Para un pacto, el problema es Moyano

¿La muerte de Néstor Kirchner ha abierto espacio a una experiencia de diálogo y negociación, o el Gobierno seguirá apostando al conflicto como usina insustituible de poder?
Cristina Kirchner demostró en las 48 horas que transcurrieron entre el jueves y el viernes pasados que esa pregunta está mal formulada. La decisión de administrar el país sin un nuevo presupuesto y el discurso en la conferencia de la Unión Industrial Argentina demostraron que ella hará depender el diálogo o la ruptura de la identidad del interlocutor. Es decir, se seguirá negando a un acuerdo con las fuerzas con representación parlamentaria y apostará todo a un pacto con empresarios y sindicalistas.
El kirchnerismo vuelve así a dejar en claro que, más allá de algunas licencias retóricas, su concepción de la vida pública está afincada en el corporativismo que inauguró Juan Domingo Perón en los años ’40. En estos días aparecieron algunas condiciones que facilitan esa concertación entre sectores. Una de ellas es la muerte de Kirchner. La Presidenta sabe que su esposo era el principal obstáculo que encontraban sus "Acuerdos del Bicentenario". Cada vez que esa idea adquirió forma, el ex presidente se encargó de desbaratarla. La suscripción de un compromiso público era insoportable para alguien que, como le sucedía a él, no toleraba la más mínima restricción a su voluntad.
La necesidad de poner algún freno a la inflación es otro estímulo para relanzar ese entendimiento entre las corporaciones y el Gobierno. Kirchner sigue conduciendo la economía desde ultratumba: la política monetaria y la política fiscal no serán corregidas si eso supone sacrificar el ritmo de crecimiento. Además, adulterando las estadísticas del Indec, el kirchnerismo no hace más que acelerar la carrera de los precios. El acuerdo entre patrones y empleados aparece, entonces, como el único instrumento aceptable para contener la estampida.
La Presidenta también puede sacar provecho del interés empresarial por montar algún dispositivo que garantice el orden social durante la campaña electoral. Su preocupación es muy precisa. Ven que Hugo Moyano recorre la escena, desatado en sus fantasías de poder, y le temen.
He aquí el centro del problema: Moyano. Al Gobierno ya no le resulta tan fácil sentarlo a la mesa. La última demostración de esa dificultad fue la orden que le dio el camionero al diputado Héctor Recalde para avanzar con el proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las compañías sin consultar con la Casa Rosada. Julio De Vido reaccionó sugiriendo a varios dirigentes de la UIA que no concurrieran a la comisión de Diputados donde se discutiría el texto. "Nosotros no podemos negarnos", les explicó. En ese momento, los empresarios detectaron que Moyano estaba fuera de control. Para dormir la iniciativa, la Presidenta habló con el taxista Omar Viviani y, el jueves pasado, con el propio Moyano. Al concurrir con el camionero a la conferencia industrial, ella emitió una señal de que conseguía disciplinar a su "rottweiler". Es verdad que el gesto requirió una enojosa gestión previa. Una hora antes de que la señora de Kirchner llegara a la asamblea, Héctor Méndez, el presidente de la UIA, recibió la visita de José María Olasagasti y Roberto Baratta. Son los colaboradores inmediatos de De Vido, que fueron a Costa Salguero en calidad de críticos literarios y censuraron el discurso de Méndez tachándole los pasajes más agresivos para el sindicalista: las críticas al proyecto de Recalde. Si ése era el precio de ubicar a Moyano en el tablero, Méndez entendió que había que pagarlo.
Las dificultades de Cristina Kirchner para aplacar al secretario general de la CGT no hay que buscarlas en ningún déficit de su política laboral. La razón por la cual Moyano podría negarse a pactar precios y salarios está en el juzgado federal de Claudio Bonadio. Allí avanza la causa por presunto fraude con subsidios para medicamentos que tiene inquieto al camionero y, sobre todo, a su esposa, Liliana Zulet. El martes pasado, el juez allanó la Administración de Programas Especiales -que entrega los subsidios- y la obra social de camioneros, que tercerizó sus servicios en una empresa que pertenece a Zulet. Cuando Moyano regresó de París, la semana pasada, su mujer prefirió pasar unos días más en Roma, al parecer inquieta por estos movimientos judiciales.
