La Justicia investigará a Schoklender
La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó este miércoles 01/06 al Ministerio Público las denuncias contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por irregularidades en la compra de inmuebles, según publicó Perfil.com.
Ahora el fiscal Raúl Pleé dispondrá de 60 días para analizar las pruebas aportadas por la oficina anti-lavado del Gobierno para resolver si promueve una causa judicial contra Schoklender.
La investigación administrativa será encarada por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que depende del Ministerio Público Fiscal.
La investigación
Las primera denuncia sobre presuntas irregularidades fueron realizadas en junio de 2008 por una diputada de la Coalición Cívica (CC), pero recién ahora se activaron luego de que estalla un escándalo.
El año pasado la diputada nacional Elsa Quiroz presentó ante la UIF una denuncia detallando inconsistencias financieras. En febrero de 2008, Schoklender realizó dos operaciones inmobiliarias en un mismo día: la compra de 12 lotes en la localidad bonaerense de José C. Paz por un valor de U$S 95.000 y otros cuatro lotes por valor total de U$S 65.000.
Por la primera operación abonó U$S 5.000 y firmó tres pagaré de U$S 30.000 cada uno y, para la segunda, pagó tres cuotas de U$S 20.000.
Schoklender realizó estas operaciones bajo el paraguas de Antártica Argentina SA, una firma que legalmente no puede justificar solvencia para adquirir esta clase de inmuebles. Asimismo en el acta notarial de venta se consigna explícitamente que el precio de la propiedad es “baj”o porque en frente hay “una villa de emergencia”.
Más precisamente, la quinta que adquirió en José C. Paz posee una casa de 19 habitaciones, con cancha de fútbol, quincho para 60 personas y piscina de 145 metros cuadrados.
Descargo
Tras su salida de la Fundación, Schoklender explicó que la quinta fue una cesión de la provincia de Buenos Aires para crear un centro de rehabilitación para adictos a las drogas. Más tarde, el Gobierno provincial aclaró que hubo “problemas de papeles” y la operación nunca se llevó a cabo.
