Diputados y Senadores quieren echar a Aníbal Fernández.
Diputados de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y el PRO presentaron un proyecto de ley para reglamentar el tratamiento de una moción de censura de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional.
La iniciativa que no cuenta con la adhesión de los bloques de centroizquierda de Pino Solanas y compañía, lleva las firmas de los diputados Enrique Thomas, Felipe Solá y Natalia Gambaro, del Peronismo Federal; Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica; de Rubén Lanceta de la UCR y de Paula Bertol, del PRO.
La posibilidad de moción de censura fue incluida en la reforma constitucional de 1994 como parte de los acuerdos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. En busca de darle mayor fortaleza al Congreso en su relación de poder con el Ejecutivo, se la incluyó en los artículos 71 y 101 de la Constitución de la Nación Argentina.
El artículo 71 establece que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes". En el 101, donde está "la obligación del Jefe de Gabinete de concurrir al Congreso al menos una vez por mes, dice que el funcionario "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".
A mediados del mes de Abril de este año 2010, la UCR también plantea una "moción de censura" contra Aníbal Fernández y pidió su remociónal. Lo acusan de "descalificar públicamente" a Julio Cobos y al Senado. Además, le endilgan haberle ordenado a la Policía Federal que incumpla una orden judicial.
El proyecto de la UCR dice en los fundamentos que la moción es "por haber descalificado públicamente al presidente del Honorable Senado de la Nación y a la Cámara de Senadores, como así también por haber ordenado incumplir con una orden judicial, arrogándose funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución nacional y conculcando con este accionar la división de poderes establecida en nuestra República".
Lo firman el titular de la bancada, Gerardo Morales, y los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero de Mendoza, el chaqueño Roy Nikisch, Luís Naidenoff de Formosa, Ramón Mestre de Córdoba, el santiagueño Emilio Rached, el pampeano Juan Carlos Marino, el santacruceño Alfredo Martínez, Mario Cimadevilla de Chubut, Eugenio "Nito" Artaza de Corrientes y el entrerriano Arturo Vera, junto a los senadores del Frente Cívico de Catamarca, Oscar Castillo y Blanca Monllau.
Dos ejes motivan la iniciativa de alto voltaje institucional. Por un lado, los dichos, vertidos permanentementes de Aníbal Fernández contra el presidente del Senado, Julio Cobos; y, por el otro, el incumplimiento, que el propio funcionario admitió, de la orden Judicial de allanar la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, en diciembre pasado.
El conflicto se desató cuando el magistrado José Sudera dispuso poner en funciones a los representantes de la lista Celeste, que -según la Justicia del Trabajo- había triunfado en las elecciones de Aeronavegantes, decisión judicial fue ratificada por un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo", afirman y añaden que "ante tal accionar el juez denunció por desobediencia al comisario José Luis Villamayor, quien se negó a habilitar la entrada al edificio del gremio y quien manifestó que el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández había dado la indicación de que el Magistrado se contacte con su persona" ya que calificaba la orden judicial como inconstitucional.
En caso de conseguir la censura y su remoción, el Congreso debe comunicar al PEN su decisión y el funcionario dejará automáticamente el cargo.
