Avanza en el Congreso la ley para elevar el mínimo jubilatorio al 82%

Desde el Congreso surgieron buenas noticias para los jubilados y pensionados. Este martes 29/06, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hubo dictamen al proyecto de ley que fija la jubilación mínima en el 82% del sueldo mínimo –implicaría subirla de $ 895 a $ 1.230 mensuales-, reajusta los haberes de acuerdo al fallo Badaro de la Corte Suprema y establece que las jubilaciones se ajustarán de acuerdo a la evolución de los salarios.
"Hoy es un día histórico ya que firmamos dictamen de mayoría sobre un proyecto que le va a dar a los jubilados la prioridad que establece la Constitución. Es un deber y un acto de justicia aumentar y recomponer las jubilaciones”, sostuvo la diputada nacional de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, durante el debate en la Comisión de Previsión y Seguridad Social del proyecto que obtuvo dictamen de mayoría, con 16 firmas, para aumentar y recomponer los haberes jubilatorios.
En la Cámara de de Diputados el proyecto deberá sortear otro paso antes de ingresar al recinto para ser tratado: el visto bueno de la Comisión de Presupuesto, controlada por el oficialismo, que viene retaceando reunirse para no avalar la iniciativa.
De todos modos, los opositores advirtieron que presionarán para que la comisión se reúna. Y aclaran que el reglamento establece que si pasan 30 días y no hay reunión, automáticamente quedaría firme el dictamen de Previsión. Y con eso sería suficiente para que el proyecto pueda llegar al recinto.
El proyecto es el resultado de un acuerdo de todos los bloques opositores como la Coalición Cívica, Proyecto Sur, Socialismo, UCR, Peronismo Federal, Pro y GEN.
El presidente de la Comisión de Previsión de la Cámra Baja, el peronista disidente Marcelo Ibarra, aclaró que “el objetivo es que ningún pasivo cobre menos del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil”, es decir, “atada al salario del trabajador activo”.
“Se busca universalizar el caso Badaro para evitar el caudal de juicios que ese fallo generó”, expresó el legislador sanjuanino, que reconoció que se trata de “un tema difícil y escabroso en la política y el Parlamento. Todavía no se terminaron los acuerdos necesarios”.
Ibarra aclaró que aplicar el 82% móvil “significa dieciséis mil millones de pesos que fácilmente pueden salir de los ahorros del Poder Ejecutivo. No hay que poner mala onda, como hacen el jefe de Gabinete y el ex presidente –Néstor- Kirchner”.
Desde la otra vereda, el diputado kirchnerista formoseño Juan Carlos Díaz Roig cuestionó duramente la aplicación del 82 por ciento móvil porque se llega a un plenario de comisiones entre Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda “sin que discutieran los asesores y sin convocar a los técnicos del ANSeS”, con lo cual, dijo se “viola la costumbre parlamentario de un siglo”.
En respuestas a los duros discursos de los opositores, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Patricia Fadel, disparó: “No se puede usar la plata para hacer demagogia política y hacer lo que se quiere porque solamente la oposición ahora tiene el número”.
En el Senado
La mayoría opositora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con el apoyo de la oficialista Adriana Bortolozzi, los senadores opositores que forman parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta firmaron este martes 29/06, un dictamen de mayoría en relación con la iniciativa de ley que fija los haberes provisionales en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
La iniciativa, de la que son autores el socialista Rubén Giustiniani y el radical Gerardo Morales, prevé elevar la jubilación a mínina actual de 895 a 1.350 pesos , y establecer el índice móvil del 82 por ciento para los retirados que perciben los valores más bajos.
Giustiniani rechazó el proyecto fuera "demagógico" e "inviable" en el actual contexto económico y sostuvo que es posible "sacar ahora mismo a los jubilados de la pobreza".
Para el senador santafecino, el costo de la suba al 82 por ciento implicaría un costo anula de 22.406 millones pesos, cifra que pueden ser cubierta por los niveles de superávit de la Anses, que el propio Bossio estimó, dijeron, en 54.000 millones de pesos.
Suscribieron el dictamen a favor de la suba, además de Morales y Giustiniani, los radicales Alfredo Martínez, titular de la comisión, Eugenio Artaza y Laura Montero, el PJ federal Adolfo Rodríguez Saá, la cívica Eugenia Estenssoro y la oficialista Adriana Bortolozzi.
Participaron sin firmar el dictamen los kirchnerista Miguel Pichetto, Blanca Osuna, Eric Calcagno, Eduardo Torres y Beatriz Rojkes de Alperovich.
El titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto advirtió que antes de suscribir cualquier dictamen, los legisladores debían escuchar las explicaciones de Boudou y de Bossio respecto de los costos del aumento de las jubilaciones y las consecuencias para la macroeconomía nacional.
Los funcionarios deberán presentarse en la próxima reunión de la comisión, que se realizará el martes 13 de julio.
Los últimos datos de la ANSeS marcan que hay 5.897.000 jubilados y pensionados, de los cuales 4.213.000 cobran el haber mínimo que hoy es de $ 895. Además hay otros 803.000 que cobran menos de $ 1.230. Así, de aumentar la mínima al 82% del sueldo mínimo, un poco más de 5 millones de jubilados y pensionados cobrarían hasta $ 335 por mes de aumento. Luego cada vez que suba el salario mínimo, automáticamente se ajustaría el haber mínimo. También hay casi 900.000 pensiones no contributivas fuera del sistema previsional que abonan al 70% del haber mínimo.
Otro punto del proyecto plantea reajustar los haberes de acuerdo al caso Badaro por el que la Corte Suprema estableció un incremento del 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006, período en el que la ANSeS ajustó las jubilaciones entre el 10 y 22%. Se estima que en igual situación que Badaro habría un poco más de un millón de jubilados, de los cuales el grueso inició ya demandas judiciales. Una parte de estos jubilados podrían beneficiarse con la suba del haber mínimo, en cuyo caso cobrarían ese aumento más la diferencia por el ajuste Badaro.
El pago de la retroactividad sería considerado más adelante, aunque aquellos jubilados que ya tienen sentencia favorable firme cobrarían la retroactividad de acuerdo a lo dispuesto por los jueces, según Clarín
El tercer punto del proyecto modifica la actual ley de movilidad que establece el ajuste de los haberes dos veces por año (marzo y septiembre) según una fórmula compleja que combina dos índices, que incluyen la evolución de los salarios, de los impuestos que van a la Seguridad Social, los ingresos totales de la ANSeS y el padrón del sistema. El proyecto plantea que la movilidad se ajuste también 2 veces por año pero tome en cuenta exclusivamente la evolución de los salarios, de acuerdo al índice del INDEC o el RIPTE, de la Secretaria de Seguridad Social, de ambos el que arroje el porcentaje más alto.