20 enero, 2021

La solicitada a favor de Amado Boudou demostró que la interna del Frente de Todos es mucho más que de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Este domingo fue publicada una nueva solicitada en reclamo de un solo preso político: Amado Boudou. El texto cuenta con la firma de varios expresidentes de América Latina –en su mayoría con problemas judiciales en sus respectivos países–, un considerable número de periodistas y muchas figuras del mundo del espectáculo y de la cultura en general.

Otro dolor de cabeza para Alberto Fernández, dado que el Presidente ha dado muestras hacia dentro del espacio de que no propiciará ningún indulto y que, si quieren ir por la libertad de los condenados y/o procesados por hechos de corrupción pertenecientes al espacio kirchnerista, que la vía sea la amnistía. Y este mecanismo solo puede salir desde el Congreso. Pasado en limpio: que el costo político lo paguen todos.

Esta postura presidencial fue repelida con una solicitada en la que se cuelan varias de las personalidades políticas latinoamericanas que Alberto abrazo en su carrera hacia la Casa Rosada. Pero este es un dato menor, dado que las firmas también incluyen a un grupo de funcionarios del propio Poder Ejecutivo. O sea, firmas en contra de lo que el jefe sostiene: que en la Argentina no hay presos políticos.

Horacio Pietragalla Corti es el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Es uno de los casos más emblemáticos de la restitución de identidad de niños secuestrados y apropiados durante la última dictadura militar. Miembro activo de Abuelas de Plaza de Mayo, fue diputado nacional por el Frente para la Victoria en dos ocasiones y secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Pietragalla firmó la solicitada y no es la primera vez que opina sobre la situación, habiendo hecho lo mismo en el caso de Milagro Sala.

Aníbal Fernández tiene un historial político tanto o más abundante que el de Alberto Fernández y ambos han cargado con la vuelta al llano, solo que el actual Presidente estuvo en el desierto de los cargos por doce años, mientras que Aníbal lo estuvo durante cuatro. Desde que Alberto Fernández salió de la gestión de Cristina Fernández tras el conflicto con el sector agropecuario, la relación con el tercer Fernández no ha sido caracterizada por el buen trato: críticas de Alberto hacia Cristina por la gestión, acusaciones de Aníbal hacia Alberto por sus críticas contra la gestión, descalificaciones de Aníbal a Alberto, denuncias de espionaje de Alberto al gobierno, insultos varios y un pedido de Alberto para que Aníbal se haga ver por un terapeuta. Pero como en política todo pasa, desde enero de 2020 Aníbal Fernández fue designado por Alberto como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la cuna de las causas que terminaron con Julio De Vido preso. Aníbal firmó la solicitada.

Luana Volnovich es la titular Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados–Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Militante de larga trayectoria en La Cámpora y ex legisladora, está a cargo de la administración de una de las cajas más importantes del Estado y su jefe máximo a nivel laboral es el Presidente de la Nación. Firmó la solicitada.

Carlos Raimundi es un viejo sobreviviente: fue presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical, diputado por la UCR, fundador del Frepaso, miembro de la Alianza, luego aliado del ARI de Carrió y más tarde diputado por el Frente para la Victoria. Ya como embajador ante la Organización de los Estados Americanos, en 2020 generó varios de los dolores de cabeza del Gobierno en materia de política internacional al cortarse solo respecto de la situación de Venezuela, desoyendo las órdenes del ministerio de Relaciones Exteriores y, por ende, también de su jefe máximo, el Presidente de la Nación. El embajador ante la OEA se abstuvo de condenar el mismo informe que la Cancillería respaldó ante la ONU. Raimundi firmó la solicitada.

Solicitada por la libertad BoudouSolicitada por la libertad Boudou

Los amigos también

Eduardo Valdés es diputado nacional, su jefe no es Alberto Fernández, pero sí es su amigo desde hace tiempo. Lo mismo ha ocurrido con el titular del sindicato de los encargados de edificio y empresario de multimedios Victor Santa María, a quien lo une una amistad con Alberto Fernández que hasta los llevó a compartir lista de legisladores antes de la era Kirchner en el espació que comandaban Domingo Cavallo y Gustavo Béliz. Valdés y Santa María firmaron la solicitada.

No es que todos estos casos sean llamativos solo por cuestionar indirectamente al Presidente sino por ir en contra de una de las máximas del presidencialismo peronista: el verticalismo hacia el Presidente. Si utilizamos terminología peronista, todos son funcionarios designados “a tiro de decreto” y su continuidad es “a tiro de decreto”. ¿Cuánto duraron en sus cargos todos los funcionarios políticos que contradijeron o intentaron contradecir a Carlos Menem, a Néstor Kirchner o a Cristina? Y acá no hay una contradicción: hay presión.

Subjetivamente, existía algo que a Alberto lo molestó en sobremanera: Boudou se llevó puesto al Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Y el fallecido doctor Righi no solo era un histórico del Partido Justicialista en su versión setentista, sino que era el “profe” de Alberto Fernández, el titular de la cátedra de derecho en la cual el actual Presidente se desempeña y que, casualmente, no es otra que Teoría General del Delito y de la Pena. O sea: Alberto sabía de qué hablaba a la hora de expresarse sobre Boudou.

“Tan solo el sinnúmero de mentiras con las que pretendió defenderse, bastaría para poner en crisis la honorabilidad del vicepresidente”, escribió Alberto Fernández en mayo de 2014 y se sorprendió “por escuchar las voces del oficialismo que avalaron sus dichos y lo exculparon del hecho que se le atribuye”. Además cargó contra Cristina por haber impulsado una ley de expropiación de Ciccone “para hacer más compleja la investigación de la maniobra” dado que la entonces presidenta “siempre supo que Boudou ocupa la Vicepresidencia de la Nación solo por su decisión personal” y que “hasta aquí, le ha costado mucho admitir el error que ha cometido”.

Desde el kirchnerismo más duro es un hecho que también creen que Alberto es Presidente porque Cristina así lo quiso. Y quizá sea por ello que no entienden cómo todavía están presos los exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina. Y aunque el caso de Boudou –al igual que Jaime y el olvidado Schiavi– tiene triple conforme a nivel judicial, se sobreentiende que todo estuvo mal hecho y hasta se ha culpado a los medios de comunicación de haber ejercido presión para que así ocurriera. Pero hace casi siete años un hombre decía que “ya es imposible aceptar que todo lo que hoy se conoce sea tan solo el resultado de un impresionante accionar mediático; son demasiados los fallos judiciales que le restan razón a los argumentos con los que ha pretendido protegerse y son muchas las mentiras que se le han verificado”.

Muchos de los mencionados en esta nota lo contradijeron en aquel entonces y vuelven a hacerlo ahora. La diferencia es que el autor de esas líneas hoy es el jefe de todos ellos: el Presidente de la Nación.