Chile analiza denunciar al Gobierno de CFK ante la CIDH por Apablaza

El presidente chileno Sebastián Piñera le pidió, en persona, a Cristina Fernández que concediera la extradición de Apablaza para juzgarlo en su país. El Gobierno, anteayer, resolvió darle asilo y se tensó la relación bilateral. “Es un retroceso”, dijo el mandatario.
Una vez resuelta la postura conjunta de los mandatarios latinoamericanos convocados de urgencia por la crisis de Ecuador, en la madrugada de ayer y desde Buenos Aires, el presidente chileño Sebastián Piñera dejó claro su fuerte malestar por la decisión argentina de otorgar asilo político al ex guerrillero trasandino Galvarino Apablaza Guerra. “Significa un retroceso para la causa de la justicia y los derechos humanos en mi país”, sostuvo.
De regreso a Santiago, el jefe de Estado fue más allá y precisó que la resolución “no ayuda en nada en las relaciones entre Chile y Argentina” y el gobierno trasandino evalúa distintos cursos de acción para lograr que sea juzgado en ese país el último jefe del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez (FPMR). El “Comandante Salvador”, como lo llamaban en sus filas, fue una figura clave de ese grupo armado que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet y luego siguió operando en plena democracia.
Piñera pretendía –al igual que sus antecesores, los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet– que concedieran la extradición de Apablaza, acusado por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio. Ambos hechos ocurrieron en 1991, durante la gestión de Patricio Aylwin. Finalmente, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), resolvió anteayer darle refugio en la Argentina.
De 60 años, el ex guerrillero reside en una quinta en el distrito bonaerense de Moreno, junto a su esposa, Paula Chahín, –que trabaja en el área de prensa de la Casa Rosada– y sus tres hijos. Justamente, uno de los fundamentos de la resolución oficial consiste en no destruir la “unidad familiar”, según indica el fallo al que accedió este diario (ver aparte).
“Galvarino Apablaza cometió un crimen en Chile, está siendo procesado en nuestro país por la Justicia chilena y, desgraciadamente, ese proceso se ve interrumpido por una decisión de la Conare argentina”, explicó ayer Piñera. La causa se reactivó luego de que hace un mes, en una entrevista en el canal Chilevisión, otro miembro de la cúpula del FPMR hoy preso en Brasil, Mauricio Hernández Norambuena, declarara que la orden de matar a Guzmán fue tomada por la cúpula. Así, dejó implicado a Apablaza, quien reivindica su inocencia.
En Chile, el reclamo por el esclarecimiento del crimen engloba a casi todo el arco político, desde el Partido Socialista, la Concertación y la conservadora Unión Democrática Independiente, espacio fundado por el legislador asesinado y uno de los aliados del actual presidente. En diálogo con PERFIL, el senador Hernán Larraín, referente de la UDI, tildó la decisión de la Conare de “provocación” y dijo que este asunto se convertirá en “una piedra en el zapato” en la relación bilateral.
“Esperamos que esta resolución no sea definitiva y que la última palabra la tenga la Presidenta. No entendemos cómo la Corte argentina avaló la extradición y un organismo político dijo lo contrario”, enfatizó. “Estamos explorando la posibilidad de recurrir a otras instancias, como por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, confió el legislador.
La resolución de la Conare se conoció anteayer, al mismo tiempo que se desató la rebelión policial contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Ese episodio alertó a la región y Cristina Fernández, en su rol de presidenta pro tempore de la Unasur, convocó una cumbre de urgencia en Buenos Aires. Por eso, el Estado chileno no fue notificado oficialmente del affaire Apablaza: la Presidenta no quería que ese dictamen se entrometiera en la reunión de ayer; por eso no hubo comunicación formal y los voceros del Gobierno evitaron referirse a la cuestión.
La Casa Rosada ya tenía resuelto otorgar refugio al ex guerrillero. Era un pedido del amplio espectro de organizaciones de derechos humanos, entre otros, de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Agrupación Hijos, el Serpaj (de Adolfo Pérez Esquivel), y el CELS.
Si bien del lado argentino buscaron minimizar el impacto, en Chile hubo fuerte rechazo. En el Congreso hubo declaraciones de repudio. La titular de la Cámara baja, Alejandra Sepúlveda, sostuvo que esta decisión “altera la relación”. Sólo el Partido Comunista y organizaciones de izquierda celebraron el desenlace. El presidente del PC chileno, Guillermo Teiller, pidió “respetar la institucionalidad trasandina” y no “enemistarse con una nación amiga”.
Acto en José C. Paz
Después de una larga y tensa noche, que terminó a las cuatro de la madrugada, Cristina Fernández reapareció ayer al mediodía en un acto en José C. Paz, acompañada por su esposo y secretario de la Unasur, Néstor Kirchner, y por el gobernador Daniel Scioli. Allí dio un fuerte apoyo al presidente ecuatoriano Rafael Correa y advirtió sobre otros intentos golpistas.
“Hay sutiles formas de desestabilización, como mentir, tergiversar y tratar de que nos enfrentemos entre los argentinos”, sostuvo, en referencia elíptica a los medios de comunicación y la oposición. “No me castigan por mis errores, me castigan por mis aciertos”, completó.
La Presidente reivindicó el papel argentino en la región. “Me acuerdo de que muchos me criticaron cuando no reconocimos a Honduras. Qué importa Honduras, que parecía una cosa lejana y exótica. Ahora, los tiros sonaron cerca en el vecindario. Entonces, no dudé en convocar a los presidentes para apoyar la democracia en Ecuador”, relató en el acto.