La SIP alerta sobre el deterioro de la libertad de expresión en Argentina

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este sábado 09/04 que "el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente" en Argentina y condenó "las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios amigos con publicidad del Estado", los "bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores aliados al gobierno" y el "incumplimiento de órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo".
La SIP también repudió los "seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa".
La entidad emitió hoy un documento final en el que resumió las deliberaciones realizadas en San Diego, Estados Unidos, y en el que la situación en la Argentina tuvo un alto protagonismo, según consignó DyN.
"En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio de los presidentes contra medios y periodistas", se explicó.
También se consideró que "la distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala".
La SIP destacó que "la construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua".
Para la entidad, "los casos de Argentina y Ecuador merecen especial destaque".
"En Argentina, un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios amigos con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores aliados al gobierno, incumplimiento de órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa", señaló el documento.
La SIP condenó "el lúgubre récord de periodistas asesinados que continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina" y destacó que México es "la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo".
También consideró que "el acceso a la información pública continúa siendo más una promesa que una realidad efectiva. En algunos países, hay proyectos de ley en la materia que permanecen encajonados en los Congresos, mientras que en otros, las leyes ya fueron aprobadas pero se cumplen de un modo muy insuficiente a raíz de la cultura del secreto que se mantiene en la Administración Pública".
La SIP cuestionó "al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados)" y destacó que "la liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación".
"Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, las acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes. En Cuba, los ciudadanos comunes están impedidos de conectarse a Internet. El régimen considera que redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube son enemigos", señaló la SIP.
También cuestionó que en Ecuador "el gobierno del presidente Rafael Correa apretó el acelerador en su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico".
Por último, la SIP resaltó las declaraciones del presidente de la entidad, Gonzalo Marroquín, quien afirmó que "las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales (…) son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad (…), para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información".