19 abril, 2021

Las empresas eléctricas pidieron una suba de 30%, pero el Gobierno las convocó a una audiencia para negociar una tarifa de transición

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). Comienzan a acelerarse los plazos para lo que será el establecimiento de una nueva política tarifaria. Lo dijo el presidente Alberto Fernández y lo repitió el ministro de Economía, Martín Guzmán, este año habrá tarifas de transición y llegó el momento de definirlas.

El próximo 29 de marzo es la fecha indicada por la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, quien a través de la Resolución ENRE N° 54/2021 convocó a Audiencia Pública con el objeto de tratar el Régimen de Transición Tarifaria a la empresa Transener S.A.

Asimismo, por medio de las Resoluciones ENRE N° 55/2021, 56/2021 y 57/2021, se convocó a Audiencia Pública para el 29 de marzo a las 14:00 horas al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transba S.A., Distrocuyo S.A., Transpa S.A., Transco S.A., Transnea S.A. y Transnoa S.A, con el objeto de tratar el Régimen de Transición Tarifaria.

Imagen de archivo. Vista general de líneas eléctricas de alta tensión propiedad de la empresa estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Santa Catarina, en las afueras de Monterrey, México. 9 de febrero de 2021. REUTERS / Daniel Becerril
Imagen de archivo. Vista general de líneas eléctricas de alta tensión propiedad de la empresa estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Santa Catarina, en las afueras de Monterrey, México. 9 de febrero de 2021. REUTERS / Daniel Becerril

En todas las audiencias el ENRE expondrá el cuadro tarifario de transición propuesto para los próximos dos años, que tiene por finalidad “brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias”, según se informó.

La discusión que se plantea es cuánto se podrá incrementar la tarifa de los servicios, en este caso de la electricidad, que están congeladas desde mediados de 2019.

En principio, según confiaron desde las eléctricas, “ya fueron entregados todos los documentos con la información que solicitó el ENRE, en donde hay datos y números de la operación de las compañías y está incluido el pedido de incremento en donde no hay ningún misterio, es un 30% en la factura. La discusión a resolver es si la va a pagar el cliente o se va a pagar vía subsidios”.

El aumento que están solicitando las eléctricas está en línea con las gasíferas, pero hoy se conoció un informe de la Secretaría de Energía que clarifica un poco el estado de situación de los subsidios y que, para el caso del gas, establece un rango en el que debería incrementarse el valor del servicio.

Según el Informe Técnico que elaboró la Secretaría de Energía de la Nación, el Estado nacional está tomando actualmente a su cargo una porción equivalente al 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria. La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado para el año 2021 de $132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto Nacional 2021, generando un faltante de $56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones.

Las empresas piden aumento de tarifa o subsidios para mantener el servicioLas empresas piden aumento de tarifa o subsidios para mantener el servicio

En el documento también se señala que mantener inalterables las partidas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Nacional 2021, considerando la porción que se imputa a IEASA en concepto de volúmenes de origen importado (Bolivia y GNL) destinadas a financiar la porción que el Estado toma a su cargo del costo total del gas natural necesario para abastecer la demanda prioritaria, implicaría readecuar la proporción de ese costo que hoy toman a su cargo los usuarios, lo que implicaría que el componente gas debería ser corregido en un 63%, que se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 26% y el 35% para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.

Gabriel Matarazzo, tesorero de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), señaló que desde la Federación entienden que las tarifas al igual que los precios de los combustibles “tienen que guardar un equilibrio para que puedan ser pagables, que no afecten a la totalidad de la economía, pero que a la vez atraigan inversiones. Por eso, acompañamos todo trabajo que se realice para alcanzar ese balance. En este sentido, entiendo que el Gobierno va a ser sensato y no va a mantener las tarifas congeladas, como pasó en otros años, porque eso genera desinversión por parte de las empresas, lo que deriva en que no se pueda abastecer al mercado interno y haya que importar combustible, en un contexto en el que Argentina necesita que los dólares ingresen a la economía y no que salgan del país”.