La incertidumbre electoral

LA sociedad argentina se encamina a celebrar en octubre sus elecciones presidenciales, pero está todavía a ciegas respecto de las reglas que regirán la competencia. El Congreso aprobó en diciembre de 2009, a propuesta del Poder Ejecutivo y en un trámite aceleradísimo, una reforma al régimen de partidos políticos y a la ley electoral. Sin embargo, a pesar de que ha pasado más de un año, el Ministerio del Interior, no ha reglamentado la nueva norma.
Semejante demora no puede explicarse por complicaciones de orden técnico. Todo puede obedecer a un fin político. Cristina Kirchner evalúa postularse para un nuevo período de gobierno y todavía no decidió con qué cláusulas sacaría más ventajas.
Nadie puede sorprenderse de que el kirchnerismo se apropie de las reglas de juego en beneficio de sus candidatos. En 2009, aprovechó su mayoría legislativa para cambiar la fecha de las elecciones según lo que interpretaba más conveniente. También postuló a dirigentes que no ejercerían los cargos para los que pedían el voto. Con esas candidaturas, llamadas "testimoniales", se introdujo una nueva forma de fraude en la política.
Este año esas arbitrariedades prometen extenderse. Por lo pronto, aunque la ley obliga a los partidos a la celebración de internas abiertas y simultáneas para seleccionar a sus candidatos, existen lagunas importantísimas sobre los requisitos de los postulantes.
Otra novedad es la prohibición de la publicidad privada. Ahora es el Estado el que debe contratar los espacios de radio y televisión en los que cada partido puede promover su oferta. Sin embargo, el Ministerio del Interior se reserva para sí la facultad de asignar horarios a las fuerzas que compiten y todavía no ha establecido el criterio con que lo hará. Tampoco se sabe si el Gobierno seguirá utilizando los medios estatales de comunicación para hacer propaganda de sí mismo, mientras vitupera a sus competidores.
Otra incógnita es cómo se harán las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. La decisión de que toda la ciudadanía intervenga, en un mismo día, en comicios en los que se presentarán los precandidatos de todos los partidos, es muy audaz, sobre todo si se prescinde del sistema de voto electrónico. De un gobierno que debe racionalizar la provisión de energía cuando aumentan un poco el calor o el frío, o que no puede abastecer al público de papel moneda porque se confunde con los plazos que demandan los procedimientos de impresión, bien se puede esperar que quede desbordado por una operación logística compleja. El oficialismo podría terminar convirtiendo a las internas simultáneas en un gran enredo, no tanto por su espíritu fraudulento, sino por su propia torpeza.
El oficialismo ha conseguido, con su reforma, introducir más incertidumbre a un sistema electoral que, como el argentino, está plagado de vicios. El primero de todos es la falta de transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, como quedó demostrado en el caso de la Presidenta, que tuvo entre sus mecenas a dueños de droguerías sospechadas de tener vínculos con el narcotráfico. En la era digital, además, se sigue votando con papeletas, lo que convierte al escrutinio en una operación endemoniada. Esas papeletas permiten que actos electorales que deben ser independientes se unifiquen en una misma operación física: los candidatos nacionales, provinciales y municipales figuran en una boleta sábana, para permitir que una figura muy atractiva o reconocible arrastre detrás de sí a los niveles inferiores de su lista. Esta deformación, que los jueces electorales vienen tolerando, ha desvirtuado la calidad y autonomía de los comicios en provincias y municipios.
A diferencia de lo que sucede en cualquier democracia madura, en nuestro país las elecciones generales las sigue organizando el Poder Ejecutivo, que es siempre juez y parte. Las facultades que la nueva ley delegó en la Justicia electoral son, en gran medida, teóricas, ya que ese fuero depende de los recursos materiales que le habilita el Ministerio del Interior. Esa cartera es, además, la encargada de notificar a los jueces las altas y bajas que se verifican en el Registro Nacional de las Personas, sobre la base de las cuales se actualiza el padrón electoral.
La combinación de todas estas deficiencias está dando lugar en la Argentina a una cultura electoral retrógrada. Ahora a esos males se les agrega una perniciosa incertidumbre, debido a que Cristina Kirchner todavía no determinó con qué reglas quiere participar del juego. La reforma sancionada en el año 2009 había sido pensada para resolver las dificultades que, después de la derrota de ese año, afectaban a Néstor Kirchner para postularse otra vez para la primera magistratura. Kirchner suponía que, obligando al peronismo disidente a participar de una interna, tendría la posibilidad de imponerse como candidato de su partido y, de ese modo, recuperar algo de su capacidad electoral. También calculaba que, impidiendo a los candidatos contratar publicidad, los representantes del Gobierno sacarían ventaja de la propaganda oficial. El Código Nacional Electoral y la Ley de Partidos Políticos se modificaron para resolver ese problema personal.
Ahora que Kirchner falleció, el oficialismo no está seguro de beneficiarse de las reglas que se habían elaborado para él. Esta es la razón por la que demora la reglamentación.
Al apropiarse de la normativa electoral en beneficio de sus candidatos, el kirchnerismo está prestándole al país uno de sus peores servicios. La Argentina está atrapada por una crisis de representación. No es por azar que el colapso de 2001 haya sido precedido por elecciones legislativas que registraron la mayor abstención espontánea de la historia nacional. Había que esperar que quienes administraran el país a partir de aquellas turbulencias lideraran una gran regeneración de la política, que no sería posible sin el restablecimiento del sistema de partidos y el perfeccionamiento de los métodos electorales.
Lamentablemente, ocurrió lo contrario. El kirchnerismo llegó al poder porque se prohibieron las internas en el PJ. Una vez que se hizo cargo del gobierno, manipuló las reglas en su favor. Eso no le evitó la derrota, pero le permitió convertir a la Argentina en un país donde lo imprevisible se va tornando estructural. A la inseguridad física, a la falta de estadísticas y a la provisoriedad de los contratos, se le suma la flexibilidad de las reglas con que se seleccionan los gobernantes.
La calidad de las democracia depende, ante todo, de la calidad de su sistema electoral. El año próximo se estarán conmemorando los cien años de la sanción de la ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto, universal y obligatorio, y ubicó al país en la vanguardia de la civilización política de su tiempo. Al cabo de un siglo, y comparada con el resto de la región, la Argentina ha protagonizado un retroceso que, también en este aspecto, le impide celebrar.