Catamarca: Brizuela envuelto en escándalo
Según Lapoliticaonline, el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral decidió en octubre de 2008 cesar la concesión otorgada en 1992 a la empresa EDECAT, que tenía un plazo de duración de 50 años. No se trató de una estatización, sino de una apropiación de la sociedad, mediante el despojo a los accionistas de la genuina tenencia de sus acciones y la imposición de cuatro directores por parte del gobernador, en reemplazo de los electos por los accionistas de EDECAT SA. Además, removió a los accionistas integrantes del organismo de control. Los accionistas de la empresa iniciaron un juicio que puede costarle a la provincia 100 millones de dólares.
Hasta 2008, la Empresa Distribuidora de Energía de Catamarca (EDECAT), era la empresa privada más grande de la provincia, y otorgaba el servicio a 110 mil usuarios catamarqueños a la tarifa más baja del país. Tarifa que desde 1992, año que ganó la licitación, hasta 2008, no modificó. Así y todo, su consumidor más grande, el Estado, nunca pagó por los servicios que consumió a nivel municipal ni provincial. Nunca escuchó el Estado los reclamos de los inversores privados a fin de adecuar el cuadro tarifario. Sólo lo hizo en su propio beneficio tiempo después que se hiciera cargo de la gestión.
En 2008 la empresa le propuso al gobierno saldar su deuda histórica acumulada durante 14 años. Luego de varias demoras se llegó a un acuerdo por el 40% de lo adeudado, para destinar ese dinero a obras de mejoramiento del servicio. Sin embargo, el gobierno prefirió echar a la firma proveedora del servicio, quedándose con su nombre, aduciendo argumentos irreales e indemostrables sobre multas y plazos incumplidos. En el proceso, se incumplió con la normativa sustentada en el pliego y su posterior contrato y no hubo llamado a licitación alguno o proceso de estatización.
Desde que el Estado provincial se hizo cargo, el 1 de noviembre de 2008, la empresa ha sumado deudas millonarias y el servicio ha desmejorado ruidosamente, generando grandes cortes en verano. Durante los primeros seis meses de administración, no fue pagada la energía usada, provista por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Ante la amenaza del corte de suministro, EDECAT tuvo que pagar 30 millones de pesos, que salieron de las arcas del Estado. Actualmente, la sociedad no presenta los estados contables ni la información que le son requeridos a este tipo de empresas. Sin embargo, se estima que las pérdidas mensuales rondan los 3 millones de pesos.
Los ex directores, ante la expulsión mal justificada de 2008, iniciaron acciones legales contra el gobierno, para estar un año y medio esperando a que la justicia provincial tome el caso. Entre las anomalías más grandes se encuentran las resoluciones dictadas por la propia justicia de Catamarca, entre las cuales se destaca el derecho a la información sobre la actividad de la sociedad a sus reales accionistas.
Los principales responsables de esta situación, en la cual el servicio ha desmejorado de forma alarmante, la cantidad de usuarios morosos crecido y los controles desaparecido, son los directores actuales de la empresa, el gobierno que los nombró y la justicia provincial que no hace cumplir las resoluciones que ella misma dictó.
Ahora, la justicia catamarqueña, presionada por el gobierno, debe decidir si le da la razón a los antiguos accionistas. Si así lo hace, el perjuicio para los catamarqueños será inmediato. Si no pasa esto, se llevarán las demandas a la Corte Suprema de la Nación, lo que puede derivar en que la provincia pague casi 100 millones de dólares cuando termine el juicio, evento que puede darse en algunos años, cuando el gobierno sea, tal vez, otro, pero los perjudicados, los mismos, el pueblo de Catamarca.
