Sigue en debate un proyecto para prohibir los desarmaderos de autos

Las comisiones de seguridad interior y de justicia y asuntos penales –que preside la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal) del Senado de la Nación, continuaron esta tarde junto a invitados y expertos, con la discusión del proyecto para prohibir los desarmaderos de automóviles y la compra-venta de autopartes usadas, impulsado por el jefe de la bancada oficialista Miguel Pichetto.
Una vez más se escucharon críticas en torno a la iniciativa, en este caso en boca del titular de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros Francisco Astelarra y del gerente general del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Fabián Pons.
Astelarra sostuvo que lejos de ser “una herramienta eficiente”, al contrario la medida “va a aumentar los robos y la proliferación de “microdesarmaderos” hasta en los jardines de las casas. Además, indicó que hoy “la policía está facultada para realizar allanamientos y secuestros de piezas de origen dudoso” y que “la prohibición de la compra venta de autopartes va a fomentar el mercado negro, incrementará el costo de las reparaciones de vehículos y de las primas de los seguros.
Por su parte, Pons dijo que era “un problema de oferta y demanda”, que en parte se explica porque las automotrices no tienen la obligación de fabricar autopartes. Se roban alrededor de 58 mil autos por año en la Argentina, de los cuales el 51% se concentra en la provincia de Buenos Aires, el 27 en Ciudad de Buenos Aires, y el 22 restante en el interior del país. Precisamente es en las capitales provinciales donde se produjo el mayor incremento desde 2003 a la fecha.
Dijo, además, que de avanzar con la norma propuesta original por Pichetto “el país iría a contramano de los países desarrollados que siguen cuatro principios: reducir, reutilizar, reciclar y valorizar”, con un sentido que persigue, además, el cuidado del medio ambiente.
En virtud de las críticas recibidas, con ayuda del Juez del tribunal Oral Nº 1 de Morón Julio Baez, el senador Pichetto presentó esta tarde un predictamen con importantes modificaciones introducidas al texto original. El magistrado explicó que la idea es “reprimir sólo la ilegalidad” y “restringir la comercialización sólo a quienes cuenten con autorización legal de la autoridad competente”.
Emergencia y situación carcelaria

Además, tal como lo hicieran la semana última, siguieron con el debate de otra iniciativa relacionada con la inseguridad, presentada por Hilda “Chiche” Duhalde, que propone declarar la emergencia por el término de un año. El proyecto, entre otras medidas, impulsa acciones en materia de política penitenciaria y por tal motivo se invitó a las autoridades de Patronato de Liberados y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En tal sentido, la senadora Escudero puso como ejemplo la situación de los presos federales en la provincia de Salta. “Hay muy pocas plazas. Los condenados por delitos federales son alojados en cárceles provinciales. Son más de 800 los presos federales en la provincia y la nueva cárcel de General Güemes, aún en construcción, sólo tendrá capacidad para 488 personas”, sostuvo.
“Hay que construir nuevas cárceles para que quienes estén detenidos tengan garantizados plenamente sus derechos humanos, y para que cumplan con la finalidad de lograr su reinserción en la sociedad”, agregó la legisladora.
Al respecto el presidente del Patronato de Liberados, Hugo Cataldi aclaró ante los senadores que la asociación civil únicamente se ocupa del seguimiento de las personas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. En total, durante 2009 y lo que va de 2010 se ocuparon de 2673 casos, de los cuales es difícil determinar las tasas de reincidencia ya que no existe una base de datos unificada a nivel país. Señaló que la única estadística disponible indica que hay un 4.3% de nuevas detenciones. Reclamaron, por último, políticas de reinserción laboral y social de los ex detenidos y condenados.
Por su parte, la directora ejecutiva adjunta y la responsable del Programa de Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Andrea Pochak y Paula Livachky, respectivamente, pusieron el foco en la necesidad de abordar la problemática de los sistemas penitenciarios como un asunto de derechos humanos y no de inseguridad.
Por su parte, Livachky señaló que “el 50% de los presos del país se concentra en la provincia de Buenos Aires y que tanto Mendoza como Salta presentan problemas” en su sistema carcelario. Asimismo, manifestó que organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “remarcaron su preocupación por el hacinamiento y las condiciones infrahumanas de detención”.
Estadísticas
Con respecto al crecimiento de la población carcelaria, señaló que el número de detenidos en el país se duplicó y que en el caso particular de la provincia de Buenos Aires entre 1990 y 2010 pasó de 71 cada cien mil personas a 198 cada 100 mil personas.
A pesar de que en los últimos 20 años se construyeron 532 mil metros cuadrados de superficie carcelaria en la provincia de Buenos Aires, según datos del Ministerio de Seguridad, hay un 100% de superoblación. “Es una prueba evidente de que la construcción de cárceles no es la salida a los problemas de inseguridad”, agregó Livachky.
Desde el CELS dejaron sentado la necesidad de “racionalizar las penas”, empezar a discutir una “ley de sobrepoblación carcelaria” y la creación de un comité nacional que monitoree las condiciones de detención en cárceles, institutos y comisarías.
Chiche Duhalde por su parte, reclamó el respeto “de los derechos humanos de las personas decentes a caminar tranquilos por las calles. Sólo en la provincia de Buenos Aires hacen falta 10 mil plazas en las cárceles”, manifestó. “Mientras tanto, la sociedad está pidiendo que hagamos algo. La emergencia es para darle herramientas a la Presidenta para que invierta en lo que es la mayor preocupación de la gente que es la inseguridad”, sostuvo.
El CELS criticó la iniciativa que calificó de “retroceso”. No se puede seguir generando políticas de seguridad espasmódicas que demostraron ser ineficientes”, acotó Andrea Pochak.
Como era de esperar, el presidente de la bancada oficialista Miguel Pichetto adelantó que el Frente para la Victoria no acompañaría el proyecto. “El gobierno nacional no tiene políticas reclamativas sino que hace esfuerzos en la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad”, dijo. “El Congreso tiene a que trabajar contra los delitos organizados”, agregó.
El tema seguirá en discusión en el seno de las comisiones.