La devolución del equipo reclamado por USA va para largo…
Mientras que las autoridades estadounidenses insisten en reclamar la inmediata devolución del equipamiento de encriptamiento de comunicaciones en poder de la Aduana argentina, las pericias y citaciones judiciales en marcha llevar a suponer que el asunto irá para largo.
Es obvio que las autoridades argentinas se encuentran presionando, con las demoras, a sus pares estadounidenses para que inicien negociaciones formales que permitan afirmar, ante la opinión pública doméstica, que hay un pedido de disculpas del gobierno de Barack Obama.
Este miércoles 16/02, el juez en lo penal económico Rafael Caputo citó a declarar a 22 testigos, en el marco de las actuaciones por el avión militar de los Estados Unidos demorado en Ezeiza la semana pasada.
Se trata de personal de la Policía Federal Argentina, PSA, Aduana, ANMAT y RENAR que figuran en las actas labradas durante los procedimientos, y deberán presentarse en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes entre el jueves 17/02 y el martes 22/02, cronograma que confirma que el asunto va para largo.
Caputo reemplaza a su par Ezequiel Berón de Astrada al frente de la pesquisa, actuando como magistrado subrogante en la investigación iniciada de oficio por la nave militar estadounidense (nunca hubo denuncia formal de los funcionarios argentinos) cuya mercadería fuera requisada el jueves 10/02.
Caputo seguirá al frente de la pesquisa hasta el lunes 21/02, cuando retome la actividad el magistrado Marcelo Aguinsky.
En el caso, Berón de Astrada había solicitado de manera urgente información a la Dirección General de Aduanas sobre el caso y convocó a funcionarios de esa repartición para que presten declaración.
El subdirector general de Técnico Legal Aduanera, Pedro Roveda, según recordó el Centro de Informaciones Judiciales, brindó explicaciones sobre la falta de detalle de la mercadería que había sido incautada durante el procedimiento, y que se encuentra en un container precintado en Ezeiza.
Además, el funcionario señaló que en el caso no hubo ilícito penal sino que se habrían producido infracciones al Código Aduanero, como declaraciones inexactas (artículo 954) y transgresiones al régimen de equipaje (artículo 977), según informaron desde el juzgado.