20 enero, 2021

Los principales empresarios del país aseguraron que el impuesto a la riqueza “afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compañías”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Los dueños de las principales empresas argentinas, reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), aseguraron que el impuesto a la riqueza “afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compañías”.

Por medio de un comunicado, la asociación expresó su “desacuerdo total” con el proyecto de Ley ‘Aporte Solidario y Extraordinario…”. Esta semana, otras entidades, como la Unión Industrial Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial y las entidades del campo, entre otras, también hicieron duras críticas al proyecto que tiene media sanción de Diputados.

  • El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales

“El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales. El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”, destacó la entidad que preside Jaime Campos.

Jaime Campos, presidente de AEAJaime Campos, presidente de AEA

También se destacó que no se diferencia entre activos dedicados a producir de otros activos, algo que “afectará negativamente al sector empresario, con lo cual, se profundizarán los problemas que, agravados por la pandemia, soporta desde hace muchos años la economía argentina”.

“Argentina necesita imperiosamente retomar la senda del desarrollo económico sostenido que ha dejado atrás hace muchas décadas. El sector privado es el actor decisivo para hacerlo posible, por cuanto tiene la capacidad de obtener las divisas que permiten hacer mover la economía, generar empleos y realizar las inversiones productivas vitales para el crecimiento”, finaliza el texto de la entidad.

Los miembros de AEA, meses atrás en una reunión por Zoom Los miembros de AEA, meses atrás en una reunión por Zoom

El 30 de septiembre, en tanto, había mantenido un encuentro virtual con Miguel Pesce, presidente del Banco Central, y Infobae adelantó día atrás que los empresarios preparan un nuevo encuentro y otro documento conjunto con la Confederación General del Trabajo (CGT). “Mirará hacia el futuro y será como una hora de ruta que propondrá hacia dónde tendría que ir la Argentina, sin alusiones a lo que está pasando hoy porque sería quedarnos en el fango”, se detalló.

“Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social del conjunto de la Nación. Esto podría incluir la reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la informalidad e, incluso, en la crítica coyuntura actual, un ‘empréstito patriótico’, en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores”, pidieron.

Ayer, luego de la votación en Diputados, la Unión Industrial Argentina (UIA) les pidió a los senadores que hagan cambios al proyecto.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel AcevedoEl presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo

Los pedidos de cambios a los senadores fueron:

– Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.

– Incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)

– Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

La CAC también sugirió hoy más cambios para el Senado, como subir la suma exenta a un monto de entre $280 y $300 millones, por la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses, eliminar las normas propias sobre residencia, reducir las alícuotas aplicables y que el pago sea en un plan de cuotas no menor a 12 mensualidades, entre otros.