Ocaña: "Moyano, como Yabrán, quiere el poder para tener impunidad"

Responsable de las denuncias que develaron la “mafia de los medicamentos” y pusieron en tela de juicio el manejo de muchas obras sociales, la ex titular del PAMI y ex ministra de Salud dice que la Argentina no puede negarse a darle a la Justicia suiza la información que pidió en el polémico exhorto sobre Moyano y su hijo.
Perfil publicó una entrevista por Magdalena Ruiz Guiñazu
Experiencia. “La peor amenaza que he recibido fue cuando unos prestadores de Córdoba decidieron hacer un boicot. Es decir, no dar prestaciones a los jubilados. Ni aun las de urgencia.”
Graciela Ocaña asumió como diputada en 1999 y ocupó su banca hasta 2004; fue la responsable del PAMI desde enero de 2004 hasta diciembre de 2007 y titular del Ministerio de Salud entre diciembre de 2007 y junio de 2009.
Recordamos estas fechas por el peso que representan dentro de las denuncias de Ocaña. Ella es una mujer serena y por eso mismo quisimos saber de sus reacciones:
—¿Cómo se sintió cuando Moyano declaró: “Nosotros queremos el poder”?
—Escucharlo me hizo recordar la oportunidad en la que Yabrán dijo que “poder es impunidad” y me parece que es la comprensión de una cosa: Moyano quiere el poder que significa la impunidad y, quizá, más dinero. Y me parece que no es una interpretación apropiada. Porque ¿para qué quiere alguien el poder? Esto debería, creo yo, traducirse en usarlo para mejorar la vida cotidiana de la sociedad; que todos estén mejor y que las condiciones de institucionalidad sean óptimas. El poder podría lograr construir una sociedad con provecho social y, desde un punto de vista personal, considero que el poder es interesante por medio de esta perspectiva. La verdad es que es muy difícil detentar poder. ¿Por qué? Porque significa una gran responsabilidad. Un gran peso. Ser responsable de muchas personas, de todo cuanto les ocurre y, para esto, hay que estar psicológicamente preparado.
—¿Y usted, en su momento, estaba preparada para asumirlo?
—Yo no tuve un gran poder, pero sí responsabilidad, como en el caso del PAMI. A mí me han amenazado varias veces pero creo que la peor amenaza que he recibido en mi vida fue cuando unos prestadores de Córdoba decidieron hacer un boicot. Es decir, no dar prestaciones a los jubilados. Ni aun las de urgencia. En aquel momento, si yo no accedía a aumentarles los valores que se les pagaban, ellos aplicarían ese boicot. Y le confieso que, frente a esa situación, yo pasé el peor momento de mi vida porque no era una amenaza hacia mí sino hacia las personas a las que yo debía cuidar. Por supuesto que a nadie le gusta que lo amenacen. Cualquiera que ha sido amenazado siente bronca, miedo. Se mezclan situaciones y sentimientos. Pero aquélla fue la peor circunstancia por la que he pasado.
—Mientras usted fue ministra de Salud, enojó mucho a Moyano.
—Sí, fue siendo ministra. Moyano se enoja con gran facilidad. Sobre todo cuando yo le dije “no”.
—¿En qué circunstancia?
—Bueno, yo me negué a su intención de manejar los recursos de las obras sociales a su gusto y “piacere”. La verdad es que, hasta aquel momento, ellos lo habían hecho. Justamente por esto, el señor Héctor Capaccioli (ex superintendente de Salud) está procesado y se vincula a los bienes del Fondo Solidario Permanente, y la ley indica muy claramente cómo deben repartirse. Sin embargo, habían generado mecanismos que yo no aprobaba. Por ejemplo, a través de supuestos programas de prevención en los que se repartían estos fondos. Pero no lo hacían en forma similar para todas las obras sociales. Solamente los repartieron entre 52 obras sociales de los amigos del poder. A Moyano no le gustó nada que yo le dijera que no. A raíz de esto tuvimos una gran discusión el 1º de enero de 2009 y a partir de ese momento me convertí, más o menos, en su enemiga.
—¿Cuántos millones impidió usted que Moyano usara?
