La SIP reclamó al Gobierno terminar la campaña de acoso contra los medios
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó hoy al gobierno nacional que "cese la campaña de acoso" contra "Papel Prensa y sus accionistas" y le pidió que "arbitre los medios para que sus funcionarios y referentes promuevan un actitud de tolerancia a la labor periodística".
También exhortó al Poder Ejecutivo a "poner en práctica mecanismos que eviten el uso partidista o sectario de los medios estatales, evitando que sean empleados como órganos de difusión gubernamental y estigmatización de otros sectores de la sociedad", según consignó DyN.
La SIP finalizó hoy su 66 Asamblea en la ciudad mexicana de Mérida y emitió varias resoluciones de las cuales tres estuvieron vinculadas a la Argentina y fueron aprobadas por unanimidad: una sobre medios públicos, publicidad oficial y ley de medios; otra sobre Papel Prensa, y la tercera referida a "ataques a medios y periodistas".
Durante la reunión, en la que se eligió a Gonzalo Marroquín, de Prensa Libre de Guatemala, como nuevo presidente de la entidad, la SIP emitió un documento referido a la situación regional de la prensa y en el que menciona expresamente a la Argentina.
"Más de 575 miembros de la SIP de todo el hemisferio mantuvieron debates enfocados en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y la Argentina, donde los gobiernos están empleando un abanico de medidas antidemocráticas como represalia contra los medios independientes, buscando ubicar el flujo de noticias e información en manos de entidades controladas por el Estado", expresó en sus conclusiones.
El documento señaló que "en la Argentina una campaña oficial contra la prensa ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes". Y añadió: "Las regulaciones están diseñadas para ejercer el control estatal del papel periódico, las licencias de radiodifusión y el contenido audiovisual, así como para cancelar arbitrariamente licencias para la prestación de servicios de Internet".
En una de las resoluciones, la SIP solicitó "a las autoridades argentinas el cese de la campaña de acoso administrativo y otros hostigamientos contra Papel Prensa y sus accionistas, a fin de permitir el normal funcionamiento de la empresa que abastece a gran parte de los diarios argentinos".
También alertó "tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo sobre el peligro que entraña la intervención estatal en el mercado del papel, ya que -como lo demuestran los antecedentes históricos- los controles oficiales sobre este insumo básico mismo pueden ser utilizados como elemento de presión indirecta sobre la prensa".
En ese marco, instó "a los poderes públicos de la Argentina a mantener la política de libre producción, importación y comercialización del papel, que desde hace largos años rige en la Argentina, evitando la intervención del Estado en las empresas privadas".
En los considerandos de esa resolución, la SIP habló de una "escalada oficial contra Papel Prensa" que "se ha profundizado a través de un incesante hostigamiento administrativo y judicial hacia la compañía y sus socios privados, que llegó a incluir escenas de violencia protagonizadas por funcionarios públicos".
Explicó que "detrás de la escalada existe un interés de control estatal de la producción y comercialización de papel para diarios".
En la otra resolución, la SIP saludó "los avances registrados en el Congreso Nacional en pos del dictamen de un proyecto de ley que regule la publicidad oficial, con pautas objetivas que incluyan criterios de eficiencia, ecuanimidad y pluralismo en la materia, e instar a las distintas fuerzas políticas a la pronta sanción de dicha ley".
Solicitó, además, al Parlamento "el debate y la sanción de un marco legal sobre los medios públicos, que asegure criterios permanentes de independencia editorial, pluralidad informativa, diversidad ideológica y solvencia profesional para la gestión de sus contenidos".
En los considerandos, la entidad señaló que "en el último año ha crecido de manera exponencial el sistema oficial y paraoficial de medios de comunicación, financiados por el uso discrecional de recursos públicos" y se refirió a "la utilización de los medios estatales como herramientas de propaganda gubernamental; y en muchas ocasiones como instrumento de estigmatización de otros actores institucionales, incluyendo medios y periodistas".
También cuestionó "la reciente creación de un sistema de TV digital estatal" por entender que "se inscribe en esta tendencia de fortalecer el dispositivo comunicacional oficial" y que "pese a estar suspendidos varios de sus artículos por la Justicia, el Gobierno avanzó con la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con un espíritu aún más intervencionista, lo que le da mayor discrecionalidad y control sobre licencias y contenidos que el propio texto legal".
Condenó, por último, "cualquier tipo de amenaza, agresión verbal o violencia física contra editores y periodistas, favoreciendo un clima donde puedan expresarse, sin temores ni intimidaciones, el disenso y la crítica".
