7 minutos de Furia: Carrió desautorizó a un diputado de su bloque y discutió con Diana Conti

El presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC), estaba decidido a pasar a la firma el proyecto le ley anticorrupción argumentando que la comisión había logrado, en consenso con todos los bloques parlamentarios, para que el documento elaborado por los especialistas tuviera dictamen y así poder tratarlo en el recinto de la Cámara de Diputado, en un plazo de dos semanas.
Pero fue allí cuando irrumpió la presidente del bloque de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y desautorizó al diputado de su partido Juan Carlos Vega.
Carrió, llegó tarde a la reunión y se quejó de no haber sido invitada. "Corresponde que reglamentariamente los autores de proyectos los expongan en la comisión. Yo prefiero que todos los diputados discutan. Yo no creo en los asesores", señaló Carrió ante la sorpresa de Vega y recordó que ella había trabajado en ese tema en 1996.
La kirchnerista Conti retomó las quejas de Carrió y azuzó: "¿Ustedes no son del mismo bloque? Pensé que se hablaban entre ustedes", a lo que Lilita replicó que en su agrupación no existe "disciplina stalinista".
El reto de Carrió surtió efecto sobre Vega, quien cambió de opinión y concedió: "Tiene razón Carrió y vamos a discutir los proyectos en la comisión como dice el reglamento".
Conti, se quejó: "Ya estaba todo resuelto y llegaron a desarmar todo. Esto ya estaba todo agotado", y añadió: "(Carrió) vino, hizo el show y se fue. Es una falta de respeto, un bochorno".
Hasta el oficialista Héctor Recalde preguntó a Vega, con sorna: "¿Y su postura cuál es, Presidente?", lo cual provocó risas en las filas kirchneristas.
Más allá de la discusión, los legisladores de la comisión acordaron emitir uno o dos dictámenes sobre el tema en un plazo de no más de dos semanas para cumplir con la exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Ejecutivo nacional para crear en la ley una tipificación criminal del lavado de dinero, inexistente hasta el momento.
El proyecto, modifica el Código Penal para castigar con mayores penas los casos de corrupción, tanto a los funcionarios como a las empresas involucrados.
La "ley penal anticorrupción" propone que las empresas, como "personas jurídicas", reciban una sanción penal y económica si participan en casos de corrupción. Los castigos incluyen la suspensión temporal o permanente de la personería jurídica y la aplicación de multas, proporcionales a las ganancias que las empresas implicadas hayan obtenido en un año, según Urgente 24
La iniciativa eleva las penas para los funcionarios corruptos, que dependerán del cargo que ocupe el imputado y el daño que provoque su delito. Si el culpable es intendente, legislador nacional, ministro o presidente de la Nación, la pena puede ir de 4 a 15 años de prisión. De esta forma, el delito de corrupción dejaría de ser excarcelable, como lo es en la actualidad (las penas vigentes van de uno a ocho años). También se amplía el castigo para los jueces corruptos: pasará de 4 a 12 años. Y la pena se agravará aún más si el caso de corrupción afecta un servicio público esencial.
Más allá de la discusión, los legisladores de la comisión acordaron emitir uno o dos dictámenes sobre el tema en un plazo de no más de dos semanas para cumplir con la exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Ejecutivo nacional para crear en la ley una tipificación criminal del lavado de dinero, inexistente hasta el momento.
Resta discutir quién será el encargado de perseguir a los acusados por lavado de dinero. Mientras el oficialismo quiere dejarlo en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, la oposición reclama que su titular sea o bien elegido por el Ejecutivo a partir de una terna impulsada por el Congreso, o bien escogido a partir de un concurso público.