La UCR se sumó a las críticas a la ley internas abiertas

El titular del bloque de senadores nacionales por el radicalismo, Gerardo Morales, expresó su "preocupación" por las dificultades para el cumplimiento de la ley electoral y responsabilizó al Gobierno por la demora en su aplicación.
"Las afirmaciones de la jueza Servini de Cubría son un llamado de atención sobre la incompetencia del Gobierno para implementar las nuevas reglas o, lo que es aún peor, su intención de no cumplir con la Ley", afirmó Morales en diálogo con Radio 10.
El legislador jujeño pidió "escuchar con detenimiento tanto a los jueces como a la Cámara Electoral, no sólo porque conocen la cuestión sino porque tienen la responsabilidad operativa desde los padrones hasta el escrutinio definitivo".
Morales criticó con dureza al ministro del Interior, Florencio Randazzo: "Que haga cumplir la ley en lugar de responderle a la oposición, porque los tiempos se van acortando. Que se ponga a trabajar".
El senador radical recordó que su partido presentó en diciembre "un amparo para que el Gobierno reglamente los pasos a seguir, por lo que la advertencia ya lleva un tiempo".
En ese sentido, Morales precisó que la decisión de la UCR de adelantar las internas cerradas fue para "no darle una ventaja al Gobierno" y para que la gente "conozca la propuesta del candidato del partido".
La Ley
La norma vigente dispone que las elecciones primarias se deben realizar el día 14 de agosto del 2011 y establece que el 3 de septiembre será la fecha tope para la oficialización de listas (para la elección general). Como es de público conocimiento, ya la justicia federal -como otros magistrados- advirtieron sobre la imposibilidad de su cumplimiento. Para la Justicia "No existe registro histórico de que un escrutinio de semejante complejidad y envergadura pueda ser llevado a cabo por la Justicia Electoral en sólo 18 días”.
“El partido de gobierno avanza dejando por detrás a las demás fuerzas políticas, a las que mantiene en vilo con una reglamentación que se demora deliberadamente, mientras concentra el manejo de todos los recursos para hacerla operativa, y el reparto discrecional del financiamiento para campañas, partidos y publicidad”, puntualizó la titular del GEN.
El eje de la reforma es la realización de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos, el segundo domingo de agosto del año electoral correspondiente. La norma establece que el piso de los votos para poder pasar a la elección general será del 1,5 por ciento, mientras el piso electoral para conservar la personería será del 2 por ciento del padrón electoral del distrito correspondiente, mientras continúa el requisito actual de la inscripción en cinco jurisdicciones para que un partido sea nacional.
La iniciativa había sido aprobada por 135 votos afirmativos, 99 negativos, 1 abstencion, el pasadó 18 de noviembre de 2009 en la Cámara de Diputados, tras un debate en el que el oficialismo debió rearmar una serie de alianzas, porque partidos de centroizquierda resistieron brindar apoyo, por sentirse afectados por las disposiciones de la ley.
En aquel momento, el Gobierno consiguió votos de justicialistas "disidentes" como el del cordobés Arturo Heredia (ex periodista de Cadena 3), o del bloque Unión Peronista (el titular el Jorge Sarghini), como Beatriz Halack y Jorge Montoya. También estuvo a su lado la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, esposa de Luis Barrionuevo.
Una de las sorpresas mayores fue el voto afirmativo de los cobistas Juan Scalesi (Río Negro) y la correntina María Areta.
La suma muestra que el oficialismo reunió 106 votos del Frente Para la Victoria; 6 del Frente Cívico por Santiago; 3 de la Concertación; 3 el Movimiento Popular Neuquino; 2 del Partido Renovador Salteño; 2 de la Corriente Peronista Federal (ex Unión-PRO); 2 de Unión Peronista (Beatriz Halack y Jorge Montoya, peronistas disidentes); uno del Peronista Federal (el periodista Arturo Heredia) y uno que está siempre con el kirchnerismo, el del forjista Claudio Morgado.
Además, el Gobierno contabilizó el respaldo de bloques unipersonales afines como el cordobés ex radical Francisco Delich, el ex arista fueguino Leonardo Gorbacz; el peronista misionero Emilio Kakubur; el jujeño ex K Mario Martiarena; el catamarqueño Eduardo Pastoriza; la ex pattista Adriana Tomaz, la ex menemista bonaerense Paola Spatola y el último fue un "clásico" kirchnerista: el del alguna vez macrista Eduardo Lorenzo, "Borocotó".
El 2 de diciembre de 2009, el oficialismo del Senado consiguió 42 votos, contra 24 de la oposición, con lo que cumplió con el requisito constitucional de respaldar la sanción con la mitad más uno de los integrantes del cuerpo.
Dos semanas despues, el kirchnerismo cumplió su palabra: vetar aquello con lo que no está de acuerdo. El 15 de diciembre de 2009 al promulgar la ley de reforma política, Cristina Fernández de Kirchner observó dos artículos de la norma, que postergaban hasta 2012 la puesta en vigor de algunas de las condiciones que se les exige a los partidos políticos para conseguir su personería y poder competir en las presidenciales de 2011.
Lejos de ser un error de los legisladores, la fecha había surgido de las negociaciones que se desarrollaron en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Fue una concesión de los diputados del Frente para la Victoria para seducir a los partidos de centroizquierda. La fecha intentaba demostrar que los partidos chicos no tendrían restricciones en la próxima elección presidencial. Con el veto parcial, la Presidenta no sólo desautorizó a sus propios legisladores y demostró lo difícil que le resulta al kirchnerismo cumplir sus promesas, sino que además puso en evidencia la manera en que piensa relacionarse con un Congreso dominado por la oposición.
El veto de Cristina Fernández alcanzó a los artículos 107 y 108 de la ley. En el primero, los legisladores habían definido que recién en 2012 comenzaría a regir la exigencia de contar con el 4 por mil de afiliados para que un partido político obtenga la personería nacional. En el 108 se definió que a partir de esa fecha aquellos que no se ajustaran a la demanda no podrían presentar candidaturas a cargos electivos, ni en elecciones primarias, ni en elecciones nacionales.