No a la villa miseria audiovisual

Pasó lo que tenía que pasar: el Gobierno anunció el año pasado que habría 220 nuevos canales de TV y hace unos días debió dejar sin efecto el desproporcionado concurso.
¿Qué ocurrió? La demanda de pliegos de bases y condiciones fue más que acotada porque instalar un canal de TV no es algo sencillo ni barato. El Gobierno se desilusionó porque había más empresarios mediáticos interesados, en tanto que las entidades sin fines de lucro casi brillaban por su ausencia porque no tenían plata ni para comprar el pliego.
¿Qué esperaban? No es sólo cuestión de llenar el Salón Blanco de la Casa Rosada y hablar en cadena prometiendo más espacios y producciones para que sólo aplauda la, en buena medida, cooptada colonia artística.
Sin un plan técnico previsto para desplegar las nuevas ondas que se pretenden inaugurar y sin una partida dispuesta para sostener al sector comunitario, ¿creerán que por arte de magia sucederán las cosas?
En los últimos días se acumularon demasiadas novedades inquietantes respecto del mundo de los medios audiovisuales. Además de dejar sin efecto el concurso mencionado, el oficialismo copa lugares sin hacer espacio a la oposición como la propia ley de medios contempla y demanda.
Mientras la Presidenta se victimiza por "la cadena nacional del miedo y el desánimo" (nuevo apodo de los "medios hegemónicos" y flamante eslogan con que luego machacan las usinas propagandísticas de 6,7,8 y afines), bloquean el ingreso de la oposición en la comisión bicameral que sigue la instrumentación de la ley, tanto como en el directorio de Afsca (cuyos dirigentes ahora sí quieren entrar, después de haberse negado tontamente en tiempos de su superioridad numérica en el Congreso).
También conformó, exclusivamente con propia tropa, la Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación a la ley 26.522 y envió a los medios una cédula de notificación para que informen si se adaptan a esa legislación, sin esperar siquiera que se extinga la cautelar interpuesta por el Grupo Clarín para frenar el artículo 161 de desinversión, que la Corte Suprema dispuso para el próximo 7 de diciembre.
En su libro El desafío digital en la televisión argentina, que escribió el coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Oscar Nemirovsci (Eduntref, Buenos Aires, 2011), se usa en forma repetida una palabra de resonancias políticas ásperas como "apropiación", pero en este caso aplicada a la "apropiación social de las tecnologías de la comunicación y la información". Agrega el funcionario en su obra que "quien domina el sentido del lenguaje domina la construcción social de su entorno", aunque eso después no se constata en los resultados electorales.
Analiza Nemirovsci que hasta ahora el medio televisivo estuvo centralizado en su producción, con sentido meramente mercantilista, regido por la publicidad y el rating, y cada vez más concentrado en pocas manos.
"El gran desafío de la televisión digital es revertir este escenario", se entusiasma el autor que ve en la ley de servicios de comunicación audiovisual el pasaporte a "la diversidad de voces, el pluralismo informativo, la no concentración y la federalización de la producción".
En la TV "el poder de lo simbólico alcanza su máxima alzada", enuncia Nemirovsci, pero enseguida vuelve a preocuparse: "El valor de lo relatado y el poder de quien lo relata" depende por ahora del "centralismo del sistema" al advertir que el 86% de las retransmisiones a todo el país provienen de Telefé y El Trece.
Pero recupera optimismo al advertir que con la mayor compresión de señales que brinda la digitalización podrá multiplicarse su cantidad que, por el momento, en el sistema de la TV abierta, se reduce a 44 canales (33 privados, diez autorizados para estados provinciales y uno dependiente de una universidad).
De todos modos, parece un tanto exagerado, más a la luz del concurso frustrado, que en los próximos dos años puedan aparecer más de 300 servicios de televisión abierta en manos de "nuevos sujetos sociales" y "organizaciones sin fines de lucro", como sueña Nemirovsci.
La ley de medios previó, sólo en teoría por lo visto, dividir el espectro en tres áreas (pública, privada y comunitaria). Pero para que se haga realidad este último sector debería disponer algún fondo de financiación.
Hace unos días, tras el papelón de la marcha atrás en los concursos, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, salió a decir que ahora el Gobierno le quiere dar "más oportunidades al sector no comercial" y "prioridad" sobre el privado (lo cual implicaría una suerte de discriminación y favoritismo hacia un sector por sobre otro). Afsca, por su parte, dijo que bajaría el precio de los pliegos y que prevalecería una mirada "inclusiva".
En tanto que el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) expresó su agrado por estas condescendencias (que hasta ahora son sólo de palabra), el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias denunció que les piden "sustentabilidad".
Solicitarles a los comunitarios ese requisito es prácticamente como asimilarlos al sector comercial. Significa tener con qué afrontar los gastos que implican la onerosa puesta en marcha de un canal y mantenerlo en el aire y luego tener una rentabilidad que permita cubrir esos gastos. Para lograrlo de esta manera necesitarían dos cosas: 1) audiencia y 2) ingresos publicitarios. Nada nuevo bajo el sol.
¿Puede haber ambas cosas para más de 200 nuevos canales cuando en Buenos Aires (la ciudad con mayor riqueza del país) sólo dos canales (Telefé y El Trece) ganan dinero y los demás son deficitarios?
Si quiere cambiar la "lógica imperante", el Estado debería crear un ente público no gubernamental serio y pluralista que contara con recursos propios para financiar un número acotado de nuevas señales comunitarias de calidad elegidas por un concurso abierto de antecedentes y proyectos.
El dinero utilizado en las transmisiones televisivas estatizadas del fútbol (una actividad que este año ya devora más de 900 millones de pesos del erario público, pero que siempre encontrará a privados dispuestos a retomar la posta) bien podría ir a parar a este destino mucho más noble que, obviamente, no despertará el mismo interés en los particulares, ya que no es posible pensar en un recupero en ese tipo de inversión.
En la medida en que sólo se piense en lanzar canales comunitarios a como dé lugar, caóticamente y sin una planificación bien pensada por expertos, ese tercer sector sólo podrá aportar al espectro televisivo una suerte de villas miseria audiovisuales poco atractivas que nadie mirará y condenadas a mendigar sustentos vidriosos para sobrevivir y, por lo tanto, expuestas a presiones de los poderes nacional, provincial o municipal con los que les toque negociar su continuidad en el aire..
* Especial para La Nación