Multados por Moreno, le piden a la oposición que le ponga un freno
“Todos medimos entre 24 y 26 puntos de inflación el año pasado. ¿Con distintas metodologías, todos nos equivocamos igual?”, preguntó con ironía Rogelio Frigerio, titular de la consultora Economía&Regiones. A su lado, asentían en silencio, sin evitar una sonrisa, la ex directora del IPC del Indec, Graciela Bevacqua, y Santiago Paz, de Ecolatina. Eran pasadas las 17 del jueves 17/03. Faltaban pocos minutos para que Frigerio se enterara de que su firma también había sido multada por Guillermo Moreno, sumándose a la lista que ya integraban Bevacqua, Finsoport (de Jorge Todesca) y el estudio de Miguel Bein.
PERFIL reunió a cinco representantes de la docena de entidades intimadas por la Secretaría de Comercio ante la supuesta violación a la Ley de Lealtad Comercial por la metodología que utilizan para calcular los aumentos de precios. Dos de ellos ya habían sido multados por $ 500 mil: Bevacqua y Todesca. Los demás participantes Paz, Frigerio y Mariano Caucino, presidente de la Asociacion Dirigentes de Empresa aseguraron que pronto les llegaría su turno y esperan que la Justicia y el Congreso tomen cartas en el asunto.
¿Por qué reciben la pena máxima?
CAUCINO: No es un tema técnico, sino político. Lo que buscan es amedrentarnos para que dejemos de publicar los aumentos.
TODESCA: Y no es una interpretación. En nuestro caso, la notificación dice textual que “la multa necesariamente debe ser disuasiva para la sumariada”. Si la Justicia no nos da la razón, están locos.
¿Todos resultarán multados?
PAZ: La intención es silenciar las estimaciones de inflación. Siguiendo ese razonamiento, deben multarnos a todos.
¿Y pueden pagar 500 mil pesos?
TODESCA: Esa información no la quiero compartir.
BEVACQUA: No tengo una consultora ni empleados. El único bien que tengo es mi departamento, que cuesta menos que la multa. Así que estamos pensando qué ropa le damos de los chicos (risas).
¿Creen que Moreno busca que sus mediciones no le lleguen a la prensa?
C: buscan que dejemos de hacer las investigaciones, de un tipo y otro. En el caso nuestro, es una asociación. El día que terminen de “disuadirnos” a nosotros van a preguntarle al diario PERFIL por qué publica lo que dice Todesca; a Canal 13, por qué le pregunta a Frigerio y así con todos los medios del país. Empezaron por nosotros, mañana irán por los medios.
B: El objetivo es tener una sola voz, un solo IPC oficial y amedrentar a los que hacemos estimaciones gracias a que el Indec está intervenido.
FRIGERIO: Nuestro oficio es asesorar. El IPC es un insumo que necesitamos para nuestros análisis. Y ahora gastamos plata para hacer algo que debería hacer el Estado bien. El día que las estimaciones oficiales sean confiables, vamos a dejar de hacer nuestros relevamientos.
T: Si un cliente siente que un economista no le proyecta correctamente, lo cambia por otro. No necesita que venga la Secretaría de Comercio para regular la actividad.
¿La embestida es por las paritarias?
F: Algunos dicen que detrás de nuestro esfuerzo se esconden los intereses de las empresas, que nos comandan a hacer relevamientos de precios para poder aumentar los precios. Es una visión maniquea porque otro dirá que somos aliados de los trabajadores porque les damos insumos para pelear paritarias más justas.
T: Desde el punto de vista de las empresas, el mejor índice es el del Indec.
¿Cómo seguirá?
C: La verdad y el kirchnerismo siempre se llevaron mal. Si los demás poderes del Estado no reaccionan, seguirá por el mismo camino. Si el Congreso y la Justicia le ponen un freno, habrá un freno. Lamento que la Cámara de Diputados, donde hay mayoría opositora, no actúe con la velocidad y la energía que debería hacerlo.
F: La Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto ante una fragante violación al artículo 14 de la Constitución, que protege el derecho de libre expresión de los ciudadanos. El Gobierno ya tuvo éxito en que estemos más preocupados discutiendo sobre cuál es el númerito de inflación que en debatir cómo empezamos a corregir el aumento de la inflación, que corroe el poder de compra de los asalariados.