—Anulé 100 millones. Pero la discusión no era solamente por esos 100 millones sino por los casi 3 mil millones que tenía el Fondo Solidario Permanente y que querían repartir. Lamentablemente, la Presidenta firmó el reparto de 250 millones (no sé si esto se hizo efectivo) pero con la posibilidad de que fueran mil millones en todo el año. Y esto es claramente preocupante porque los fondos, que son aportes, tributos obligatorios, que todos los trabajadores hacen para garantizar su salud y la de su familia y que son administrados por las obras sociales sindicales, son parte del sistema de salud. Son parte de los fondos para garantizar la salud de todos los argentinos. Quizá podrían utilizarse de otra forma. Nosotros, por ejemplo, habíamos planteado, a través de un proyecto de ley, la formación de recursos para el sistema de salud. Y uno de los recursos más típicos del sistema son las enfermeras. En aquel momento (2008) nuestro proyecto de ley (por supuesto que con el aval de la Presidenta) se refería a la formación de 40 mil enfermeras en un plazo de seis años. Esto permitía equiparar la relación de que en Argentina, por cada médico, hubiera una enfermera universitaria. Esto mejoraría muchísimo el sistema de salud, y lo que propusimos fue, para financiarlo, becas, generar lugares de trabajo para jóvenes y convenios con todas las universidades públicas. Esto se lograba a partir del aporte de 8 pesos por cada afiliado a las obras sociales, al PAMI, y por supuesto a partir de los fondos que la Nación y las provincias ponían para la formación de recursos humanos. La verdad es que 8 pesos al año era muy poco. Y allí tuve el primer “no”: Moyano y los dirigentes sindicales se enojaron mucho porque no querían financiar el sistema con esos fondos a los que todos aportamos. Pretendían que el Estado los financiara. Pero esos recursos (que luego emplea el Estado) también son usados por las obras sociales. El 1º de marzo la Presidenta tomó la decisión de sumar a las mamás embarazadas a partir de los tres meses. Es decir que esas mamás también cobraran el subsidio a partir del compromiso de hacerse los controles correspondientes.
—Los controles son muy importantes.
—Sí, porque muchas veces pueden significar salvar una vida. De la mamá o del niño. Esto es parte de una idea que la Presidenta había puesto en vigencia durante 2009 y que consistía en pagarles a las mamás que se hacían los controles a través de un programa en el que habíamos trabajado con la doctora Alicia Kirchner. En aquel momento no se contaba con el subsidio universal. Pero me parece adecuado que parte de esos fondos se usaran también para pagarles a las mamás embarazadas que tuvieran cobertura de obra social. Porque muchas veces (no tanto en la Ciudad de Buenos Aires o en el Conurbano), en el interior del país, muchas de esas mamás y esos niños se atienden en hospitales públicos que no tienen la posibilidad de efectuarles los controles o el seguimiento correspondientes y sería un buen incentivo, en vez de dárselo a los dirigentes gremiales, usarlos para estas situaciones y para reforzar el sistema sanitario. En nuestro país faltan camas. Sería interesante entonces utilizar esos recursos para hacer estructuras sanitarias. La verdad es que, también, muchos creen que esos recursos son de los dirigentes sindicales Y esto causó justamente el enfrentamiento que yo tuve con Moyano. Traté de explicarle que esos fondos son del sistema de salud y que, aunque los administren las obras sindicales, surgen de impuestos o de tributos obligatorios para los trabajadores.
—Pero, más allá de este tema, durante su paso por el Ministerio de Salud, usted denunció las irregularidades en el tema medicamentos.
—Sí, fue una lucha muy importante. En el área de la salud hay mucha corrupción. Es decir que mucho del dinero que debería ir a pagar servicios (salarios, honorarios profesionales, insumos e inversión de infraestructura) va a parar al bolsillo de algunos vivos. Yo ví esto en el PAMI y me sorprendí mucho por el nivel de estructura corrupta dentro del sistema. Creo que constituía el ejemplo más claro de corrupción en la Argentina. Si en 2004 le pedían, a cualquier argentino, que mencionara dos instituciones corruptas, seguramente iba a referirse a Yacyretá y al PAMI. Nosotros hicimos un gran trabajo eliminando lo que yo diría era el formato principal del gerenciamiento. Es decir, me refiero a personas que, a partir de sus contactos políticos, manejaban los contratos. Entonces, quien quería contratar con el PAMI tenía que pasar por una ventanilla donde debía dejar parte de su cobro con destino a quien, repito, manejaba esos contratos. Cuando yo llegué, el PAMI tenía algo así como 76 contratos, y cuando me fui, dejé 12 mil contratos. Es decir que democratizamos la posibilidad de que los empresarios contraten directamente con el PAMI y que el PAMI pague también directamente sin ningún tipo de intermediación parasitaria. Porque la verdad es que estos pseudoempresarios son realmente parásitos que no aportan nada y se quedan con parte de lo que es debido al sistema de salud.
