25 enero, 2021

Jubilados: por qué la nueva fórmula de ajuste podría ser peor que la que implementó el macrismo

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político).  Después de casi ocho meses de brutal receso de la economía en su conjunto no hay casi sector de la producción, el comercio, y menos aún de los trabajadores, que no haya sufrido un deterioro real de sus ganancias e ingresos, por la conjunción de menor actividad y aceleración de la inflación. Y también los haberes de los jubilados y pensionados que percibían en marzo algo más que la mínima, porque recibieron ajustes diferenciados por decreto.

Justamente, los ajustes dispuestos desde la suspensión por decreto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, estuvieron dirigidos a evitar el ingreso a un ciclo virtuoso para el sector pasivo por las severas limitaciones fiscales, porque los aumentos hubiesen superado largamente a la inflación descendente al momento del cobro.

Eso hubiese ocurrido por el desfase de seis meses entre la base de la fórmula de ajuste, con una inflación más alta que al momento de cobro y gasto hasta la próxima actualización, cuando en los dos años previos se había transitado el fenómeno inverso, la suba de los precios y salarios tomados como referencia eran notablemente menores que los presentes.

  • La caída de la capacidad de compra de los haberes del sector pasivo y de la ayuda social fue inferior a la que se hubiera registrado de no haberse modificado la fórmula de actualización

El ministro Guzmán dijo entonces: “lo que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones al cambiar la fórmula de ajuste en 2017 es muy grave, es inaceptable. En el único año que la economía creció (2017) se decidió cambiar la ley para no compartir las ganancias con los jubilados”; luego “comenzó a caer y ahora hay sectores que están con mucha vulnerabilidad”, agregó.

Pero la evolución del haber mínimo, que se actualiza cada seis meses, con un desfase de un semestre en el cálculo del factor de ajuste, y éste desde septiembre de 2018 con una periodicidad trimestral, muestra que con el viejo sistema hubiese acumulado en los últimos dos años, hasta septiembre 2019 que fue la última actualización, una suba nominal de 68,2%, de $7.246,64 a $12.188,82; mientras que con la nueva aumentó 78,5%, a 12.937,22 pesos.

No se equivocó el ministro cuando dijo que si se hubiese mantenido el régimen previo, que tomaba en cuenta la mitad de la variación de los salarios y la mitad de la recaudación de impuestos (Ley 26.417, sancionada el 1 de octubre de 2008 y promulgada el 15 de octubre de ese año, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner), en marzo de 2018 el ajuste hubiera resultado mayor, un 3,3% más alto, que con la nueva fórmula que se integró con el 70% de la variación del índice de inflación y el 30% de la variación del salario medio registrado (Ley 27.426, del 18 de diciembre de 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri).

Pero esa brecha positiva no se habría mantenido en los semestres siguientes, porque desde entonces la combinación de inflación y salarios arrojó incrementos moderadamente mayores que la determinada por el componente recaudación de la AFIP e ingreso promedio de los trabajadores estables (Ripte).

  • Con ambas fórmulas de ajustes se verifica un notable deterioro respecto de la inflación, con el viejo método fue de 22,1%, y con el nuevo se atenuó a 17,3 por ciento

En algún punto, el cambio de la fórmula de actualización se anticipó al efecto de la Reforma Tributaria que impulsó la rebaja de la presión impositiva, tras un salto inicial, porque se sabía que iba a determinar una caída real de los recursos cobrados por la AFIP, parcialmente atenuada con los avances que se esperaban lograr con la intensificación de la fiscalización y consecuente reducción de la evasión.

Impacto del nuevo régimen

  • El deterioro del poder de compra de las jubilaciones y pensiones es funcional con el objetivo de lograr un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI

De ese modo, en el mejor de los casos, la recuperación del poder de compra perdido de las jubilaciones y pensiones desde 2018 no se logrará antes de 6 o 7 años, cuando la perspectiva, de superarse pronto la crisis sanitaria, del proceso de mejora real podría resultar notablemente más acelerado.

De ahí que en un escenario de perspectiva de reactivación de la economía en su conjunto la proyección de aumento de esas dos variables debiera ser notablemente mayor que la inflación, pero no se trasladará a los jubilados y pensionados sino hasta un tope adicional de 3% por año.

Y además, con la proyección de aceleración de la tasa de inflación y paso de trimestre a semestre de las próximas actualizaciones, los ajustes volverán a quedar más rezagados en términos reales. Pero es funcional a la intención del ministro Guzmán de acelerar el recorte proyectado en el gasto público para reducir el déficit fiscal, de modo de llegar a un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, aunque al costo de provocar un peor resultado para los jubilados y pensionados del que podrían haber obtenido con la restauración de la fórmula que rigió en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri.

De ahí que el consenso de los asesores previsionales anticipa una nueva de ola de juicios contra el Estado, con un costo fiscal futuro notablemente mayor que lo buscado con el ahorro presente.