Impotente ante Garré, Armella embiste contra Macri para escapar del ridículo

Tiempo atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió asumir, como una cruzada judicial-institucional, la ignorada limpieza del Riachuelo, un horror ambiental argentino a escala internacional.
La Corte delegó la cuestión operativa en el juez federal de Quilmes, Luis Armella, confiándole una tarea que, si él tuviese éxito, asegurará su promoción futura, y Armella asumió su tarea con mucho empeño.
El Gobierno porteño decidió colaborar con Armella en la erradicación de familias que viven junto al Riachuelo y que resulta indispensable su relocalización para avanzar en las tareas previstas.
Algunos veteranos en la ocupación ilegal de predios -quienes luego cobran para desalojar y así van de ocupación en ocupación, con una no disimulada simpatía por el Frente para la Victoria- invadieron las viviendas listas para entregar, las desvalijaron y aún no se fueron porque están esperando el pago indemnizatorio.
Todo esto ocurrió ante la pasividad de la Policía Federal Argentina, que es la fuerza de seguridad con competencia en Ciudad de Buenos Aires, en muchas tareas con funciones exclusivas.
¿Por qué? Porque es la única que tiene Guardia de Infantería, por ejemplo. De lo contrario, habría que recurrir a Gendarmería Nacional o a Prefectura Naval, que también tienen cuerpos especializados.
El juez Armella intimó a la Federal, que informó que no tenía instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, del que depende.
Armella solicitó a la ministro Nilda Garré, pero ella dijo que necesita tiempo para dialogar con los ocupantes y convencerlos. A la vez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, dijo que no era un tema de competencia de la Nación sino de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Le respondió el ministro de Justicia y Seguridad porteño, el ex juez Guillermo Montenegro, quien afirmó que Alak no había leido correctamente el Código Penal.
En tanto, Armella no obtuvo satisfacción a su decisión como magistrado federal. Urgente24, anticipando toda esa situación, había considerado imprescindible que interviniera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es la que le concedió competencia en el tema a Armella, resultando, de alguna manera, garante de la acción del magistrado, que sin duda enfrenta muchísimos obstáculos.
Pero Armella terminó apuntando contra Mauricio Macri porque tiene a la Policía Metropolitana y no la utiliza para el desalojo pertinente. Armella reacció cuando ocurrió una nueva usurpación en los edificios ocupados desde hacía 2 semanas.
Armella ratificó por 4ta. vez el desalojo del predio, ubicado en las calles Castañares y Portela, e incluyó un largo requerimiento a la administración Macri, y una advertencia al jefe de Gobierno.
Precisamente el Gobierno porteño había enviado a 5 ministros y una decena de funcionariosa una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Riachuelo, y luego acusaron a la Casa Rosada de ser responsable de lo que ocurre en Flores.
Sin embargo, el juez Armella, coincidiendo con Alak, opinió que "la responsabilidad primaria" en el conflicto de la ocupación es del Gobierno porteño, tanto por las "personas" involucradas como por "el territorio" donde ocurre el hecho.
"Situándonos en el ámbito de las funciones propias del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no caben dudas que éste tiene el deber de ejercerlas y cualquier omisión o ejercicio insuficiente constituyen una actuación desaprensiva, temeraria y antijurídica toda vez que dichas responsabilidades necesariamente deben ser cumplidas obligatoriamente y no pueden ser entendidas como una mera facultad legal", advirtió el magistrado federal de Quilmes.
Armella exigió al Gobierno porteño la realización urgente de un censo de los ocupantes de los inmuebles (a lo que estos se han negado hasta ahora) y la presentación de un informe de todos los recursos que tiene la Policía Metropolitana para, eventualmente, intervenir en el desalojo, según publicó Urgente24.com.
Sin embargo, por decisión del Legislativo de la Ciudad, cuando se debatió el marco legal de la Policía Metropolitana, se exigió que no tuviera una Guardia de Infantería por considerarla demasiado represiva.
El Legislativo porteño definició a la Policía Metropolitana como una fuerza de seguridad de proximidad antes que de intervención, pero Armella le solicita ahora un statu-quo totalmente diferente.
Además, en procedimientos similares se ha requerido de entre 1.200 y 1.500 efectivos, cantidad que la Metropolitana todavía no tiene ya que es una fuerza de seguridad de creación reciente, cuyos efectivos todavía se encuentran, en su mayoría, en entrenamiento y capacitación profesional.
El cronograma original no contemplaba, obviamente, la decisión de la Policía Federal de ignorar las órdenes judiciales y desacatarse al juez interviniente.
Armella teme el ridículo y por eso presiona pero así no obtendrá respuestas aún cuando resulte muy aceptable su preocupación por cumplir con el mandato de la Corte Suprema.
Por último, la Metropolitana y la Federal solamente convergieron en ocasión de la ocupación ilegal del Parque Indoamericano, y la experiencia fue nefasta. Resulta imposible que la Metropolitana emprenda por sí misma la acción requerida por Armella pero, además, no existe hoy día protocolo alguno para la acción conjunta con la Federal.
En ese contexto, Armella tiene un grave problema por delante. Por un lado, la desautorización que le provoca el ninguneo de Garré. Por otra parte, la imposibilidad de que Macri le procure una respuesta satisfactoria, aún cuando él ha manifestado su preferencia por el desalojo de espacios públicos ocupados en forma ilegal.