—Y ésta fue una gran batalla, me imagino…
—Desde ya. Y una de las cuestiones que encontramos fue esta “especialización” en la venta de medicamentos a cada delegación del PAMI. Había como droguerías que se especializaban en comercializar con el PAMI. Encontramos también, en 2004, un fraude muy grande en la compra de factores para la hemofilia. Por ejemplo, en el caso de un paciente que, a través de un amparo, había exigido la prestación (que es obligatoria de parte del PAMI) pero que, en el amparo, usaba una vía para generar todo este manejo corrupto. A partir de esto, nosotros nos pusimos a trabajar muy profundamente, cambiando todas las reglas, los contratos y las formas de contratación, y eliminamos todos estos personajes detrás de estas droguerías del sistema PAMI. Pero mi sorpresa fue grande cuando llegué al Ministerio de Salud y en la Superintendencia de Salud, en el área de programas especiales, estaban los mismos personajes que yo había echado. Es decir que yo les cerré la puerta y ellos salieron por la ventana.
—En una palabra, usted les cerró la puerta del PAMI y ellos abrieron la del ministerio.
—Yo diría, más bien, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Administración de Programas especiales por donde canalizaban todos sus negocios. Y la verdad es que resultaba difícil creer que los que estafaban al PAMI no lo hicieran en la seguridad social. Si bien estos temas eran públicos y estaban denunciados en la Justicia, parece que muchos no se enteraron. Tampoco muchos me oyeron cuando yo, siendo ministra, hablé de “la mafia de los medicamentos” y nombré prácticamente a todas las droguerías que hoy tienen a sus jefes procesados, investigados o presos. Sin embargo, siguen comprando muy alegremente e insisten con la misma temática. Evidentemente, también se construyeron droguerías especializadas en cada obra social a la que le venden casi con exclusividad. Bueno, se han producido todos estos hechos (cuyas causas tienen los doctores Norberto Oyarbide, Ariel Lijo, Julián Ercolini, Claudio Donadío y Daniel Rafecas) y que se han manifestado como un sistema que viene funcionando desde hace muchos años.
—Tampoco hay que olvidarse, dentro de la mafia de los medicamentos, del triple crimen de General Rodríguez.
—Sí. Todo esto coincidió con empresarios que usaban las droguerías para importar efedrina. Mire, desde 2005 o 2006 hubo, en la Argentina, un aumento considerable de la importación de efedrina sin que esto, aparentemente, llamara la atención de las autoridades. Y estoy hablando de las autoridades que tenían los controles del ingreso de ese material. La efedrina es una sustancia, una droga, que se utiliza en la elaboración de algunos medicamentos y, en nuestro país, la cantidad de efedrina que se importaba históricamente no superaba las dos toneladas. Sin embargo, a partir de 2005-2006 hay un aumento continuo que duplica, año a año, la importación de efedrina. En 2008, luego del triple crimen, desde la Anmat establecimos una normativa específica para la importación. Pero, bueno, no está bajo el control de ingreso del ministerio sino de la Sedronar, que debe controlar lo que se denomina “precursores químicos”. Son los elementos que se usan, por ejemplo, para transformar la hoja de coca en cocaína.
—Cuando usted fue ministra, ¿la Sedronar era eficiente?
—Por lo visto no era eficiente. Ahí había toda una disputa. En denuncias que después hizo la Sedronar, las que importaban efedrina eran droguerías que, por supuesto, no la usaban para elaborar medicamentos. Como ya le expliqué, la usaban para hacer este circuito de drogas químicas que terminaban en Estados Unidos o en México, y me parece que ahí había un agujero bastante grande que, curiosamente, a nadie le había llamado la atención. Lo que vimos en este caso fue la conexión entre el tipo de negocio de las droguerías, la venta de medicamentos legítimos y la falsificación de medicamentos, y también la venta de drogas. Muchas o algunas de las personas que están en la causa de los medicamentos aparecen (algunas de ellas con pedido de captura por parte de la Justicia norteamericana) en el tema tráfico de drogas.
—Esta semana, usted tocó el tema del exhorto de la Justicia suiza.
