27 enero, 2021

Cómo funcionaba el negocio de venta de terrenos en Merlo por el que detuvieron a tres funcionarios

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). El escándalo de corrupción en el municipio de Merlo sigue escalando. Los tres funcionarios y un pariente de estos, detenidos el viernes pasado, se negaron a declarar ante el fiscal que investiga a una organización delictiva que se dedicaba a la venta de terrenos usurpados, que propiciaban ese ilícito o realizaban algún otro tipo de maniobras ilegales con predios en litigio.

Según el expediente que instruye el fiscal Mario Ferrario, titular de la UFI 3 de Morón, los delitos los realizaban desde la misma intendencia, que desde 2015 está a cargo de Gustavo Menéndez.

Todos fueron detenidos después de los allanamientos que la policía bonaerense realizó en varias oficinas de la comuna.

En las primeras fojas del expediente consta que la denuncia fue realizada desde la propia intendencia después de que Karina Menéndez recibiera varias acusaciones de vecinos asegurando que los funcionarios “vendían tierras fiscales” y afirmaran que podían regularizar la tenencia de los predios usurpados después del pago de supuestos sobornos.

“Por menos de un millón de pesos no nos movemos”, le habría dicho el director de Tierras y Vivienda a un comerciante que buscaba terrenos para instalar una cascotera en Merlo.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la campaña (Nicolás Aboaf)Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la campaña (Nicolás Aboaf)

Hasta allí llegaron los supuestos “clientes” Miguel Basone y Daniel Madala, los empresarios que querían instalar una “cascotera”. Ambos le explicaron al funcionario que necesitaban comprar un predio de una hectárea y que sabían que en esa dirección se realizaban “gestiones” para la compra –irregular– de tierras privadas en litigio o fiscales.

Durante ese diálogo, Acuña le pide a Federico –uno de los empleados también detenido– que saque la cuenta de cuánto costaba el predio en dólares.

En ese momento, Basoc, el supuesto empresario, le dice: “Solo necesitamos, como mucho, dos hectáreas. Tenemos $1.000.000”.

Karina Menéndez, hermana del jefe comunal y a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Merlo Karina Menéndez, hermana del jefe comunal y a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Merlo

Al no ponerse de acuerdo sobre el monto a pagar, acordaron volver a reunirse el próximo 17 de noviembre en el mismo lugar.

Según pudo saber este medio de fuentes judiciales, el fiscal busca acreditar desde cuándo los funcionarios municipales vendían tierras y/o fomentaban usurpaciones para después entregarles los supuestos “papeles” como dueños de los lotes, si es que esto ocurrió.

También intenta acreditar si, además de tierras fiscales, se lucró con predios privados en litigio, como por ejemplo sucesiones conflictivas. También hay un tema más caliente pendiente: si hay otros funcionarios, de mayor rango, involucrados en las presuntas maniobras de corrupción dentro del municipio comandado por el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.

El intendente es el actual presidente del PJ de la provincia de Buenos AiresEl intendente es el actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires

“Esta no es la primera vez que nosotros mismos denunciamos irregularidades llevadas adelante por funcionarios y empleados infieles. Hace cinco meses se desbarató una organización que falsificaba registros de conducir y el año pasado se descubrió una red de inspectores municipales que recibían dinero de algunos comercios para que no los clausuren”, le dijo a Infobae Gustavo Menéndez.

Cuando se le preguntó por su hermana, la funcionaria a cargo del área sospechada, respondió: “Karina estaba al tanto de la denuncia judicial. Es ella quien me alerta de la presunta situación irregular que involucraba a funcionarios de su área. Ahí empezamos a prestar atención porque nos llegan denuncias de vecinos. Estoy sorprendido porque dos de los detenidos eran personas de confianza, que provienen de una buena familia”.

Será la UFI 3 de Morón la que deberá resolver la situación procesal de los ahora ex funcionarios que hasta el momento, y por consejo de sus abogados, se negaron a declarar.