Dos días después de los allanamientos, el camionero se reunió a solas con la Presidenta. ¿De qué habrán hablado? ¿Moyano estaría más inquieto por el discurso de Méndez o por los movimientos de Bonadio? Una pista: él sabe que el magistrado viene repitiendo, en charlas informales, que "es raro, pero no aparece nadie del Gobierno interesado en esta causa".
No es difícil imaginar el dilema de Moyano: ¿cómo explicar a su esposa que está dispuesto a colaborar con una administración que los deja, a ella y a él, librados a su suerte en un caso tan espinoso? La imagen de la señora de Juan José Zanola, presa en Ezeiza, no ayuda a resolver el acertijo.
A Moyano no se le escapa que su problema penal está deviniendo un problema político. Si termina de convertirse en el demonio de la inestabilidad social, corre el riesgo de que alguien dentro del Gobierno considere muy rentable que Bonadio haga su trabajo sin interferencias. ¿Algún ministro encumbrado del gabinete apuesta a reconciliar la imagen de la Presidenta con la clase media sobre el pellejo de Moyano? A la sede de la CGT han llegado algunas informaciones inquietantes en las últimas horas. ¿Qué hacía Gerardo Martínez, amigo de Carlos Tomada y adversario interno del camionero, acompañando a la Presidenta en Seúl? ¿Por qué el técnico aeronáutico Ricardo Cirielli transmitió a Luis Barrionuevo la solidaridad de Julio De Vido hacia Graciela Camaño en el incidente con Carlos Kunkel? -"Kunkel nos arruinó la victoria que habíamos tenido sobre Carrió", se queja, con razón, De Vido-. Esclavo del monopolio sindical de Moyano, es comprensible que el Gobierno quiera diversificar sus contactos laborales para controlar las próximas paritarias.
Las tribulaciones del secretario general de la CGT son el principal obstáculo que encuentra el pacto social de Cristina Kirchner. No es, por supuesto, el único. Los mismos números que impiden negociar el presupuesto en el Congreso hacen que cualquier entendimiento sectorial carezca de consistencia. El kirchnerismo está tan enredado en sus mentiras estadísticas que esa dificultad inspiró las interpretaciones dominantes sobre la visita de Héctor Timerman y Amado Boudou al Fondo Monetario Internacional. Para varios expertos en las negociaciones con ese organismo, los ministros fueron a sugerir que se realice la revisión del Artículo IV pero evitando, por razones estéticas, que una cuadrilla de inspectores visite el país -es más elegante hablar de reverse mision -. Las mismas fuentes suponen que el ritual podría incluir una lavada de cara para el Indec.
Sería un error, sin embargo, pensar que fueron estas dificultades las que impidieron la sanción del presupuesto. Desde que el proyecto llegó a Diputados, el kirchnerismo demostró que no le interesaba discutir una coma. La idea de que es mejor carecer de presupuesto que administrar un presupuesto negociado no obedece a un criterio fiscal, sino político. Desde que su gobierno quedó en minoría en la Cámara, Cristina Kirchner decidió que no le reconocería capacidad legislativa a la oposición, salvo que ésta consiga reunir los dos tercios necesarios para sobreponerse a sus vetos. Para ella sus adversarios carecen de legitimidad porque obtuvieron sus votos gracias a un malentendido inducido, sobre todo, por la prensa no oficialista. Aunque la función más antigua del Parlamento haya sido controlar los recursos y gastos del Poder Ejecutivo en nombre de los contribuyentes, el kirchnerismo prefiere ignorar esa representación y confiar, en cambio, en quienes expresan intereses de sector. A partir de esas predilecciones la Presidenta pretende diseñar la estrategia electoral del año próximo sobre este molde: de un lado, las minorías obstruccionistas y destituyentes; del otro, ella, y a sus pies, la "comunidad organizada". Sólo falta que Moyano lo permita.