—Sí, me llamó la atención que Luis D’Elía confundiera una entrevista que tuve con la embajadora suiza Carla del Ponte con un encuentro que nunca existió con la embajadora de Estados Unidos. Bueno, Luis D’Elía es parte del Gobierno nacional y los cables de WikiLeaks han traído a la palestra quién conversaba con quién. Yo soy muy respetuosa de la soberanía del país pero tampoco voy a pedir permiso (no siendo funcionaria pública) para reunirme con unos o con otros. Lo que ha mandado Suiza es un mero informe. La cosa es así: a partir de fondos recibidos en el sistema bancario suizo, se pregunta por el origen de esos fondos. Sobre todo cuando provienen de un país sospechado de ser lavador de dinero, o por la suma muy importante de dinero, o también cuando el origen de los fondos no corresponde a la actividad empresaria de quien abrió la cuenta. En fin, por todas estas cosas se origina lo que se llama una operación sospechosa, y al ser sospechosa el banco informa a la autoridad que controla (la Unidad de Información Financiera de Suiza) y así se abre una causa judicial para ver si los fondos son legítimos o no. Se piden entonces informes a la Argentina en base al Convenio de Colaboración que nuestro país tiene. Y, justamente, es interesante recordar que, en 2004, el ex presidente Kirchner (a instancias de un pedido del entonces diputado Gustavo Gutiérrez y también mío) firmó un acuerdo, a través del Ministerio de Justicia encabezado entonces por Gustavo Béliz, para ampliar la cooperación. A partir de esto hubo muchos encuentros de funcionarios judiciales argentinos viajando a Suiza y viceversa para comprender los sistemas legales y poder avanzar así en una cooperación internacional. Es importante recordar que el lavado de dinero es un hecho transnacional y que los países se comprometen a perseguirlo dado que es un hecho de criminalidad internacional.
—Por eso llama la atención que, como usted señala, siendo el exhorto una circunstancia bastante habitual, haya tenido de parte de Moyano la fuerte reacción que todos presenciamos.
—Sí, me pareció una reacción totalmente exagerada porque, por otra parte, una persona a quien se acusa de tener una cuenta no declarada en el exterior y no la tiene, como yo, diría: “Vayan, busquen mis datos, investiguen a mi familia, a mi perro, a mi gato, todo lo que me rodea, porque no van a encontrar nada”. Por eso, insisto, me pareció una reacción un poco exagerada para alguien que no tiene nada que ocultar. Porque todo esto, incluso la suspensión de la medida de fuerza, está relacionado con la idea de que no se le dé información a Suiza. Y esto sería un grave error porque muchas veces, desde la Argentina, nos hemos quejado porque Suiza no cooperaba con nuestro país. Entonces, la Argentina no puede negarse a cooperar con la Justicia suiza. A mí, el exhorto no me llama la atención porque cuando se pide información sobre alguien también se pide sobre las personas con las que puede estar vinculado. Las personas “políticamente expuestas” son aquellas sobre las cuales se ejerce especial atención porque, justamente, en el campo internacional son consideradas como posibles partícipes de hechos vinculados a ilícitos. Y esto, cualquiera que ha pasado por la función pública, lo sabe. Incluso tienen una sigla: “PPE” (personas políticamente expuestas). Los dirigentes sindicales también lo son. Entonces, el exhorto no debería llamarles la atención y sería bueno que la Justicia pudiera empezar a trabajar en esas respuestas ya que hay varias causas judiciales que seguramente van a interesarles a los fiscales de los tribunales suizos. A nosotros nos ocurrió en 2001, cuando fuimos a Suiza y declaramos ante la Policía Financiera de ese país por un tema vinculado con Carlos Menem. En ese momento, apareció justamente la cuenta del doctor Menem que no estaba declarada en la Argentina y, a partir de la investigación que se abrió sobre esa cuenta, apareció por ejemplo la de una sociedad vinculada a Ramón Hernández y a Menem; otra a Gostanian y otras vinculadas al ámbito menemista. Yo creo, repito, que esto no debe asustar sino que es la colaboración adecuada que los países se prestan porque, cuando los países no actúan de acuerdo a los convenios a los que se han comprometido, después aparecen las sanciones que no son meramente decorativas sino que luego se relacionan con niveles de inversión en el país y de movimientos del comercio exterior.
—Usted tiene conciencia de que este episodio la proyecta todavía más en la escena política, ¿no?
—Quiero aclarar que yo no hago esto por una cuestión personal. A veces, cuando escucho al señor Moyano con agravios personales, quiero señalar que lo que estoy intentando es trabajar contra la corrupción. Siempre que me tocó ocupar cargos en la función pública lo he hecho con el convencimiento de que la corrupción es un hecho central que debe ser erradicado porque cuando hablamos de corrupción no hablamos de cosas alejadas de la gente. Hay que entender que la corrupción también afecta la vida cotidiana de muchos ciudadanos porque, por ejemplo en salud, el dinero de prestadores que encontramos, por ejemplo, en Suiza es dinero que faltó para pagar a médicos, a enfermeras, para evitar que se cerraran muchas clínicas y que hizo que a muchos jubilados les faltaran prestaciones del PAMI. Hemos demostrado que una administración hecha con transparencia puede bajar los costos y mejorar la calidad de vida de todos nosotros.