Se viene la ley de lavado de dinero

El titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, soliticó este jueves 07/04 que seconvoque al plenario de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal para tratar la iniciativa sobre el Lavado de Activos, que debe ser aprobada antes del mes de junio de este año.
A través de una nota dirigida a Alfonso Prat Gay, titular de la Comisión de Finanzas y Juan Carlos Vega, de Legislación Penal, Fellner señaló: "Me permito sugerir que de compartir ustedes la urgencia en el tratamiento del expediente, se convoque a reunión conjunta de ambas comisiones en el curso de la semana entrante".
La Comisión de Finanzas comenzó a tratarlo en septiembre de 2010, pero el estudio se postergó debido a la finalización del período ordinario de sesiones.
En este año 2011, se reunieron las dos comisiones en un plenario realizado hace tres semanas, pero no se pudo avanzar en la firma d un dictamen debido a las diferencias surgidas entre el propio Vega y la presidenta de su bloque Elisa Carrió.
la discusion tuvo lugar, el pasado 16 de marzo, cuando el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC), estaba decidido a pasar a la firma el proyecto le ley lavadod e dinero argumentando que la comisión había logrado, en consenso con todos los bloques parlamentarios, para que el documento elaborado por los especialistas tuviera dictamen y así poder tratarlo en el recinto de la Cámara de Diputado, en un plazo de dos semanas.
Pero fue allí cuando irrumpió la presidente del bloque de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y desautorizó al diputado de su partido Juan Carlos Vega.
Carrió, llegó tarde a la reunión y se quejó de no haber sido invitada. "Corresponde que reglamentariamente los autores de proyectos los expongan en la comisión. Yo prefiero que todos los diputados discutan. Yo no creo en los asesores", señaló Carrió ante la sorpresa de Vega y recordó que ella había trabajado en ese tema en 1996.
EL PROYECTO
El proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado.
Hasta el momento, de acuerdo con la ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero pero “para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”.
La nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria.
El proyecto que ingresó el 23 de junio de 2010 con la firma de la Presidente Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el Ministro de Justicia, Julio Alak, propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos y pena con prisión de 2 a 10 años a quien conviertiere, tranfiriere, administrare, vendiere, aplicare, de cualquier modo dinero u otras clases de bienes proveniente de un delito y siempre que el valor la suma supere los 200 mil pesos, en un solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre si.
El proyecto de ley deja en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), el análisis, el tratamiento y la transmisión de de información a efectos de prevenir e impedir delitos provenientes del narcotráficos y comercialización de estupefacientes, del contrabando de armas, del fraude de la Administración Pública, de la prostitución de menores y pornogafía infantil.
La UIF estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que considere útil para el cumpliento de sus funciones.
En caso de una operacion sospechosa la Administración de Ingresos Públicos, deberá revelar el secreto fiscal de las personas físicas o jurídica involucradas en el hecho.
Estarán obligadas a a informar a la Unidad de Información Financiera:
>Las entidades financieras
>Las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la comraventa de divisas
>Las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar
>Los agentes y sociedades de bolsa, los agentes del mercado abierto electrónico
>Los registro Públicos de Comercio
>Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de obras de arte, antiguedades u otros bienes santuarios
>Las empresas aseguradoras
>Las empresas dedicadas al transporte de caudales
>Los escribanos públicos
>Los despachantes de aduana
>Los productores y asesores de seguro
>Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
>Las Mutuales y Cooperativas
>Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de autos, camiones, motos, maquinarias agrícolas, mauinarias viales, yates, omnibus
>Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en culauier tipo de fidecomiso.
La persona que física o jurídica que incumpla algunas de las obligaciones de informaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), será sancionada con multas de una 10 veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito grave.
Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes la multa será de 10 mil a 100 mil pesos.
Desde el año 2000 Argentina forma parte de del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) y por tal mantiene una participación activa de las reuniones plenarias. En el año 1990 el organismo internacional ha dictado más de 40 recomendaciones sobre lavado de activos a las que se suman las 9 añadidas en el año 2001, relacionadas con la rpevencion de la financiacion del terrorismo. Si bien las recomendaciones no son vinculantes (obligatorias), se exige a los países miembros que respondan en funcion de los estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando, en forma permanente, su sistema preventio y represivo.
Más alla del proyecto del PE, hay otra iniciativa de la diputada Elisa Carrió, que propone eliminar la Unidad de Información Financiera (UIF ) y crear una Agencia de Inteligencia Financiera, dependiente del Congreso. Y separar el lavado del encubrimiento agravado, como en la actualidad.
Resta discutir quién será el encargado de perseguir a los acusados por lavado de dinero. Mientras el oficialismo quiere dejarlo en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, la oposición reclama que su titular sea o bien elegido por el Ejecutivo a partir de una terna impulsada por el Congreso, o bien escogido a partir de un concurso público.