Macri invertirá más de $ 500 millones en seguridad privada

Custodia restringida. Madrugada de ayer. Un policía federal vigila la puerta del Hopsital Piñero, donde hubo robos y agresiones. En el Zubizarreta estuvo la Metropolitana, que trató de hacer notar su presencia también en otros nosocomios.
En menos de un mes, el Gobierno porteño terminará los trámites administrativos para adjudicar una licitación por
$ 528 millones de pesos –por cuatro años– para cubrir 330 edificios públicos de la Ciudad con personal de seguridad privada y tecnología de prevención del delito.
Se trata de un sistema que conectará a dependencias públicas como hospitales, escuelas, CGPS, museos y otros edificios con una central de alarmas que, a su vez, será monitoreada por la Policía Metropolitana, desde la oficinas del Ministerio de Seguridad.
Si bien la implementación será paulatina, la idea es que en las próximas semanas comiencen a instalarse botones antipánico, sistemas de circuito cerrado, alarmas infrarrojas y sensores de movimiento para ayudar al personal de seguridad privada a paliar la reducción de efectivos de la Policía Federal.
Cada edificio tendrá un sistema “personalizado” de vigilancia con un “pack” de equipamiento acorde a las características del lugar. Habrá más cámaras de seguridad en los depósitos de medicamentos y más detectores de movimiento en las salas de los museos, por ejemplo.
“Estamos viendo cómo rearticular el pliego, que fue hecho hace meses, para poder mejorar la cobertura en aquellos lugares donde la Federal no va a ofrecer más protección a los vecinos”, confirma un funcionario del Gobierno porteño que conoce los detalles de una de las licitaciones más costosas que encaró la gestión macrista. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño explicaron que el pliego contempla la contratación de 330 mil horas de servicio de seguridad privada, divididas en módulos de 12 horas.
Serán un total de 1.100 hombres que se redistribuirán según las nuevas exigencias de seguridad porteña, pero que ya se desempeñan en algunas dependencias estatales.
El Gobierno porteño cuenta desde hace varios años con un servicio de seguridad privada, pero desde hace tiempo los técnicos de Macri trabajan para “ordenarlo” luego de que la oposición denunciara que un viejo intento de licitación estaba dirigida a algunas empresas. Pero este segundo proceso licitatorio, además de dividir la Ciudad en cuatro zonas de cobertura, busca reducir la cantidad de horas de servicio en un 30% gracias al inédito aporte de la tecnología.
“Con esta licitación pública queremos que el sistema se más eficiente y que combine la vigilancia física con la electrónica, para abaratar los costos y mejorar los servicios”, confirma Matías Molinero, subsecretario de Seguridad del Gobierno porteño.
A pesar de que la Nación denunció un atraso en los pagos, hasta que el Gobierno nacional ordenara el retiro de la presencia policial en los edificio públicos, la Ciudad pagaba todos los meses $ 3,5 millones en concepto de adicionales.
El sistema de seguridad privada es más caro: involucrará $ 11 millones mensuales, pero, además del personal, contempla inversión de infraestructura tecnológica que se sumará al patrimonio de la Ciudad.
Antes de que se anuncie formalmente, ya generó algunas críticas: “Hay que hacer un análisis más serio de quiénes son los dueños de estas empresas, cómo van a dar el servicio y cuántas horas van a trabajar los que ahora van a cuidar a nuestros alumnos y pacientes”, se pregunta Gonzalo Ruanova, legislador porteño por Nuevo Encuentro.
El jueves, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, anunciará también la llegada de 12 móviles nuevos para la Metropolitana en la Comuna 12: ocho motos y cuatro cuatriciclos que serán asignados a las plazas y parques de las comunas donde ya opera esa fuerza.