El Gobierno pidió a Suiza información sobre Moyano
La noticia cayó como una bomba en el Gobierno. Por eso, la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, reaccionó de inmediato: la unidad antilavado se puso en marcha para obtener de su contraparte suiza todos los datos posibles sobre la investigación por blanqueo de dinero que se instruye en Ginebra y que toca al líder de la CGT, Hugo Moyano, y sus familiares.
El objetivo de la UIF es saber quiénes son todas las personas bajo la mira de los investigadores helvéticos, las sociedades utilizadas para las operaciones bancarias y las fechas de las transferencias, entre otros datos relevantes, según reconstruyó La Nacion de fuentes oficiales.
"Es un ida y vuelta basado en la reciprocidad. Ellos nos dicen qué tienen y nosotros respondemos las preguntas que nos planteen", detalló una de las fuentes. El pedido se envió en cuanto se conoció el exhorto que llegó a manos del juez federal Norberto Oyarbide, aunque la fuente se negó a confirmar si el flujo bilateral entre las unidades por los Moyano había comenzado antes.
La iniciativa de la UIF ocurrió mientras que el Gobierno redoblaba sus esfuerzos para acceder a la información confidencial que manejan los investigadores suizos, para lo cual la Casa Rosada apeló a la Cancillería y a sus operadores en los tribunales federales de Comodoro Py.
El titular de la UIF, José Sbattella, requirió toda la información a través del llamado Grupo Egmont, un foro internacional que desde 1995 facilita la interacción confidencial entre las unidades antilavado de los países miembros -la Argentina y Suiza lo son- sin necesidad de una orden judicial previa, ni pasar por los pasos formales de un exhorto.
Economista y militante cercano a los Kirchner desde hace años, Sbattella ocupó antes la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hasta que lo venció el secretario de Comercio, Guilllermo Moreno. Volvió a la función pública a principios de 2010, aunque desde entonces cosecha críticas por el supuesto uso político de la UIF contra rivales políticos.
El intercambio a través del Grupo Egmont permite a las autoridades antilavado acceder a la información de inteligencia financiera y bancaria acumulada en otros países en cuestión de días o semanas -en lugar de meses o incluso años-, y complementar así los datos disponibles en la plaza local sobre los sujetos y las empresas bajo investigación.
En el caso de Moyano, su entorno y las sociedades y obras sociales vinculadas -como la Obra Social de Choferes de Camioneros-, la UIF ya había recibido alertas de entidades financieras locales, conocidas como Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que aportó fundamentos a su pedido ante las autoridades suizas.
En la práctica, el sistema Egmont le dará a Sbattella la oportunidad de conocer qué y cuánta información de inteligencia financiera tiene, en este caso, la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS), la unidad antilavado suiza que depende de la Oficina Federal de la Policía, en Berna, lo que aportó una oportunidad única para acceder a la pesquisa sobre los Moyano.
Eso se debe a que la investigación suiza comenzó con una alerta que envió el Chartered Bank por movimientos sospechosos en la cuenta 25491 "Pueyrredón" a la MROS, que, tras su propio análisis de la información proveída por el banco, giró el material a la justicia en Ginebra. Ya en sede judicial, se bloquearon los 1.874.806,30 dólares depositados en la cuenta y se envió el exhorto a la Argentina para obtener más datos sobre sus supuestos titulares, Ricardo Depresbiteris y Marcela Mete, directores de la empresa de recolección de basura Covelia SA. El trabajo de búsqueda de datos había ocurrido entre el banco y el MROS.
Esto se funda en la diferencia de fondo que separa a los sistemas antilavado local y suizo. En la Argentina, los bancos y otros sujetos obligados deben reportar "operaciones" sospechosas; en Suiza, la unidad se concentra en "actividades" sospechosas, lo que según el reporte oficial o "memoria" de 2009 de la MROS, cuya copia obtuvo La Nacion, implica un paso superior, apoyado ya en "sospechas bien fundadas de lavado".
Esa diferencia explica, también, la velocidad con la que actúa la MROS, que cada año recibe más reportes. En 2009, según ese documento oficial, llegó al récord de 896 reportes. Y el 90,7% de los enviados por los bancos (dos tercios del total) ya se remitió a la justicia para su investigación.
La MROS detalló, además, que durante 2009 recibió 1897 pedidos de colaboración e información vía Egmont, lo que demuestra la relevancia de Suiza como paraíso fiscal, y contrasta con los cerca de 100 que se envían a la UIF argentina.
En el caso de la UIF, asimismo, el intercambio a través del Grupo Egmont registra al menos un cortocircuito serio. Durante la anterior gestión, liderada por Rosa Falduto, se usó para obtener datos sobre el rival de Néstor Kirchner en las elecciones de 2009, Francisco de Narváez. Aquel pedido de información terminó en un durísimo cortocircuito con el organismo antilavado de Estados Unidos (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro, ya que los datos enviados desde Washington -y que debían mantenerse bajo estricto secreto- terminaron en la portada del diario Página/12. La filtración provocó la decisión de la FinCen de cortar su colaboración con la UIF, medida que continúa vigente, según publica La Nación.
