Coimas: hubo una alerta de un funcionario venezolano

Primero fue el embajador argentino Eduardo Sadous; luego, un denunciante local con identidad reservada, y, a ellos, se sumó una tercera voz que planteó el pago de sobreprecios en Venezuela para la compra de maquinarias argentinas. Esa alarma llegó desde Venezuela y la dio un funcionario chavista, según reconstruyó LA NACION sobre la base de tres fuentes independientes entre sí.
Su origen fue la Defensoría del Pueblo bolivariana, que envió una carta formal a Buenos Aires para avisar que había recibido "presentaciones", sin detallar de quiénes o cuántas, "cuestionando presuntos pagos de sobreprecios en la operatoria [del fideicomiso] por parte del Estado venezolano".
Firmada por el entonces defensor del pueblo venezolano y actual embajador multilateral en Ginebra, Germán Mundaraín Hernández, la misiva oficial también pedía la colaboración de su contraparte argentina de entonces, Eduardo Mondino, para recolectar información en la Argentina sobre los precios finales de venta de las maquinarias.
Mundaraín también solicitó la ayuda local para otro punto preciso de su pesquisa: quería detalles sobre el acuerdo bilateral que sentó las bases para armar el fideicomiso que ahora es centro de las sospechas sobre el presunto cobro de coimas por hasta el 15% de cada operación por el entonces embajador comercial en las sombras para Venezuela, Claudio Uberti.
Mondino reconoció ayer aquella solicitud de su par venezolano, que lo había abordado en España. "En una convención internacional, [Mundaraín] me hizo un comentario sobre estos convenios y me acuerdo haberle dicho «mándeme una nota»", rememoró, lo que concretó poco después. "Me envió una nota en la cual manifestaba su preocupación".
La nota se incorporó al expediente administrativo en la que, desde junio de 2006 ?más de un año antes?, la Defensoría local hurgaba en la exportación de maquinarias agrícolas a Venezuela con la intermediación de la firma Palmat, a la que el denunciante de identidad reservada había vinculado a Claudio Uberti, contralor de las concesiones viales (Occovi) y, en la práctica, embajador comercial en las sombras en Caracas.
El funcionario, según relató el denunciante y reveló ayer La Nacion, decidía "cuáles son las empresas nacionales que participan o no; las elegidas deben pagar una comisión del 15% sobre el precio CIF (Costo/Seguro/Flete) del producto al recaudador de Uberti, que en este caso es una persona de nombre José Rodríguez, alias «Pepe»".
El informante tenía datos precisos. En particular, porque cuando alertó a la Defensoría, Rodríguez no aparecía aún en los papeles de la operatoria, lo que sólo ocurrió meses después, con la irrupción de la firma local Madero Trading y el traspaso del negocio de Palmat Internacional, con sede en Miami, a Palmat Intertrade, radicada en Panamá, un paraíso fiscal.
Tras el envío de aquella misiva, sin embargo, algo ocurrió en Venezuela. Mundaraín Hernández se desinteresó por su propia solicitud. Sólo se comunicó un par de veces por teléfono con Mondino, según recuerdan en la Defensoría del Pueblo local, y prometió que enviaría precisiones sobre aquellas "presentaciones" que dijo haber recibido en Caracas, pero nunca lo efectivizó.
Día del escándalo
"Luego él dejó su cargo y la defensora que asumió [por Gabriela Ramírez] no manifestó ningún interés en la causa", afirmó Mondino ayer en declaraciones radiales. Su equipo continuó hasta fines de 2008 con la pesquisa sobre Palmat y sus vínculos con la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma).
Las suspicacias sobre aquel pedido venezolano, sin embargo, comenzaron a arreciar entre Mondino y quienes investigaban las presuntas irregularidades dentro de la Defensoría del Pueblo local. Entre otros motivos, porque Mundaraín firmó aquella carta el 6 de agosto de 2007, mientras el presidente Hugo Chávez se encontraba en la Argentina.
Ese día también resultó singular por una razón más escandalosa, según reveló La Nacion meses después. Cerca de las 18 de ese lunes, Guido Alejandro Antonini Wilson asistió a un acto de Chávez y Néstor y Cristina Kirchner en la Casa Rosada, dos días después del decomiso de una valija con casi US$ 800.000 en el Aeroparque porteño.
Poco más de cuatro meses después, además, y ya con el escándalo por el "maletinazo" en plena ebullición en Miami, Mundaraín completó su mandato de 7 años al frente de la Defensoría, el órgano que encarna la máxima instancia del "Poder Ciudadano" reconocido por la "Constitución Bolivariana" de 1999.
Sin embargo, el retorno de Mundaraín al sector privado duró poco. En mayo de 2008 se anunció su designación como embajador a cargo de la Misión Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) y Organismos Internacionales en Ginebra, donde La Nacion intentó contactarlo, pero no respondió a las sucesivas llamadas.
"Sospechamos sobre cuál pudo ser el verdadero interés por pedirnos datos desde Venezuela y si quizá buscaban saber cuánta información sensible habíamos recolectado", comentó una fuente de la Defensoría a La Nacion. "Desde allá nos dijeron que tenían datos sobre que las maquinarias argentinas costaban más caro de lo normal, pero después no se interesaron más por el tema."