es un “caso paradigmático” de la política criminal bonaerense, aunque no es exclusivo del distrito ya que es una tendencia que se replica en otras provincias.La curva según la CNPT para las dependencias de la Bonaerense. El número creció al mes siguiente.La curva según la CNPT para las dependencias de la Bonaerense. El número creció al mes siguiente.

“Se registra una sostenida utilización de comisarías, alcaidías y otros espacios no penitenciaros para la detención prolongada de personas, sin que ninguno de esos lugares reúna las condiciones mínimas para ello”, advierte la CNPT. El reporte enumera que los reclusos “deben turnarse para dormir y comen en la misma superficie, con instalaciones sanitarias deficientes, carecen luz natural y aireación, así como espacios de recreación o para la realización de actividades”.

Hay un responsabilidad grande de parte de las autoridades judiciales que no verifican las condiciones de detención que disponen. Es un deber de los jueces establecer de condiciones de encierro dignas de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional”, completó Iud.PlayLa ministra de Justicia, Marcela Losardo, durante la presentación del informe de la CNPT.

A criterio de la CNPT, el crecimiento de internos y presos se profundizó desde la implementación de la Ley 27.272 de “procedimiento para casos de flagrancia”. Entre 2016 y 2019, “se triplicó la cantidad de personas privadas de la libertad por penas inferiores” a los tres años. Mientras que en 2016 eran 483 los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (el 11,4% de la población carcelaria), en 2019 ascendieron a 1.281 (el 20,5% de los internos).

Construir más cárceles es una salida facilista y no es posible hacerlo a este ritmo de crecimiento de personas privadas de la libertad. Menos aún cuando esto no verifica una mejora en la seguridad ciudadana”, observó Iud.

Ante el diagnóstico de la sobrepoblación carcelaria, el organismo oficial sugirió -entre otras medidas- evaluar el impacto de la ley de flagrancia y “propiciar su reforma o complementación con medidas alternativas a la prisión efectiva”, así como “revisar las disposiciones que restringen la posibilidad de acceder a salidas transitorias, libertad condicional y otros institutos propios del régimen de progresividad de la pena”.

Las sugerencias fueron escuchadas por la ministra de Justicia Marcela Losardo, quien se mostró en sintonía y “en el mismo camino” con las recomendaciones en la Comisión Bicameral. La funcionaria reiteró que el Gobierno recibió un “servicio penitenciario en emergencia” y que las leyes de Ejecución penal y como la de Flagrancia fueron planteadas sin atender el “marco de las posibilidades” del sistema penitenciario, lo que “nos ha traído una cantidad de incorporación de gente detenida”.

“La política de este gobierno, como política pública del Presidente, es darle importancia al servicio penitenciario de las cárceles. Tenemos seres humanos que no cumplieron con la norma, y también hay gente que no sabemos si cumplió o no cumplió, que está procesada y en condiciones que sabemos que no son merecidas. Este ministerio se preocupa por cada una de las situaciones”, concluyó Losardo.