El Gobierno reconoció ante la Corte Suprema la deuda con Córdoba y le pagará 5 mil millones por mes por la caja jubilatoria

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Compacto Político). La provincia de Córdoba logró firmar un primer acuerdo con el gobierno nacional, en el marco de la audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia sobre la deuda de un billón de pesos correspondiente a la Caja Jubilatoria.

Tras la segunda audiencia ANSES aceptó otorgar un adelanto de 60.000 millones de pesos, pagadero en 12 cuotas y a cuenta del 2025. En diciembre habrá otra audiencia para consolidar la deuda acumulada desde 2019 a 2024 y establecer un sistema de pago.

Después de una hora y veinte minutos, los representantes del Poder Ejecutivo y el gobernador Martín Llaryora lograron firmar un acuerdo ante el secretario de originarios del máximo tribunal.

El encuentro dio inicio esta mañana en la secretaría originaria que tiene a su cargo Alejandro Rodríguez. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, encabezó la comitiva provincial integrada además por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el máximo funcionario de la Caja, Adrián Daniele; además de letrados de la Provincia.

Por la Casa Rosada participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El acuerdo firmado consiste en la suma de 60 mil millones de pesos, que se pagarán desde mayo en cuotas de 5.000 millones de pesos. Estos fondos “son a cuenta del 2025”, explicaron quienes participaron de la audiencia, a Clarín.

La partida de fondos comprometida en este acuerdo no responde a las cifras judicializadas. Por ese motivo, el Gobierno y la provincia de Córdoba se comprometieron para una nueva audiencia a celebrarse 26 de noviembre también en la Corte Suprema.

El objetivo del nuevo encuentro es “conciliar las auditorías sobre la deuda acumulada desde 2019 a 2024 y una vez consolidad la misma, se establecerá la modalidad de pago que puede incluir bonos, inmuebles del Estado Nacional radicados en la provincia, entre otros”, explicaron fuentes oficiales de la provincia a Clarín.

El acta de la audiencia, a la que accedió Clarín sostiene que “la falta de colaboración de LAS PARTES suspenderá de pleno derecho la ejecución del presente acuerdo y habilitará a cursar intimaciones por el plazo de quince (15) días para reactivar tal colaboración recíproca, sólo en relación a lo que es objeto de la presente cláusula, manteniendo plena vigencia lo convenido en las cláusula primera del presente, aclarándose que las determinaciones definitivas aprobadas por ambas partes que se hubieren alcanzado hasta esa fecha; y las eventuales compensaciones ya efectivizadas, quedarán firmes y oponibles a los firmantes, todo lo cual deberá denunciarse en los procesos judiciales en curso”.

Se explicó además que los Resultados Definitivos del Sistema Previsional Provincial para los ejercicios 2017 a 2024 inclusive, “serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorias por parte de la ANSES, a través de las cuales se controlarán y verificarán los datos remitidos por LA PROVINCIA en cumplimiento de lo previsto en el Decreto No 730/18, sus normas complementarias y reglamentarias, con los alcances, términos, condiciones y facultades esgrimidas por las partes”, en este expediente.

“Con un espíritu de colaboración y diálogo institucional, decidimos avanzar en esta instancia. En conjunto con Nación, acordamos continuar con un trabajo técnico que nos permita a través de auditorías cruzadas determinar con precisión el monto exacto de la deuda con el sistema previsional cordobés y así comenzar a aliviar la situación financiera de la Caja”, destacó el gobernador peronista de Córdoba.

Según los números que reclama Córdoba -explicaron fuentes oficiales a Clarín- las transferencias reclamadas rondan los 17.000 millones de pesos mensuales, lo que en otras cosas, produjo “un retraso en la actualización de los haberes de los jubilados de la provincia, sumado a que el faltante de fondos se cubre con rentas generales”.

Por ese motivo, la provincia tiene dos reclamos específicos: la recuperación del flujo mensual que Anses hasta la firma del decreto presidencial que cortó esos envíos, y por otro lado el recupero de fondos a través del traspaso de bienes cuya titularidad están bajo dominio del Estado Nacional y que se encuentran en suelo cordobés, como ser Central Nuclear Embalse Río Tercero y 11.000 hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera.