Quiénes son los senadores más ricos
En total, son 32 los senadores con patrimonios millonarios, un 44,4 por ciento de los integrantes de la Cámara alta. Por su parte, en el otro extremo, cuatro de los 72 senadores declararon un patrimonio inferior a $ 200.000.
El Top Five. A la cabeza del ranking de los que declararon más bienes están dos peronistas disidentes: el sanjuanino Roberto Basualdo, quien consignó una fortuna de $ 112.814.284, seguido por el pampeano Carlos Verna, que declaró $ 63.867.368.
La mayor parte de la fortuna de Basualdo se concentra en títulos públicos y acciones de empresas. El senador declaró valores en ese rubro por más de $ 80 millones. Tiene bonos de la deuda pública argentina Boden 2015 en dólares por $ 16 millones y acciones de la chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) por más de $ 25 millones, entre otras cosas. Basualdo, por años dueño de una empresa mayorista de perfumería y artículos de limpieza, consignó, además, siete propiedades en San Juan, Mendoza y Mar del Plata, por más de $ 2.300.000.
Por su parte, la fisonomía del patrimonio de Verna, el segundo senador que más bienes declaró, por un total de $ 63.867.368, es bien distinta a la de Basualdo. La fortuna que consignó el pampeano se compone, principalmente, de nueve bienes inmuebles, todos ubicados en La Pampa y en la Capital Federal, valuados en $ 63.233.723.
El senador que declaró el tercer patrimonio más abultado, de $ 22.066.797, es Guillermo Jenefes (Frente para la Victoria-Jujuy). La porción más valiosa de su fortuna, según su propia declaración, son las acciones que posee en el multimedio Radio Visión Jujuy SA, por $ 14.918.858. El senador consignó, además, 17 propiedades en Jujuy, Salta y la ciudad de Buenos Aires, por casi $ 3.700.000.
La senadora Beatriz Rojkes de Alperovich, esposa del gobernador José Alperovich (Tucumán), declaró la cuarta fortuna más abultada del Senado, con $ 20.627.274. La mayoría del patrimonio declarado por Rojkes está en acciones de León Alperovich de Tucumán SA, una concesionaria de autos. La senadora consignó, además, depósitos bancarios y dinero en efectivo por casi $ 5 millones.
El quinto integrante del ranking es el sanjuanino César Gioja, hermano del gobernador José Gioja. Declaró un patrimonio de $ 19.403.564. Dueño de once propiedades, todas en San Juan, valuadas en casi $ 6 millones, Gioja consignó acciones en empresas mineras por más de $ 10 millones.
La información surge del análisis de las últimas declaraciones juradas patrimoniales de los senadores, documentos que son de acceso público y que LA NACION obtuvo como resultado de un trámite que llevó dos meses y medio. Para calcular los patrimonios, este diario sumó el valor de los bienes declarados y las acreencias, y restó las deudas.
Controles flexibles. La ley de ética pública, sancionada en noviembre de 1999, creó el actual régimen de declaraciones juradas, de acuerdo con el cual todos los funcionarios de los tres poderes del Estado deben presentar anualmente el detalle de sus bienes.
La norma estableció, además, que el control de las declaraciones juradas correspondía a la Comisión Nacional de Etica Pública, organismo independiente, con representantes de los tres poderes, que debía funcionar de manera autónoma, dentro de la órbita del Congreso de la Nación.
Como esa repartición no se creó, cada poder estableció su propio sistema de presentación y acopio de las declaraciones juradas. En el Congreso, las autoridades dejaron la tarea en manos de las secretarías administrativas de cada cámara. Tanto en Diputados como en el Senado, los pedidos de declaraciones juradas deben hacerse por escrito. Otra coincidencia entre ambas cámaras es que en ninguna hay un control del contenido de las declaraciones juradas de los legisladores.
Sin información sobre viajes. La Cámara de Diputados rechazó un pedido de LA NACION para acceder a una copia de los decretos presidenciales del cuerpo referidos a los viajes de los integrantes de la Cámara baja y a la liquidación de viáticos para el costeo de aquéllos. El principal argumento para la negativa es que en el pedido no se detalló el período de tiempo alcanzado por el requerimiento.
El pedido se hizo en octubre último y la réplica contiene también fundamentos referidos a la intimidad de los legisladores. "En virtud de lo dispuesto en la normativa analizada -dice la respuesta de la Cámara baja, firmada por el secretario administrativo, Ricardo Vázquez-, esta cámara, en las presentes actuaciones, debe velar para que en el caso de realizarse la cesión de los datos requeridos no se afecten derechos de sus titulares, como ser su intimidad, mediante un acceso indebido a información personal que normalmente el particular conservaría en su fuero íntimo sin develarla a terceros".
